Paula BravoBogotá, Colombia - Yaneth Valderrama tenía 27 años y 12 semanas de embarazo cuando encima le llovió glifosato, un herbicida usado para la erradicación aérea de la coca en Colombia. Ocurrió en la zona rural de Solita, Caquetá, en el sur del país, en 1998. Yaneth tuvo un aborto involuntario y murió meses después. En 2018, su caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que investiga la presunta responsabilidad del Estado colombiano en su muerte por el uso de esa sustancia.
El caso de Yaneth es emblemático, pero hay cientos de registros de impactos dermatológicos, respiratorios y a la salud reproductiva que produce el glifosato, calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posiblemente carcinogénico. Además, hay pruebas de pérdida de la productividad de los suelos y contaminación de las aguas. Por estas razones, en 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó suspender la erradicación con aspersión de glifosato.
Ahora el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha dado el primer paso para volver a la erradicación aérea, y según ha dicho el mandatario, se haría con otros químicos distintos al glifosato y cumpliendo los criterios de la corte. Medios colombianos reportaron que se estaría considerando el glufosinato de amonio, que según la OMS es aún más riesgoso que el glifosato. Sin importar el herbicida, el gobierno deberá proveer estudios científicos que respalden la ausencia de riesgo.
El 28 de agosto derogó la resolución que prohibía la fumigación desde aeronaves. Queda la puerta abierta, pero no será inmediato, pues como dicta la corte, el Estado debe cumplir con ciertas exigencias.
"La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional. (...) Voy a implementar con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente", dijo De la Espriella el día que tomó posesión.
Para expertos consultados por TRT Español, regresar a la aspersión es jurídicamente viable y, en línea con la política de seguridad del Gobierno de De la Espriella, se anticipa que se muevan rápido para aprobarla. Sin embargo, otros opinan que cumplir a cabalidad con el mandato de la corte puede ser difícil.
Esto abre un debate de larga data sobre los beneficios de la aspersión aérea frente a sus riesgos. Pero también plantea la discusión de la titánica tarea de erradicar la hoja de coca en un país que produce el 70% de la cocaína global, según un reportaje de The Economist.
Cómo volver a la aspersión aérea
El glifosato se usaba en Colombia desde 1992 para la erradicación de amapola y en 1994 se extendió su uso a los cultivos de coca y marihuana. Aviones a baja altura sobrevuelan lanzando este químico que se usa regularmente en los cultivos industriales, pero que para matar la hoja de coca usa a una concentración más potente mezclada con otras sustancias. En Colombia se han combinado varios métodos para erradicar esta planta, además de la aspersión, erradicación manual, programas de sustitución voluntaria de cultivos y otros de desarrollo territorial.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en el año 2000, había 162.510 hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Entre el 2012 y el 2013 llegaron al punto más bajo con unas 48.000 hectáreas. A diciembre de 2025, en Colombia hay unas 265.000 hectáreas de esta planta. Un máximo histórico.
“No podemos hablar de lucha contra el narcotráfico si no hay aspersión y fumigación (...) Eso hay que acabarlo porque la cocaína es la fuente de todas las fuentes de violencia”, dijo en campaña De la Espriella y prometió acabar con toda la coca.
El presidente llega al poder un año después de que Colombia fuera descertificada por Estados Unidos como aliado en la lucha contra el narcotráfico, al considerar que no estaba haciendo lo suficiente para combatir la droga. Esto era algo que solo había ocurrido en los años 90.
Con esa promesa a cuestas y su decisión de hacer de la relación Bogotá-Washington una prioridad, De la Espriella ahora deberá recorrer el camino jurídico para la aspersión.
Según explica Javier Rincón, profesor de la Universidad de Salamanca y director del Centro de Estudios en derecho militar y seguridad estratégica, el gobierno deberá modificar el plan de manejo ambiental, justificando las medidas técnicas y de seguridad. Además de hacer una consulta previa con las comunidades de las zonas donde se haría la aspersión para procurar las menores afectaciones. A eso se suma que necesita un concepto favorable de una autoridad sanitaria y por último debe crear mecanismos independientes para procesar las quejas y revisar constantemente el riesgo.
“Es realizable: simplemente respetar los condicionamientos de la corte. ¿Es difícil? Claro. La corte desde el momento uno dijo al gobierno: ‘Yo no le puedo prohibir a usted nada. Yo no soy el que tengo la competencia para decidir cómo se combate a la droga. Ahora, yo sí le puedo poner unas condiciones’”, añade Rincón en conversación con TRT Español.
Sin embargo, para Isabel Pereira Arana, coordinadora de política de drogas del centro de estudios Dejusticia, aunque pueda ser jurídicamente viable, demostrar la ausencia de riesgo es “virtualmente imposible”.
“Sí, se puede llevar todo el camino jurídico, el presidente Iván Duque (2018-2022) lo hizo y se gastó tres años en hacerlo todo y finalmente no pudo. ¿Por qué? Porque es muy difícil demostrar la ausencia de daño. La cosa es que si van a decidir ser estrictos con el cumplimiento de las órdenes de la corte o no. Entonces dependerá de hasta donde quieran desafiar la institucionalidad”, indica a TRT Español.
Aspersión: ¿glifosato o no glifosato?
Para Daniel Mejía, profesor e investigador de la Universidad de los Andes, la corte debería modular su postura a la luz de la afectación que está teniendo el narcotráfico en la seguridad en Colombia. Señala que hay tres zonas (sur de Nariño, sur de Putumayo y el Catatumbo) con cultivos industriales dominados por grupos criminales organizados, los enclaves cocaleros.
“En estas zonas, una de las estrategias puede ser la aspersión aérea tratando de minimizar todos los riesgos que haya. Ojalá no sea la única alternativa ni el principal foco de las de la estrategia antidrogas del gobierno, pero es una situación de contención para un fenómeno que se dejó crecer mucho en los últimos años”, anota.
¿Por qué es tan difícil erradicar la coca en Colombia?
Como señalan dos analistas consultados por este medio, el país enfrenta una presión internacional para mostrar que se están reduciendo las hectáreas de coca. Pero como explica Felipe Botero, director de la Oficina Regional Andina de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, hace 30 años se usan medidas que no han mostrado los mejores resultados.
Para Botero, la solución podría estar en otros eslabones de la cadena de producción de cocaína, pues explica que los cultivadores y raspachines, quienes deshojan manualmente la hoja de coca, “son fácilmente reemplazables” y los grupos criminales colombianos ya no controlan toda la línea de siembra, cultivo, producción y rutas para sacar la droga del país.
“Esto se ha transformado en los últimos años, y como país seguimos pensando en esta idea de conflicto armado donde el actor tenía un rol más vertical en toda la producción”, explica a TRT Español.
Iván Carvajal, experto en seguridad, también señala que incluso hay grupos transnacionales que hacen parte de esto: emisarios de carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, Los Lobos y Los Choneros de Ecuador y hasta mafias albanesas y rusas.
Así, atacar los flujos financieros de estas organizaciones o los insumos químicos que se requieren para la producción de droga podrían tener un mejor efecto, explica Botero.
Según un estudio de la UNODC, la tasa de resiembra tras aspersión aérea es de un 35% frente a la tasa que resulta de erradicación manual, que está en un 0,6%. Además, según un reporte de los investigadores Daniel Mejía y Adriana Camacho, para erradicar una hectárea de hoja de coca, se necesita fumigar hasta 30 hectáreas.
Las dinámicas de un negocio tan lucrativo como la droga también complican el panorama. A pesar de las incautaciones y erradicaciones, el precio de la cocaína aumenta, señala el Carvajal, que califica el asunto como un problema de salud pública.
“Un raspachín gana unos tres dólares. El que la produce unos 1.500 o 2.000 dólares por kilo de coca ya cristalizada. Ellos ganan lo mismo hace años. Pero las grandes ganancias están en las mafias internacionales: cuando se lleva ese mismo kilo a Miami ya cuesta 25.000, en Nueva York, 30.000 y si se lleva a Japón ya cuesta 60.000 dólares”, explica.
Para Pereira Arna, de Dejusticia, las erradicaciones forzadas por sí mismas “generan muchísimos daños porque dejan a las poblaciones cocaleras en una situación de pobreza aún mayor, más expuestas al control del grupo armado. Nosotros consideramos que no es un mal necesario y que se podrían invertir esos recursos en otras intervenciones más inteligentes”.
Pereira Arana agrega que es importante recordar que hay comunidades que aún hoy siguen sufriendo las consecuencias del glifosato.
Rider Pay Nastacuas vivió de primera mano sus efectos. Fue en Nariño, en el resguardo Tortugaña Telembí, zona donde está asentada la población Awa.
“La avioneta fumiga y eso el viento se lo lleva a otros sembríos y cultivos. Y, si ahí está la casa, pues a la familia. Eso es muy duro porque acá se toman los alimentos de la misma tierra y cogemos el agua de la montaña. Entonces todo eso queda en el agua”, dice Pay, Consejero de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
“Después de unos tiempos también ha habido enfermedades para los niños, porque eso tiene que ver con un tema de salud pública. Mataron las plantas medicinales y los maderables, y eso es difícil de recuperar en una selva”, agrega.
Explica que desde 115 pueblos indígenas han dicho no al glifosato. “Es un veneno. Volver a eso es un alto riesgo para la población indígena en Colombia. Para el agua, para la tierra, para nosotros”.
