Ahmed NajarDurante años, los gobiernos occidentales han insistido en que no permitirán la anexión de Cisjordania ocupada. El mensaje ha sido consistente: la anexión violaría el derecho internacional, socavaría la solución de dos Estados y desestabilizaría la región.
Sin embargo, este discurso oculta cada vez más lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno. La anexión ya no es un escenario hipotético ni tampoco una crisis política entrante: es un proceso ya en marcha. Este avanza mediante medidas legales, administrativas y militares que han transformado constantemente la realidad de la vida de los palestinos, mientras las capitales occidentales continúan expresando objeciones que, en gran medida, no tienen consecuencias.
El 9 de febrero, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó medidas de gran alcance que extienden significativamente su control civil y administrativo en toda Cisjordania ocupada. Entre ellas, facilitar la adquisición de tierras palestinas por parte de israelíes judíos, y expandir la autoridad israelí sobre la planificación y aplicación de la ley en áreas previamente bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina (AP).
Los propios ministros israelíes de alto rango describieron estos cambios como el establecimiento de una "soberanía de facto", una expresión que deja poco margen a la ambigüedad sobre la intención y el resultado de estas decisiones.
Estas decisiones no se presentaron como medidas de seguridad temporales o respuestas de emergencia, sino como cambios estructurales, consolidando el control a largo plazo sobre un territorio reconocido internacionalmente como ocupado.
Un “juego” a largo plazo
Estas decisiones no surgieron de manera aislada. Forman parte de una trayectoria más amplia, desarrollada durante décadas, en la que la expansión de asentamientos, la integración legal y el atrincheramiento militar permanente han modificado progresivamente el estatus de Cisjordania ocupada.
En lugar de una única declaración dramática de anexión, la política israelí ha favorecido medidas graduales que, en conjunto, producen el mismo efecto, pero reducen los costos diplomáticos.
La tierra se absorbe, la autoridad se centraliza y la jurisdicción se amplía no mediante anuncios formales, sino a través de la normalización administrativa.
Las reacciones occidentales han seguido un guión familiar. Los gobiernos emitieron declaraciones de preocupación, reiteraron su oposición a la anexión y advirtieron contra acciones unilaterales que socavan las perspectivas de paz.
El Reino Unido instó a Israel a revertir la decisión, enfatizando que cualquier cambio en el estatus de Cisjordania ocupada contraviene el derecho internacional.
En Washington, funcionarios reafirmaron su oposición a la anexión y llamaron a la moderación, aunque sin llegar a condenar las medidas en términos concretos o señalar algún cambio en la política. Como en otras ocasiones, la oposición verbal no se tradujo en presión material.
Esta desconexión se volvió central para entender cómo avanza la anexión. Occidente no hace una declaración formal, mientras que, a su vez, tolera —y en algunos casos facilita de manera tácita— políticas que constituyen anexión en la práctica.
Al tratar la anexión como un hecho puntual y no como un proceso acumulativo, la diplomacia occidental permitió a las autoridades israelíes afianzar el control sin enfrentar repercusiones significativas.
La oposición sin aplicación no funciona como disuasión. Funciona como acomodación.
Los mecanismos de la anexión de facto ya están bien establecidos. La expansión de asentamientos continúa en toda Cisjordania ocupada, acompañada por la legalización retroactiva de puestos avanzados que antes se consideraban ilegales incluso bajo la ley israelí.
La ley civil israelí rige cada vez más para los colonos que viven más allá de la Línea Verde, mientras que la población palestina sigue sujeta al control militar.
La infraestructura, las redes de transporte y los esquemas de seguridad están diseñados para integrar los asentamientos a Israel, al tiempo que fragmentan a las comunidades palestinas en enclaves desconectados.
De manera progresiva, la autoridad de planificación y la administración de tierras se transfieren a instituciones israelíes, lo que vacía de contenido al autogobierno palestino sin disolverlo formalmente.
Leyes ambiguas
Según el derecho internacional, el estatus de Cisjordania es claro: se trata de un territorio ocupado. La potencia ocupante tiene prohibido trasladar a su población civil a ese territorio o realizar cambios permanentes en su estatus legal y político.
Las resoluciones de las Naciones Unidas han afirmado repetidamente la ilegalidad de los asentamientos israelíes y la obligación de preservar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Sin embargo, la persistencia de estas violaciones, respondidas en su mayoría con condenas retóricas y no con medidas concretas, ha debilitado la fuerza de esas normas.
Para los palestinos, las consecuencias son directas. Cada ampliación de la autoridad administrativa israelí fragmenta aún más el territorio y debilita la capacidad institucional necesaria para el autogobierno.
Aunque la idea de un futuro Estado palestino sigue apareciendo en declaraciones diplomáticas, sobre el terreno las condiciones materiales para ese resultado se desmantelan de manera sistemática.
La autoridad se ejerce sin rendición de cuentas, la tierra se absorbe sin consentimiento, y los horizontes políticos se reducen mediante mecanismos burocráticos en lugar de confrontaciones abiertas.
Las implicaciones se extienden más allá del contexto israelí-palestino. Cuando los gobiernos occidentales invocan el derecho internacional de forma selectiva —aplicándolo con rigor en algunos casos y tolerancia en otros— erosionan la credibilidad del orden internacional basado en reglas.
Una oposición meramente simbólica transmite que las líneas rojas son negociables, siempre que las violaciones procedan de manera incremental y sin espectáculo.
Esta dinámica no solo afecta a Palestina. También define cómo las normas internacionales son percibidas y puestas a prueba en otros contextos.
La anexión, entonces, no avanzó porque Israel desafiara a Occidente. Avanzó porque esa oposición nunca estuvo acompañada de la voluntad política para imponer costos.
Al limitar su respuesta a declaraciones y advertencias, las naciones occidentales preservaron una apariencia de resistencia, mientras permitían que las realidades sobre el terreno se consolidaran.
El resultado es una brecha cada vez mayor entre el lenguaje diplomático y la realidad vivida —una brecha que se ha vuelto cada vez más difícil de reconciliar.
Entender la anexión como un proceso presente, y no como una posibilidad futura, no es una cuestión semántica. Es esencial para cualquier evaluación honesta de responsabilidad y consecuencia.
La pregunta ya no es si la anexión ocurrirá, sino si la comunidad internacional está dispuesta a reconocer que ya está en marcha y a decidir si su oposición busca influir en los hechos o limitarse a expresar incomodidad mientras estos se vuelven irreversibles.
