España atraviesa uno de los momentos de mayor agitación y polarización política de los últimos meses a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, y ha elevado el debate sobre la relación con Marruecos. La controversia se ha reavivado tras la aparición de un nuevo informe policial que apunta a una posible operación planificada con participación de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes. Ante las crecientes dudas sobre el papel de Rabat, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves ante el Congreso para defender que no existen pruebas suficientes que permitan atribuir a Marruecos la organización o ejecución de la entrada masiva de migrantes.
La comparecencia se produce en un momento especialmente delicado para Sánchez, mientras en Ceuta y en distintos puntos de España se suceden multitudinarias manifestaciones contra su forma de gestionar la crisis y en defensa de la españolidad de la ciudad autónoma. A ello se suma la presión de sus propios aliados de izquierda y de las principales fuerzas de la oposición, que han reclamado explicaciones sobre la actuación del Gobierno.
Marruecos, bajo sospecha
El nuevo elemento de la crisis es un informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón, encargada de investigar judicialmente lo ocurrido. El documento describe las entradas de los días 30 y 31 de julio como una operación "planificada" y no como un movimiento "espontáneo". Además, sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.
De acuerdo con el informe, la dimensión de la operación habría requerido una planificación de alto nivel, muy por encima de la capacidad habitual de las redes dedicadas al tráfico de personas. A ello se suma otro elemento señalado por los investigadores: la inmensa mayoría de los mensajes difundidos durante los días previos al 30 de julio procedieron de teléfonos marroquíes.
Las conclusiones del documento han abierto una nueva batalla política en España, al plantear interrogantes sobre una posible implicación de Marruecos en una crisis que afecta directamente a uno de los puntos más sensibles de la frontera española.
Madrid mantiene con Rabat una relación estratégica en ámbitos como la inmigración, la seguridad y el control fronterizo y, durante los últimos años, Marruecos se ha convertido en un socio fundamental para España en la contención de la llegada irregular de migrantes y la gestión de las devoluciones.
Pero la publicación del informe desató este miércoles una tormenta política. El Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición y dirigido por Alberto Núñez Feijóo, acusó al gobierno de ocultar información y reclamó explicaciones sobre el papel de Marruecos. Feijóo llegó incluso a pedir al Ejecutivo que convoque de inmediato a la embajadora marroquí en España para pedirle explicaciones.
La presión, no obstante, no procede únicamente de la derecha. Sumar, la formación de izquierda que forma parte del gobierno de coalición junto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Sánchez, también ha cuestionado la respuesta del Ejecutivo y ha reclamado mayor claridad sobre lo ocurrido. Del mismo modo, otros aliados parlamentarios del presidente han planteado dudas sobre la versión oficial.
Sánchez rechaza el informe
En este contexto, Pedro Sánchez ha centrado su defensa ante el Congreso en una idea: no existen pruebas suficientes para afirmar que las autoridades marroquíes diseñaron o ejecutaron la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio. Si bien el presidente del Gobierno ha reconocido que existen "dudas e indicios" y preguntas sobre lo ocurrido, ha reclamado "rigor y prudencia" antes de atribuir responsabilidades.
"Como presidente del Gobierno me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia", ha afirmado, antes de subrayar que ninguna institución española, Gobierno extranjero u organismo internacional ha aportado hasta ahora "evidencias sólidas" que permitan concluir que Marruecos planificó o ejecutó el episodio.
Sánchez ha defendido que, si aparecieran pruebas que demostraran esa implicación, España actuaría con firmeza. "Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado que cualquier decisión de esa gravedad esté respaldada por "hechos probados, contrastados".
Para reforzar ese argumento, ha recurrido a la guerra de Iraq y a la experiencia de "una guerra ilegal con pruebas falsas", en referencia a las informaciones utilizadas para justificar la existencia de armas de destrucción masiva antes de la invasión de 2003.
Dudas sobre Rabat
Sin embargo, el presidente ha admitido que la actuación marroquí durante la crisis plantea interrogantes. Según su relato, durante unas 10 horas del 30 de julio la Gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera, antes de recuperar posteriormente el control.
"Si hubo incapacidad o inacción es algo que tiene que aclararse", ha señalado. Sánchez ha defendido al mismo tiempo que España debe mantener una relación de "buena vecindad" con Marruecos, aunque ha advertido de que "después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente".
Por ello, el Gobierno revisará los "mecanismos de coordinación y alerta" con Rabat para incorporar "garantías adicionales" que permitan responder ante una situación similar.
La defensa del Estado de derecho
La defensa de los procedimientos legales hacia las personas migrantes ha ocupado también una parte central de su intervención. Sánchez ha reivindicado que "España es una gran democracia", un "Estado social y democrático de derecho plenamente integrado en la Unión Europea" y que existen "leyes de derecho, de tratados internacionales, de derecho comunitario, de la legislación que nosotros mismos nos damos desde estas Cortes Generales y que aprobamos, que nos obligan a cumplir y también a fielmente preservar".
El presidente ha insistido en que ese cumplimiento se hace "evidentemente, por obligación", pero también "por convicción, por empatía, por dignidad, porque pensamos que sirven para construir un mundo mejor".
"Una democracia no es más fuerte por saltarse la ley para resolver un problema. Lo es cuando resuelve un problema sin saltarse la ley y cumpliéndola fielmente", ha defendido. Y ha rechazado expresamente cualquier devolución al margen de las garantías: "No se puede a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de la frontera como si fuera un saco de tierra".
En paralelo a su defensa de la actuación del Ejecutivo, Sánchez ha anunciado una señal de respaldo institucional a Ceuta y Melilla: el rey Felipe VI visitará ambas ciudades autónomas "en las próximas semanas". Según el presidente, el viaje servirá para transmitir "el compromiso absoluto del Estado" con los dos territorios españoles situados en el norte de África.
