Un cambio administrativo que dista mucho de ser una simple formalidad: el Gobierno de Israel aprobó este domingo un plan para registrar amplias áreas de Cisjordania ocupada como “propiedad estatal” si los palestinos no pueden demostrar la titularidad de sus tierras. Una medida que la Autoridad Palestina califica como una “anexión de facto” y que pone en riesgo la viabilidad de un futuro Estado palestino.
El objetivo declarado de la medida es el “registro de extensas áreas” de Cisjordania ocupada a nombre del estado israelí. La iniciativa fue impulsada por ministros de extrema derecha, entre ellos el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien afirmó que la intención es controlar “todas las tierras” y, en última instancia, “enterrar la idea de un Estado palestino”.
En la práctica, el plan habilita a las autoridades israelíes a exigir a los palestinos documentos que acrediten la propiedad de sus tierras. Sin embargo, tras décadas de ocupación, conflictos y desplazamientos, a muchas familias palestinas les resulta extremadamente difícil cumplir con esos requisitos. Si no logran presentar la documentación exigida, los terrenos serán registrados a nombre del estado israelí, lo que podría derivar en el despojo de miles de palestinos de sus tierras.
Desde 1967, Cisjordania es considerada por Naciones Unidas y por la Corte Internacional de Justicia como territorio ocupado. En su condición de potencia ocupante, Israel no tiene facultades jurídicas para apropiarse de tierras ni para modificar el estatus legal del territorio, sino únicamente para administrarlo de forma temporal. No obstante, el nuevo plan avanza en sentido contrario a ese marco jurídico, según denuncian autoridades palestinas y organismos internacionales.
¿Qué implica el nuevo registro?
En términos concretos, el plan permite que Israel declare como “tierra estatal” parcelas en una amplia zona de Cisjordania ocupada, denominada Área C– que representa el 61% de este territorio ocupado– si los propietarios palestinos no logran demostrar legalmente su titularidad.
Es decir, cuando las autoridades inicien el registro en una zona determinada, se les pedirá la documentación. Si no pueden proveerla conforme a los criterios exigidos por la administración israelí, el terreno podrá ser inscrito como propiedad del estado.
Así, se reactivan lo que Tel Aviv define como procesos de “arreglo de títulos de propiedad”, que no se llevaban a cabo desde 1967.
Según el diario Israel Hayom, el efecto central será convertir amplias extensiones en tierra estatal, lo que refuerza el control israelí y amplía su margen para planificar asentamientos o proyectos de infraestructura.
La Coordinación de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) será la encargada de gestionar el proceso en el Área C, incluyendo la emisión de permisos, el cobro de tasas y la supervisión del registro, dejando a la Autoridad Palestina excluida de esas competencias.
El marco legal: de la administración jordana a Oslo
Antes de 1967, Cisjordania estaba bajo administración jordana y contaba con su propio sistema de registro de tierras. Tras la ocupación israelí durante la Guerra de los Seis Días, estos procesos quedaron suspendidos.
Desde entonces, el marco jurídico del territorio combina órdenes militares israelíes, legislación jordana previa y disposiciones derivadas del Acuerdo de Oslo II, firmado en 1995.
El Acuerdo de Oslo dividió el territorio en tres zonas: el Área A, bajo control civil y de seguridad palestino; el Área B, con control civil palestino y seguridad israelí; y el Área C, bajo control total de Israel.
Según ese tratado, la Autoridad Palestina podía administrar el registro de tierras en las zonas A y B, pero no en el Área C.
La decisión actual profundiza ese esquema, ya que consolida la autoridad israelí sobre esa zona y reactiva el proceso de registro que estaba suspendido desde el inicio de la ocupación.
Ahora bien, cabe señalar que, pese a los acuerdos, una parte significativa de Cisjordania ocupada nunca fue formalmente registrada. Durante décadas, amplias extensiones de tierra rural fueron de uso comunal y trabajadas sin títulos oficiales individuales. Esto hoy dificulta que muchas familias puedan acreditar legalmente su propiedad y pone en riesgo a miles.
Un paquete más amplio de medidas
La iniciativa forma parte de una serie de disposiciones aprobadas por el Gabinete de Seguridad una semana antes, destinadas a expandir la construcción de asentamientos y aumentar el control israelí sobre Cisjordania ocupada.
Entre las medidas anunciadas el pasado domingo 8 de febrero, figura la derogación de una ley que prohibía la venta de tierras en Cisjordania ocupada a colonos israelíes ilegales, la apertura de registros de propiedad hasta ahora sellados y el traslado de la autoridad para conceder permisos de construcción en un bloque de asentamientos cercano a Hebrón desde un municipio palestino a la administración civil israelí.
“Un intento de anexar la Cisjordania ocupada”
Desde Ramala, la Autoridad Palestina condenó la medida como un intento de “anexar la Cisjordania ocupada” y afirmó que busca consolidar la ocupación mediante la expansión de asentamientos ilegales.
Según denunció, esta decisión refleja "un intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina".
También constituye “una terminación de los acuerdos firmados y contradice claramente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente la Resolución 2334, que considera ilegal toda actividad de asentamiento en todo el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este” ocupada, añadió.
La decisión desencadenó una enérgica condena por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye. En un comunicado, declaró que la medida tiene como objetivo imponer la “autoridad de Israel sobre la Cisjordania ocupada y expandir las actividades de asentamiento”.
"Esta medida, que busca desplazar por la fuerza al pueblo palestino de su tierra y acelerar los esfuerzos ilegales de anexión de Israel, constituye una clara violación del derecho internacional y es nula y sin valor", añadió el ministerio.
"Israel no tiene soberanía sobre los territorios palestinos ocupados", recalcó, afirmando que las políticas expansionistas llevadas a cabo por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu socavan los esfuerzos de paz y dañan las perspectivas de una solución de dos Estados. Finalmente, instó a la comunidad internacional que adopte una postura firme contra las acciones israelíes y reiteró su apoyo al establecimiento de “un Estado palestino independiente, soberano y contiguo” basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital.
En líneas similares, el alto responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, declaró que la medida "es un nuevo paso de las autoridades israelíes para hacer imposible un Estado palestino viable, en violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación". Además, añadió que si la decisión sale adelante, acelerará “sin ninguna duda el despojo de los palestinos y su traslado forzado, y llevará a la creación de nuevas colonias israelíes ilegales”.
También expresaron su rechazo a la medida los gobiernos de Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, y la Unión Europea.
Israel ha intensificado sus operaciones en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada, desde que lanzó su ofensiva genocida en Gaza el 8 de octubre de 2023. Los palestinos ven la escalada (incluidos asesinatos, arrestos, desplazamientos y expansión de los asentamientos) como un paso hacia la anexión formal del territorio.
En una opinión histórica de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación del territorio palestino por parte de Israel y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.
