En 2018, el gobierno de Ada Colau aprobó una norma que obliga a destinar el 30% de las nuevas viviendas en Barcelona a vivienda social.

Esta medida ha generado resistencia entre los promotores inmobiliarios.

Recientemente, Elena Massot, vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña, sugirió que los edificios con viviendas sociales tengan dos accesos: uno para los compradores de pisos de mercado libre y otro para los que viven en pisos protegidos. Su argumento: evitar que los vecinos de diferentes perfiles económicos compartan el mismo espacio.

Esta idea, que ya se aplica en ciudades como Londres y Nueva York, ha sido criticada por políticos y activistas, quienes la califican de segregación social y “apartheid financiero”.

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