El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre del piso de Madrid en el que había vivido durante décadas, ha despertado una ola de indignación y protestas en España y ha vuelto a colocar en el centro del debate un problema que afecta a millones de personas: el elevado coste de la vivienda y la creciente dificultad para acceder a un hogar.
La indignación se trasladó el sábado a las calles del centro de Madrid, donde miles de personas se manifestaron para reclamar una mayor protección para los inquilinos y exigir al Gobierno medidas capaces de hacer frente a la crisis de la vivienda. La protesta no terminó con la marcha. Al caer la noche, cientos de personas decidieron permanecer en el corazón de la capital para continuar la movilización.
La escena remitía inevitablemente a otro momento de movilización social que marcó la historia reciente de España: el 15-M, el movimiento de los Indignados que en 2011 ocupó la Puerta del Sol durante semanas y convirtió esta céntrica plaza madrileña en uno de los principales símbolos de la protesta contra las consecuencias de la crisis financiera de 2008, las malas perspectivas económicas y la corrupción.
Más de una década después, las tiendas de campaña han vuelto a instalarse en el mismo lugar, aunque esta vez el malestar tiene otro epicentro.
La vivienda vuelve al centro del debate
La movilización volvió a colocar la crisis de la vivienda en el centro del debate político español, con las elecciones generales previstas para 2027 en el horizonte. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid llamó a mantener el campamento instalado en la Puerta del Sol y lanzó un mensaje contundente: "No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno", afirmó en X.
Durante la noche, quienes permanecieron en la plaza dejaron claro que no querían que la protesta terminara con la manifestación. "La vibra, o lo que parece, es que la gente no se va a mover hasta que no algo cambie de una vez por todas y para siempre", dijo a AFPTV María Juárez, una psicóloga de 47 años. Ricardo López, un empleado de una droguería de 40 años, expresó una determinación similar: "Si esto puede ser un antes y un después, estamos dispuestos, yo por lo menos estoy dispuesto, a quedarme aquí toda la noche si hace falta".
La presión alcanza también al Gobierno de Pedro Sánchez, que había situado la vivienda entre las prioridades de su Ejecutivo. En el próximo Consejo de Ministros, el Gobierno prevé aprobar un paquete de medidas conocido como "decreto Maricarmen", que contempla la renovación automática de los contratos de alquiler y un refuerzo de las restricciones a los desahucios. Sin embargo, su futuro en el Parlamento es incierto, ya que el Ejecutivo no dispone de mayoría para garantizar su aprobación.
La historia detrás de la indignación
Pero para entender por qué el nombre de Maricarmen se ha convertido en un símbolo de esta protesta hay que volver a su historia. Maricarmen Abascal tiene 87 años y durante 71 de ellos su casa fue siempre la misma. Llegó al piso de Madrid en 1956, cuando apenas tenía 17 años, junto a sus padres. Allí creció, envejeció y vio morir a sus padres. Allí quedaron sus fotografías, sus recuerdos y las huellas de una vida entera. Durante décadas, aquel apartamento no fue simplemente un lugar donde vivir, sino que fue su hogar, hasta que, el pasado 23 de septiembre, tuvo que abandonarlo.
Detrás de su historia, como detrás de la de muchas otras personas, hay también una empresa que quería hacer dinero con un piso del que Maricarmen no era titular. Ella vivía de alquiler, bajo un contrato de "renta antigua" firmado por su padre en 1956. Tras su fallecimiento, el alquiler pasó a su madre y, cuando ella murió en 2005, a Maricarmen. Décadas después, el edificio cambió de manos hasta que la vivienda terminó en poder de Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una sociedad inmobiliaria a la que distintos medios españoles han relacionado con los llamados "fondos buitre". En España, esta expresión se utiliza de forma habitual para referirse a fondos de inversión que compran inmuebles o activos con el objetivo de obtener beneficios, especialmente cuando encuentran oportunidades en situaciones de vulnerabilidad económica o habitacional.
Para Maricarmen, la llegada de los nuevos propietarios cambió las condiciones de una vivienda que había permanecido ligada a su familia durante décadas. En 2020 se le ofreció comprar el piso por unos 247.000 euros, una cantidad que ella no podía afrontar.
Posteriormente, la empresa planteó elevar el alquiler desde los 500 euros que pagaba hasta 2.650 euros mensuales. Aunque después se planteó una rebaja hasta 1.650 euros, la cantidad seguía estando fuera de su alcance.
¿Cómo iba a poder afrontar tal cantidad si la pensión de Maricarmen rondaba los 1.350 euros mensuales?. Con 87 años, sus ingresos estaban por debajo incluso de la renta que finalmente se le reclamaba, lo que hacía inviable que pudiera permanecer en la vivienda bajo esas condiciones.
El caso terminó en los tribunales y lo que siguió fue una larga batalla judicial. Aunque Maricarmen obtuvo inicialmente una resolución favorable, la Audiencia Provincial la revocó y, finalmente, el Tribunal Supremo dio la razón a la empresa en marzo. La disputa se centraba en si su contrato de alquiler seguía vigente después de que pasara de su madre a ella. Maricarmen tenía además reconocida una discapacidad del 50%, pero la legislación establece un umbral del 65% para poder acogerse a una de las excepciones que permiten prolongar este tipo de contratos.
Mientras el proceso judicial avanzaba, también se intentaron buscar otras soluciones para evitar que Maricarmen perdiera su casa. En los días previos al desahucio, una escritora llegó incluso a ofrecerse de forma anónima para pagar la diferencia entre lo que Maricarmen podía asumir y el alquiler reclamado.
El caso incluso llegó a las ONU, quien se pronunció sobre el caso pidiendo a España que evitara el desalojo sin garantizar antes una alternativa habitacional. El relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, criticó el desahucio de Maricarmen y sostuvo que la jueza debería haberlo suspendido temporalmente para evitar “un daño irreparable”.
Sin embargo, ninguna de estas iniciativas consiguió detener el procedimiento. Finalmente, el 23 de septiembre, la orden se ejecutó, la puerta de la vivienda fue forzada por la Policía y Maricarmen terminó siendo sacada del apartamento en una camilla y trasladada al hospital.
En el exterior, cientos de personas se habían concentrado para intentar impedir el desalojo. La imagen de la mujer abandonando así la vivienda en la que había pasado la mayor parte de su vida provocó una fuerte conmoción y convirtió su caso en uno de los símbolos más visibles de la crisis habitacional española.
Desde el hospital, agotada tras lo ocurrido, Maricarmen decidió convertir su propia experiencia en una reivindicación colectiva. "Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio", dijo en un mensaje difundido antes de la manifestación del sábado.
