El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este lunes la decisión de Israel de clasificar como “propiedad estatal” varias áreas de Cisjordania ocupada, en un nuevo episodio de tensión sobre el estatus del territorio.
En concreto, “el secretario general condena la decisión del Gobierno israelí del 15 de febrero de reanudar los procedimientos de registro de tierras en el Área C de Cisjordania ocupada, tras una decisión del gabinete en mayo de 2025”, declaró su portavoz, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa. Según advirtió, la medida podría despojar a los palestinos de sus propiedades y ampliar el control israelí sobre el terreno.
Además, Dujarric subrayó que “este tipo de medidas, incluida la continua presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, no solo son desestabilizadoras sino que, como recordó la Corte Internacional de Justicia, son ilegales”.
El pronunciamiento de Naciones Unidas se produjo un día después de que el Gobierno israelí aprobara formalmente una propuesta para registrar tierras palestinas en Cisjordania ocupada como “propiedad estatal”.
De acuerdo con la radiodifusora pública israelí, la iniciativa fue presentada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich; el ministro de Justicia, Yariv Levin; y el ministro de Defensa, Israel Katz.
Para los palestinos, sin embargo, estas medidas no son meramente administrativas. Las consideran la antesala de una anexión formal de Cisjordania ocupada y un paso hacia la anexión de facto de amplias zonas del territorio, lo que, a su juicio, socavaría de manera decisiva la solución de dos Estados respaldada por la ONU.
En este contexto, Guterres instó a Israel a “revertir inmediatamente estas medidas” y alertó de que “la trayectoria actual sobre el terreno está erosionando la perspectiva de la solución de dos Estados”.
Asimismo, el portavoz reiteró ante la prensa que “todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada, así como el régimen asociado a ellos, carecen de validez legal y constituyen una violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de la ONU”.
Por último, Dujarric indicó que el secretario general llamó a todas las partes a “preservar la única vía hacia una paz duradera: una solución negociada de dos Estados, conforme a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y al derecho internacional”.
Acuerdos de Oslo
Para entender el alcance de la medida, conviene recordar que la actual estructura administrativa de Cisjordania ocupada se deriva en gran medida de los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, que dividieron el territorio en las Áreas A, B y C.
En primer lugar, el Área A, que abarca alrededor del 18 %, incluye las principales ciudades palestinas y está bajo control civil y de seguridad palestino.
En segundo lugar, el Área B, que representa aproximadamente entre el 22 % y el 23 % del territorio, se encuentra bajo administración civil palestina y control de seguridad israelí.
Finalmente, el Área C, que cubre cerca del 60 % de Cisjordania ocupada, permanece bajo ocupación total israelí y concentra la mayor parte de las reservas de tierra para el crecimiento urbano palestino, la agricultura y el pastoreo, según Naciones Unidas.
En esta zona residen alrededor de 150.000 palestinos, cuya situación podría verse directamente afectada por los nuevos procedimientos de registro de tierras.
