¿Qué llevó a la ONU a calificar por primera vez a Israel como un “Estado de apartheid”?

Un informe de la ONU condena la discriminación sistemática de Israel en Cisjordania ocupada, señalando segregación, asentamientos ilegales, restricciones y otras violaciones, y lo describió por primera vez como un “sistema de apartheid".

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Cisjordania ocupada está dividida por barreras y puestos de control que atraviesan ciudades y pueblos palestinos, restringiendo el movimiento. / AFP

Un contundente informe de Naciones Unidas describió por primera vez las políticas de Israel en la Cisjordania ocupada como un “sistema de apartheid”.

El informe, publicado el miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), detalla décadas de discriminación, segregación y leyes desiguales que han restringido de manera sistemática los derechos de los palestinos a la libertad de movimiento y al acceso al agua, la tierra y los servicios básicos.

“Existe una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania”, afirmó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, en un comunicado. “Se trata de una forma particularmente grave de discriminación racial y segregación que se asemeja al tipo de sistema de apartheid que hemos visto anteriormente”.

Varios expertos independientes vinculados a la ONU ya habían descrito la situación en los territorios palestinos ocupados como un “apartheid”, pero esta es la primera vez que un alto responsable de derechos humanos de la ONU utiliza ese término.

Organizaciones independientes de derechos humanos llevan años calificando a Israel como un Estado de apartheid, mucho antes del informe del actual jefe de derechos humanos de la ONU. El grupo israelí B’Tselem, así como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han descrito a Israel como un régimen que aplica un sistema de segregación de apartheid en los territorios palestinos ocupados.

¿Qué llevó a la ONU a adoptar también esta postura?

Ataques de colonos ilegales

El informe de la ONU señala que las autoridades israelíes aplican dos sistemas legales distintos para los colonos israelíes ilegales y para los palestinos en la Cisjordania ocupada, lo que genera una profunda desigualdad.

La violencia de colonos israelíes ilegales contra palestinos ha aumentado desde el inicio de la ofensiva genocida de Israel contra Gaza en 2023, y a menudo ocurre con la aquiescencia, el apoyo o la participación de las fuerzas de seguridad israelíes, agravando la situación humanitaria y de seguridad en la región.

Según cifras palestinas, más de 1.066 palestinos han sido asesinados y 10.300 heridos en estos ataques en la Cisjordania ocupada desde octubre de 2023.

Confiscación de tierras

El informe también destaca que los palestinos siguen enfrentándose a una confiscación masiva de tierras por parte de Israel y a un acceso restringido a recursos esenciales, incluidos el agua y las tierras agrícolas.

Esta desposesión sistemática socava sus medios de vida y contribuye a una marginación económica y social persistente, dejando a muchos palestinos sin hogar o sin medios para subsistir, señala el informe.

Estas políticas profundizan además la dependencia y limitan las oportunidades de educación, atención sanitaria y desarrollo comunitario del pueblo palestino en sus propias tierras.

El muro de separación en la Cisjordania ocupada también ha sido descrito por organizaciones de derechos humanos como una medida de apartheid, al fragmentar el territorio palestino, segregar comunidades e imponer un acceso y una movilidad desiguales.

Expansión de asentamientos ilegales

Más de 500.000 israelíes viven actualmente en asentamientos ilegales en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

Pese a que el derecho internacional considera ilegales estos asentamientos, continúan expandiéndose rápidamente, a menudo en un contexto de asesinatos de palestinos y casi total impunidad para los responsables, según la ONU.

Estos asentamientos también generan severas restricciones a la circulación dentro y entre las zonas palestinas, un aspecto en el que el informe pone especial énfasis a través de los sistemas de puestos de control y permisos.

La Cisjordania ocupada está atravesada por una extensa red de carreteras reservadas a colonos israelíes ilegales, cientos de controles militares y barreras que dividen ciudades y pueblos palestinos, restringiendo gravemente la libertad de movimiento.

Detenciones arbitrarias

Miles de palestinos permanecen en detención administrativa sin cargos ni juicio, y las autoridades israelíes han ampliado el uso de la fuerza ilegal, las detenciones arbitrarias y la tortura, especialmente desde el inicio de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza en 2023.

El informe subraya que estas prácticas contribuyen a un clima de miedo y opresión, dejan a las familias en la incertidumbre sobre la seguridad de sus seres queridos y socavan las garantías básicas del derecho internacional.

Represión de la sociedad civil y de la libertad de prensa

El informe de la ONU destaca una creciente represión contra las organizaciones de la sociedad civil y severas restricciones a la libertad de los medios de comunicación, junto con fuertes limitaciones a la movilidad dentro y entre las áreas palestinas.

Estas medidas han deteriorado aún más la situación de los derechos humanos en la Cisjordania ocupada, aislando comunidades, restringiendo el acceso a la educación, la atención sanitaria y los servicios esenciales, y sofocando el debate público, al tiempo que refuerzan el sistema general de opresión sobre los palestinos.

El informe advierte que estas restricciones también profundizan las dificultades económicas y limitan las oportunidades de los palestinos para participar plenamente en la vida social, política y cívica.

Opresión sistémica

El informe observa además que la combinación de segregación, desigualdad legal, expansión de asentamientos ilegales y violencia indica la existencia de un sistema deliberado destinado a mantener la dominación sobre la población palestina.

Esto, subraya la ONU, constituye una violación del derecho internacional contra el racismo, que prohíbe la segregación racial y el apartheid, y refuerza la necesidad de que Israel respete el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

Bombardeos indiscriminados

Aunque el informe de la ONU se centró principalmente en la Cisjordania ocupada, no abordó otras prácticas israelíes, especialmente las que afectan a la Gaza asediada durante la ofensiva genocida de Israel contra el enclave palestino.

Israel ha matado a más de 71.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha destruido viviendas e infraestructuras, reduciendo el enclave a escombros.

Los bombardeos indiscriminados de Israel han destruido casi el 90% de los edificios de Gaza.

El desplazamiento masivo provocado por la destrucción y las continuas violaciones del alto el fuego de octubre han sumido a la población civil en una catástrofe humanitaria aún más profunda.

Bloqueo de Gaza

El bloqueo terrestre, marítimo y aéreo impuesto a Gaza desde hace décadas restringe gravemente el flujo de bienes, suministros médicos, combustible y personas. Este bloqueo ha contribuido a repetidas crisis humanitarias y al estrangulamiento económico, cuestiones abordadas en informes separados de la ONU y de organizaciones de derechos humanos.

La escasez de electricidad y agua, la destrucción de hospitales y escuelas, y las restricciones al acceso de la ayuda humanitaria en Gaza siguen siendo formas de apartheid israelí que el reciente informe de la ONU no incluyó.