Una cuestión que arrastra más de un siglo y que complica la relación entre dos vecinos latinoamericanos alcanzó ahora a un momento clave: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) empezó este lunes una semana de audiencias sobre el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela y Guyana se han disputado largamente.
El pulso, que llega ahora al tribunal en La Haya, es singular por su antigüedad. El conflicto se remonta a hace 127 años, en plena época colonial, cuando Guyana aún estaba bajo dominio británico y holandés, y desde entonces ha marcado la relación entre ambos países.
El origen del desacuerdo se sitúa en el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica. Décadas más tarde, Venezuela desconoció ese fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que abrió la puerta a una solución negociada.
Ahora, las audiencias —previstas hasta el 11 de mayo— pondrán bajo la lupa la validez de ese laudo que fijó la frontera entre ambos territorios.
Aunque ambas partes estarán presentes en las audiencias —solicitadas por Guyana—, Venezuela rechaza la jurisdicción del tribunal y sostiene que el conflicto debe resolverse por la vía bilateral.
Pero, ¿por qué es tan importante este caso y qué defiende cada país?
Guyana y la frontera de 1899
Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ratifique el trazado de 1899 y, bajo esa premisa, este lunes presentó su alegato ante el tribunal.
"Este caso tiene una importancia existencial para Guyana. Afecta a más del 70% de nuestro territorio soberano", declaró ante los jueces Hugh Hilton Todd, ministro de Relaciones Exteriores del país.
"Para los guyaneses, la sola idea de que nuestro país sea desmembrado es una verdadera tragedia, porque nos veríamos privados de la gran mayoría de nuestras tierras y de sus habitantes. (…) Guyana dejaría de ser Guyana sin ellos", añadió.
Venezuela y el acuerdo de 1966
En cambio, Venezuela –que presentará sus argumentos desde el miércoles– basa su reclamo en el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado con Reino Unido antes de la independencia guyanesa.
Afirma que el río Esequibo, al este de la región, ha formado históricamente una frontera natural reconocida desde 1777. Sostiene que la única solución válida y legal para esta controversia se encuentra exclusivamente en el marco normativo de Ginebra, que plantea una solución negociada.
Caracas rechaza competencia de la CIJ
Una cuestión clave es que Venezuela cuestiona la competencia de la CIJ para dirimir el caso. Aunque confirmó su asistencia, dejó claro que su presencia no supone un giro en su postura: mantiene su rechazo a la jurisdicción del tribunal.
El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo que los representantes venezolanos acudirán a las audiencias en La Haya para exponer sobre sus derechos históricos en el territorio. Además, afirmó que la asistencia a estas citas no implica bajo ningún concepto el consentimiento hacia la competencia del tribunal en este asunto.
En un comunicado, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró que su participación no implica consentimiento para que la CIJ resuelva el caso. Y recuerda que el proceso fue “iniciado unilateralmente” por el país vecino.
El factor clave: petróleo y recursos
El territorio en disputa abarca casi dos tercios de Guyana y cuenta con abundantes recursos minerales y forestales, además de importantes reservas de petróleo en áreas marítimas.
La tensión se intensificó en 2015, tras el descubrimiento de yacimientos por parte de la petrolera estadounidense ExxonMobil. Estos otorgarían a Guyana –un país de 800.000 habitantes– una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.
Desde 2023, Guyana ha otorgado licencias petroleras en la zona, lo que elevó el conflicto con Caracas, que considera esas actividades “ilegales”.
Como si fuera poco, en los últimos meses Venezuela ha ampliado su capacidad para exportar petróleo tras la flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos, un ingrediente más que se añade a la disputa.
Tensiones latentes: las elecciones
Justamente a finales de 2023, el tribunal conminó a Venezuela "abstenerse de emprender cualquier acción que modifique la situación prevaleciente en el territorio en litigio" ante la proximidad de un referendo organizado sobre la creación del estado venezolano de la "Guayana Esequiba", que incluye el territorio en disputa.
El entonces presidente Nicolás Maduro siguió adelante con la consulta: preguntó a los votantes si el Esequibo debía integrarse como un estado venezolano y la opción afirmativa obtuvo una amplia mayoría. Luego, formalizó la creación de ese estado mediante una ley orgánica.
Entonces, Caracas se dispuso a realizar por primera vez una elección para escoger representantes del Esequibo.
La CIJ en mayo de 2025 llamó a Venezuela a "abstenerse de organizar elecciones o de prepararse para organizar elecciones" en el territorio disputado. Caracas rechazó el fallo y llevó a cabo la votación.
“Estado de alerta” y gestos que elevan la tensión
En febrero de este año, Irfaan Ali, reelecto presidente de Guyana en septiembre pasado, declaró que su país estaba aún en estado de alerta frente a lo que describió como la "amenaza" que representa Venezuela para el Esequibo.
Poco antes había denunciado la incursión de una embarcación venezolana en aguas en disputa, cerca de un bloque petrolero en desarrollo. Caracas negó la acusación y calificó esas operaciones como “ilegales”.
El asunto es tan delicado que incluso los gestos simbólicos alimentan la tensión. En los últimos días, la presidenta encargada Rodríguez lució un broche con el mapa del país que incluye el Esequibo, un detalle que reavivó la fricción diplomática.
Ahora, la atención se traslada a La Haya, donde en los próximos siete días la CIJ celebrará las audiencias en un proceso histórico que, aunque no tenga expectativas de una resolución inmediata, podría influir en la disputa centenaria.
