"El mayor acuerdo petrolero de la historia mundial", así es como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado el pacto por el que su país tendrá el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, una cantidad que representa alrededor del 20% de las reservas del país. Anunciado casi nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro, el acuerdo, según Trump, duplicará las reservas petroleras estadounidenses.
"¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!", declaró Trump en su red Truth Social. El presidente estadounidense aseguró que el pacto garantiza el "control mayoritario estadounidense" sobre esas reservas y que permitirá incrementar de forma considerable el suministro de petróleo de Estados Unidos.
La operación, sin embargo, todavía tiene numerosos detalles por concretar. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha explicado que el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y una inversión superior a los 100.000 millones de dólares.
El acuerdo culmina así un proceso de acercamiento que comenzó prácticamente desde el primer día de la nueva etapa política venezolana. Desde la captura de Maduro, Washington y Caracas han avanzado hacia una creciente normalización de sus relaciones, acompañada por un levantamiento progresivo de sanciones y una mayor cooperación económica y política. El petróleo se encuentra ahora en el centro de ese giro y de una relación sobre la que Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidos "está a cargo" de Venezuela.
Con ese contexto en mente, estas son las principales claves para entender qué se ha acordado, qué intereses persigue cada parte y cómo el petróleo se ha convertido en el eje de la nueva relación entre ambos países.
Más de 65.000 millones de barriles
Para empezar, la magnitud de los recursos implicados permite dimensionar el alcance de la operación. Venezuela cuenta con 303.806 millones de barriles de reservas de petróleo, según el Ministerio de Hidrocarburos. De ese volumen, los más de 65.000 millones incluidos en el pacto representan más del 21 % del total, es decir, aproximadamente uno de cada cinco barriles de las reservas venezolanas.
La comparación con Estados Unidos resulta igualmente significativa. La Administración de Información Energética estadounidense calculaba que el país contaba con 46.400 millones de barriles de crudo y condensado al cierre de 2023. Por tanto, los 65.000 millones de barriles venezolanos contemplados en la operación superan en más del doble las reservas estadounidenses contabilizadas entonces.
Trump ha utilizado precisamente esa comparación para presentar el pacto como un salto extraordinario para la seguridad energética de su país. Según el mandatario, la operación "más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos".
Ahora bien, esa formulación puede llevar a pensar en una simple transferencia de recursos. No es exactamente así. La operación plantea que compañías estadounidenses aporten miles de millones de dólares en capital y tecnología para desarrollar los campos venezolanos, aumentar la producción y participar en los beneficios generados por esa actividad.
Inversión, tecnología y beneficios
Precisamente, la inversión constituye otro de los elementos centrales del pacto. Rodríguez ha situado el desembolso previsto por encima de los 100.000 millones de dólares, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calcula que la operación atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada.
Desde la perspectiva de Caracas, el retorno no se limitaría a la llegada de capital. Rodríguez estima que las operaciones aportarán más de 209.000 millones de dólares en tributos al Estado venezolano. La expectativa es, por tanto, que la apertura permita recuperar una industria que necesita grandes inversiones para volver a acercarse a sus niveles históricos de producción.
Washington, por su parte, pone el acento en los beneficios para su propia economía. Trump ha asegurado que el acuerdo no tendrá coste para el contribuyente estadounidense y que el aumento de la oferta de petróleo contribuirá a reducir el precio de la gasolina.
Así, aunque ambas partes presentan la operación como mutuamente beneficiosa, sus prioridades son diferentes: Caracas busca capital y tecnología para recuperar su industria, mientras Washington destaca el acceso a nuevas reservas, el aumento del suministro y las oportunidades para sus empresas.
Chevron lidera el desembarco
Para que esa inversión se materialice, el siguiente paso será la entrada de las compañías energéticas. Antes incluso del anuncio oficial, medios estadounidenses como The Wall Street Journal apuntaban a un acuerdo inminente con Chevron, la única gran petrolera estadounidense que mantiene actualmente operaciones en Venezuela.
La compañía sería una de las principales implicadas, pero no la única. Halliburton, especializada en servicios para la industria petrolera, también estaría vinculada a las negociaciones, dirigidas por el Pentágono y el Departamento de Estado.
Además, según The Wall Street Journal, está previsto que ejecutivos de varias compañías viajen la próxima semana a Caracas para firmar un acuerdo de producción. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, viajaría asimismo al país latinoamericano para participar en el proceso.
No obstante, la apertura no alcanza por ahora a todas las grandes petroleras estadounidenses. ExxonMobil y ConocoPhillips se mantendrían al margen, según el mismo medio.
A esta lista se suma la autorización concedida por Washington el 27 de agosto para ampliar las operaciones de petróleo y gas de seis compañías: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, además de sus subsidiarias.
En consecuencia, el desembarco empresarial no se plantea como una operación puntual, sino como la construcción progresiva de un nuevo marco de participación extranjera en el sector petrolero venezolano.
La apertura comenzó en enero
Para entender cómo se ha llegado hasta este punto, hay que retroceder al 3 de enero de 2026. Ese día, durante la rueda de prensa en la que anunció la captura de Nicolás Maduro, Trump ya adelantó que las grandes compañías petroleras estadounidenses entrarían en Venezuela.
"Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada —la infraestructura petrolera— y comiencen a generar dinero para el país", afirmó.
Al día siguiente, el presidente estadounidense fue todavía más explícito: "Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas de su país que nos permitan reconstruir su país".
Aquellas declaraciones anticipaban buena parte de lo que ahora se materializa. La reconstrucción de la industria venezolana quedaba vinculada desde el principio a la entrada de empresas estadounidenses y, al mismo tiempo, al acceso de Washington a los recursos energéticos del país.
El primer movimiento concreto llegó apenas tres días después. El 6 de enero, Venezuela anunció la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo no sancionado. Wright explicó entonces que Estados Unidos comercializaría el petróleo almacenado y que, posteriormente, vendería "de forma indefinida" la producción que saliera de Venezuela en el mercado.
A partir de ese momento, la apertura avanzó paso a paso.
Sanciones más flexibles
A finales de enero, Washington autorizó a "entidades estadounidenses establecidas" a comprar, levantar, exportar, transportar, almacenar y vender, bajo determinadas condiciones, crudo o productos venezolanos.
Posteriormente, en marzo, Estados Unidos habilitó determinadas transacciones con PDVSA. Finalmente, el 27 de agosto actualizó las autorizaciones para las operaciones de petróleo y gas de BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, junto con sus subsidiarias.
El proceso, por tanto, no supuso el levantamiento completo de las sanciones. Trump mantuvo la base de las medidas sobre el Gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA, pero fue introduciendo excepciones que permitieron ampliar progresivamente la actividad de las empresas extranjeras.
Ese cambio resulta especialmente relevante porque durante los años anteriores las sanciones estadounidenses y la crisis política venezolana habían situado a Washington y Caracas en posiciones enfrentadas y habían limitado la participación de grandes compañías internacionales en la industria petrolera.
Ahora, en cambio, las restricciones se han ido flexibilizando al mismo tiempo que crecía la cooperación económica y política.
Venezuela cambia las reglas
El giro tampoco se explica únicamente por las decisiones de Washington. Caracas ha modificado sus propias reglas para facilitar la entrada de inversión.
La Venezuela dirigida por Rodríguez reformó sustancialmente la Ley Orgánica de Hidrocarburos y redujo el control estatal sobre determinadas actividades para abrir espacio al capital privado y extranjero.
Se trata de una transformación de calado. Analistas interpretan la reforma como un desmantelamiento del legado de Hugo Chávez, fallecido presidente que gobernó entre 1999 y 2013 y situó el control estatal de los hidrocarburos en el centro de su modelo económico.
La reforma fue aprobada en enero, el mismo mes en que Maduro fue capturado. Desde entonces, Rodríguez asegura que se ha suscrito medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en "más de 76 áreas productivas de hidrocarburos".
De esta manera, la apertura venezolana y la flexibilización estadounidense han avanzado en paralelo, creando las condiciones para que el capital extranjero vuelva a desempeñar un papel central en la industria.
Una producción aún baja
El potencial de las reservas venezolanas contrasta, sin embargo, con su capacidad actual para extraerlas. Rodríguez ha anunciado que el país produce actualmente 1,23 millones de barriles diarios, su nivel más alto desde febrero de 2019.
Aunque supone una recuperación, la cifra queda todavía muy lejos de los 3,1 millones de barriles diarios que Venezuela producía en 1998, un año antes de la llegada de Chávez al poder.
Esa brecha explica buena parte de la necesidad de inversión. Tener las mayores reservas probadas de petróleo del mundo no significa disponer de la capacidad para explotarlas al mismo ritmo. En el caso venezolano, además, existen obstáculos técnicos que hacen especialmente compleja la extracción.
Trump lo presenta como una victoria
Sobre esa combinación de necesidades y oportunidades se construye el discurso de Washington. Trump ha presentado la operación como una alianza entre el Gobierno estadounidense y el sector privado y ha atribuido su impulso al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, "en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela", Delcy Rodríguez.
Rubio ha definido el pacto como "una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano". A su juicio, la operación atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía venezolana.
El secretario de Estado ha situado, además, el acuerdo dentro de la estrategia exterior de la Administración Trump. Según Rubio, demuestra cómo la política de "Estados Unidos primero" permite asegurar "reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio", además de reducir los precios de la gasolina en el país.
Más allá de la retórica sobre la reconstrucción, Washington también identifica en el acuerdo beneficios directos para sus propios intereses: mayor acceso a recursos energéticos, nuevas oportunidades para sus empresas y una posición reforzada en un sector estratégico para Venezuela.
