Ciudad de México — “Un clima inmejorable”, “todo México pintándose de verde” y una ola de “pasión, goles y euforia”. Así promociona el país la llegada del Mundial 2026, una fiesta futbolística que promete estadios llenos y celebración en las calles. México será una de las sedes principales del torneo, el primero con 48 selecciones y organizado junto con Estados Unidos y Canadá. El país albergará 13 partidos que se jugarán entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
A escasas semanas de que comience la Copa del Mundo, las autoridades mexicanas presentan el torneo evento una oportunidad económica y de modernización urbana. El gobierno federal ha realizado inversiones millonarias en movilidad, seguridad e infraestructura, mientras la Federación Mexicana de Futbol estimó una derrama económica de alrededor de 3.000 millones de dólares solo en México. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) elevó incluso esa cifra al hablar de inversiones cercanas a los 8.000 millones de dólares entre las tres sedes.
Pero el entusiasmo oficial convive con una creciente inconformidad social. En Ciudad de México y Guadalajara han surgido protestas de colectivos vecinales, ambientalistas, ciclistas, comerciantes y familias buscadoras que cuestionan el destino de los recursos públicos. Critican lo que consideran el encarecimiento urbano, la gentrificación, la turistificación —transformación de barrios para atraer visitantes— y el rezago en temas como vivienda, agua, transporte o seguridad.
El debate no es nuevo en América Latina. Brasil vivió protestas masivas antes y durante el Mundial de 2014 por el gasto en estadios y la precariedad de servicios públicos. Las movilizaciones, que comenzaron en 2013, denunciaban además alzas en el transporte público, desalojos urbanos y el uso de fuertes operativos de seguridad. Durante el torneo, miles de policías y militares fueron desplegados en las ciudades sede mientras persistían reclamos de que la fiesta futbolística no resolvía problemas estructurales del país.
Ahora, con la cuenta regresiva en marcha, en México resurge una vieja discusión regional: si los megaeventos deportivos dejan beneficios duraderos o terminan profundizando desigualdades ya existentes.
En contra de una ciudad para turistas
Desde finales de 2025, bajo el puente frente al Estadio Banorte, vecinos y colectivos del sur de Ciudad de México comenzaron a reunirse para hablar de los impactos que, aseguran, ya acompaña la cuenta regresiva hacia el Mundial. De esos encuentros nació la Asamblea Antimundialista, integrada por residentes de pueblos y delegaciones como Santa Úrsula, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, además de comerciantes, ciclistas, artistas y ambientalistas.
Protestas similares, centradas en problemáticas locales consideradas ignoradas y que podrían agravarse con las obras y la llegada masiva de turistas, también se han registrado en Guadalajara y Monterrey, las otras ciudades sede del torneo.
“Lo que estamos conectando no solo es la gentrificación, sino este otro fenómeno que es la turistificación”, dijo Lágrimas, vocera del colectivo, quien prefiere omitir su nombre por cuestiones de seguridad, en diálogo con TRT Español. Entre sus principales preocupaciones mencionó el aumento de rentas, la expansión de plataformas de hospedaje temporal y lo que teme sean los inminentes desalojos.
La asamblea realiza reuniones, pinta murales, organiza rodadas ciclistas y “cascaritas” callejeras como protesta. También ha llevado acciones al reloj oficial de la FIFA y a las inmediaciones del estadio. “Nos encanta el fútbol, pero no la FIFA”, resumió Lágrimas.
Según el colectivo, los efectos del Mundial ya comenzaron a sentirse con obras, control del espacio público y presión inmobiliaria. Además, denuncia vigilancia policial en sus concentraciones, acciones que califica como evidencia de que “la única respuesta ha sido la represión”.
El agua, la otra disputa
Para Natalia Laura Trejo, vecina de Coyoacán que vive a una cuadra del Estadio Banorte, en la Ciudad de México, el principal impacto del Mundial en la zona no es el fútbol, sino el agua. Asegura que las remodelaciones buscan ofrecer una imagen urbana renovada para visitantes, mientras problemas básicos siguen sin resolverse.
Trejo, también integrante de la Asamblea Antimundialista, sostiene que detrás de esa nueva imagen persiste una crisis hídrica cotidiana. En su colonia, relató, el suministro llega por tandeo, sin calendario fijo y generalmente por las noches, lo que obliga a almacenar agua en cubetas. “No podemos tener agua todos los días”, afirmó.
En contraste, señaló que Televisa, copropietaria histórica del Estadio Banorte y uno de los mayores conglomerados mediáticos de habla hispana, cuenta con un pozo privado cercano al estadio que extrae alrededor de 50 litros por segundo. Por ello, vecinos exigen que esa concesión pase a uso público y advierten que la llegada de visitantes podría agravar la presión sobre el suministro.
A finales de abril, integrantes de la Asamblea Antimundialista sostuvieron una nueva reunión con la Secretaría de Gobierno capitalina. Según el colectivo, terminó sin acuerdos firmados pese a entregar demandas sobre agua, vivienda y desplazamiento.
Una vitrina para exhibir la crisis de desaparecidos
Mientras México se prepara para recibir la Copa del Mundo, colectivos de familias buscadoras ven el torneo como una oportunidad para visibilizar otra realidad del país: la crisis de desapariciones. Héctor Flores, cofundador del Colectivo Luz de Esperanza de Guadalajara, asegura que no se oponen al fútbol, sino al gasto público destinado a la imagen urbana mientras miles de familias siguen buscando a sus seres queridos.
“No estamos en contra de la justa deportiva; estamos en contra del excesivo gasto público cuando atravesamos crisis muy fuertes”, dijo. Señaló que en Jalisco se destinaron más de 23 millones de dólares a rehabilitar el Centro Histórico de Guadalajara, de los cuales 12 millones fueron a una sola plaza pública, mientras la Comisión Estatal de Búsqueda opera con cerca de 5,8 millones de dólares al año.
Su hijo desapareció en mayo de 2021, con 19 años. Desde entonces, asegura, no ha habido avances sustanciales en la investigación, una realidad que comparten miles de familias mexicanas y la razón por la que fundó Luz de Esperanza, organización que hoy agrupa a más de 500 personas.
En abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió llevar la situación de México ante la Asamblea General al advertir indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir “crímenes de lesa humanidad”. Citó más de 130.000 personas desaparecidas registradas, más de 4.500 fosas clandestinas localizadas, alrededor de 72.000 restos humanos sin identificar y una falta de mejora sustancial pese a las medidas adoptadas en años recientes.
Entre el rechazo y las promesas
Hasta ahora, la respuesta institucional a las protestas antimundialistas y a los reclamos de colectivos de búsqueda ha sido insuficiente para sectores de la sociedad mexicana. Frente a las críticas por las obras alrededor del Estadio Banorte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió la intervención oficial. Aseguró que la escasez de agua en la zona “fue lo primero” que atendió su gobierno y sostuvo que se rehabilitaron ocho pozos.
Sin embargo, vecinos como Trejo aseguran que en colonias aledañas el suministro sigue llegando de forma irregular y es insuficiente, mientras persiste la preocupación por el pozo privado junto al estadio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también rechazó el reciente informe del Comité de la ONU. “No fueron consideradas las acciones que hemos hecho”, respondió. Días después insistió: “Nosotros hemos reconocido que hay un delito de desaparición en nuestro país, nos preocupa y nos ocupamos”.
Para activistas como Flores, no obstante, las palabras aún no se traducen en resultados concretos. “No les importa encontrar a las víctimas; lo que les importa es gestionar esta crisis políticamente y mediáticamente”.
El Mundial como escaparate de inconformidades
Edgar Guerra, sociólogo e investigador de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, considera que estas protestas responden a una lógica conocida: aprovechar una coyuntura de máxima exposición para colocar demandas que normalmente permanecen ignoradas.
En este caso, explica, distintos grupos ven en el torneo una “ventana de oportunidad” para llamar la atención del gobierno y también de la comunidad internacional. “La acción colectiva y la protesta social se convierten, en estos momentos de desamparo estatal e indiferencia institucional, en un mecanismo de presión y visibilización”, afirmó en conversación con TRT Español.
El especialista advierte que estas articulaciones suelen ser frágiles, pero incluso sin cambios inmediatos pueden dejar efectos duraderos en la conversación pública. “Eso ayuda a que más personas conozcan crisis como la de desapariciones, el acceso desigual al agua o el desplazamiento urbano”.
Mientras gobiernos promueven una fiesta global y obras de alto nivel, en las calles toma fuerza la narrativa de quienes buscan convertir el Mundial en espejo de las deudas pendientes del país. Como resume Guerra: “La protesta social se convierte en el mecanismo mediante el cual ciudadanía, sociedad civil y pueblo empiezan a organizarse para generar una llamada de atención y eventualmente un cambio.










