Desde que comenzaron las audiencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la semana pasada, Venezuela y Guyana han insistido en sus argumentos sobre el histórico litigio por el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros con importantes reservas de petróleo. Pero la disputa sumó un nuevo matiz este lunes con la llegada de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a La Haya, donde anticipó que defenderá los “derechos históricos” de Caracas en la última jornada de audiencias sobre la centenaria controversia territorial.
"En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio", escribió Rodríguez en Telegram.
La controversia gira en torno al Esequibo, una zona rica en recursos naturales y actualmente bajo administración de Guyana, pero que también es reclamada por Caracas como parte de su territorio.
La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en enero pasado, fue recibida en el país europeo por el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, integrante de la delegación que ha representado a Caracas en el proceso.
Rodríguez explicó que respecto al Esequibo, Venezuela ha “demostrado en todas las etapas históricas lo que ha significado nuestro territorio desde que nacimos como república y previo cuando éramos una unidad administrativa de poderes coloniales".
Este es el primer viaje de Rodríguez a Europa desde que asumió la presidencia. Desde entonces, solo había realizado dos traslados al exterior, ambos a países del Caribe: Granada y Barbados. Sobre la mandataria pesan sanciones de la Unión Europea (UE), que le prohíben ingresar al territorio comunitario. Sin embargo, quienes participan en procesos ante la CIJ cuentan con protección jurídica especial.
¿Qué argumentos presentó cada parte?
La CIJ realizó desde el 4 de mayo tres audiencias públicas sobre esta disputa territorial, y este lunes está prevista la cuarta y última sesión. Las audiencias abordan la validez del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela. Caracas declaró nulo este dictamen en 1962, al afirmar que estuvo rodeado de irregularidades.
La semana pasada, ambas partes expusieron sus argumentos ante el tribunal, con Venezuela insistiendo en que rechaza la jurisdicción de la corte y sostiene que el conflicto debe resolverse por la vía bilateral.
El viernes, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, consideró que la disputa terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, y rechazó los argumentos finales de Guyana presentados antela CIJ, al calificarlos de "negacionistas" y "repetitivos". Insistió en que la única vía para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966, un instrumento jurídico para alcanzar una solución mutuamente aceptable.
El diplomático también reiteró que Venezuela participa para ejercer su derecho a la defensa y exponer su posición jurídica, aunque sostuvo que “la corte no tiene jurisdicción para nosotros” y que Caracas nunca reconoció su competencia para resolver esta controversia.
Tras escuchar los argumentos de Guyana, Gil dijo que Georgetown intenta desconocer el Acuerdo de Ginebra que, según Venezuela, ya resolvió las irregularidades del laudo arbitral de 1899.
El ministro afirmó además que Guyana pretende “judicializar una controversia que ya tiene una vía de solución acordada entre las partes”, ignorando, según Caracas, la voluntad histórica venezolana de trabajar bajo un espíritu de buena vecindad y desarrollo compartido.
Asimismo, en la audiencia del pasado miércoles, el representante venezolano ante el organismo, Samuel Moncada, sostuvo que Venezuela busca impedir que Guyana redefina “de manera unilateral” la naturaleza de la disputa territorial. “Caracas se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso en el que Guyana pretende utilizar a la Corte para redefinir unilateralmente la naturaleza de la controversia, dijo.
Por su parte, Guyana reiteró “con plena confianza” la “solidez de su caso”. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, su posición “está respaldada por los antecedentes históricos y los principios jurídicos aplicables en relación con el carácter vinculante de los laudos arbitrales, la inviolabilidad de los tratados, el respeto al estado de derecho y la estabilidad de las fronteras”.
“Si la corte acepta los argumentos de Guyana, como confiamos en que lo hará, entonces es esencial que el fallo de la Corte afirme de manera directa, explícita e inequívoca la validez del Laudo de 1899 en su integridad y la frontera que estableció”, dijo el fiscal general Anil Nandlall durante la segunda ronda de argumentos el viernes, reportó el diario estatal Guyana Chronicle.
El fiscal general recalcó que la disputa no se limita a unas líneas en un mapa, sino que pone en juego la supervivencia misma de Guyana como nación. “La pérdida del territorio reclamado por Venezuela aniquilaría a Guyana. De hecho, el país tal como lo conocemos dejaría de existir”, afirmó.
El territorio en disputa abarca casi dos tercios de Guyana y cuenta con abundantes recursos minerales y forestales, además de importantes reservas de petróleo en áreas marítimas. En 2020, Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ratifique el trazado de 1899, bajo esa premisa.
La tensión se intensificó en 2015, tras el descubrimiento de yacimientos por parte de la petrolera estadounidense ExxonMobil. Estos otorgarían a Guyana –un país de 800.000 habitantes– una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo. Desde 2023, Guyana ha autorizado licencias petroleras en la zona, lo que elevó el conflicto con Caracas, que considera esas actividades “ilegales”.
