Siria vuelve a hacer historia. El país comenzó un proceso que, hasta hace poco, parecía impensable: juzgar dentro de su propio territorio a protagonistas del régimen del derrocado Bashar Al-Assad por su papel en la represión que desencadenó la devastadora guerra civil y que por tantos años asfixió a la población. En el centro de este primer juicio está Atef Najib, cuya comparecencia ante un tribunal en Damasco marca el inicio de los primeros procesos públicos contra figuras destacadas del aparato de seguridad anterior.
Imágenes difundidas por la agencia de noticias estatal siria SANA lo mostraban dentro de la celda de los acusados, una escena inédita en el país tras décadas de impunidad. Pero para entender por qué este nombre es relevante, conviene volver a 2011.
El origen: Daraa y los niños detenidos
En la ciudad de Daraa, en el sur del país, el 15 de marzo de ese año, un grupo de adolescentes fue detenido por pintar consignas contra el régimen, en un contexto marcado por la agitación social que recorría varios países árabes, y que había comenzado en Túnez, luego Egipto y Libia.
Cuando sus familias en Siria exigieron la liberación, no obtuvieron respuesta. A partir de ahí, la tensión fue en aumento. Las primeras protestas fueron reprimidas con violencia y, en cuestión de semanas, el descontento se extendió a otras regiones del país. Ese fue el punto de partida de un conflicto que ya no se detendría.
Informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron que los menores fueron golpeados, sometidos a torturas y retenidos durante días sin contacto con el exterior.
En aquel momento, Atef Najib estaba al frente de la Inteligencia Política en Daraa, organismo considerado central en la represión de las protestas, detenciones arbitrarias, tortura y uso de la fuerza letal contra manifestantes.
Las investigaciones, incluidas las de la Red Siria de Derechos Humanos, lo sitúan entre los responsables de violaciones contra civiles en la ciudad, supervisando operaciones de arresto y tortura, así como ordenando la represión de manifestantes, con un balance de muertos y heridos.
Su proximidad al poder tampoco es un detalle menor: es primo de Bashar Al-Assad, una muestra de hasta qué punto el aparato del Estado estaba concentrado en un círculo reducido.
De las protestas a una guerra devastadora
Con el paso de los meses, lo que había comenzado como protestas localizadas derivó en una guerra abierta. Durante 13 años, el conflicto dejó más de medio millón de muertos y millones de desplazados, según estimaciones del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Naciones Unidas ha concluido que durante este periodo se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo ataques contra civiles, desapariciones forzadas y tortura sistemática.
Sin embargo, pese a la magnitud de las denuncias, durante años no existieron mecanismos internos capaces de exigir responsabilidades. Organismos como el Centro Internacional para la Justicia Transicional subrayaron reiteradamente la ausencia de un sistema judicial independiente en Siria, lo que obligó a trasladar los esfuerzos de rendición de cuentas a tribunales internacionales.
No obstante, la situación cambió en diciembre de 2024, cuando Bashar al-Assad fue derrocado por una coalición de grupos rebeldes y huyó a Rusia junto a parte de su entorno. Su salida puso fin a casi 25 años en el poder y a décadas de gobierno del Partido Baaz iniciadas en 1963. Un mes después, en enero de 2025, se formó un gobierno de transición encabezado por Ahmed Al-Sharaa, que comenzó a preparar procesos judiciales contra antiguos responsables del aparato de seguridad.
En este escenario las nuevas autoridades reunieron testimonios de víctimas, familiares y documentación oficial para sustentar acusaciones de asesinato, tortura y otras violaciones graves, en lo que se presenta como el primer intento de justicia transicional desde dentro del país.
El caso de Amjad Youssef y la masacre de Tadamon
Entre los nombres que figuran en los nuevos procesos también destaca el de Amjad Youssef, exoficial de inteligencia vinculado a una de las masacres más documentadas del conflicto.
Según las autoridades, fue detenido tras una operación de seguridad en la región de Sahl Al-Ghab, después de varios días de seguimiento, y permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para capturar a otros implicados.
Youssef está acusado de participar en la masacre del barrio de Tadamon, en Damasco, el 16 de abril de 2013, cuando al menos 41 civiles fueron ejecutados y arrojados a una fosa común. Años después, se encontraron restos humanos en la zona, lo que reforzó las evidencias sobre lo ocurrido.
El caso adquirió relevancia internacional en abril de 2022, cuando el diario británico The Guardian publicó un vídeo filtrado que mostraba a miembros de una unidad de inteligencia militar ejecutando a detenidos con los ojos vendados y las manos atadas, antes de quemar los cuerpos. En las imágenes aparece Youssef, identificado como uno de los responsables directos, disparando contra civiles.
La masacre de Tadamon se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de la violencia sistemática ejercida por los aparatos de seguridad del régimen, y su judicialización dentro de Siria marca un precedente en los intentos de rendición de cuentas tras años de impunidad.
Sin embargo, los principales nombres no están en Siria. El propio Bashar al-Assad será juzgado en ausencia, junto a otros altos cargos que también escaparon o permanecen fuera del alcance de la justicia. Entre esos procesados también figuran Maher al-Assad, excomandante de la Cuarta División; el exministro de Defensa Fahd Jassem Al--Freij; el exjefe de inteligencia militar en Daraa Laith Al-Ali; y el exresponsable de inteligencia en Suwayda Wafiq Nasser.
