Mohammed Hamid tenía 15 años cuando su salud se desplomó en una prisión israelí. Contrajo sarna, desarrolló infecciones que afectaron a órganos vitales, tuvo que someterse a varias operaciones cardíacas y acabó en cuidados intensivos. Finalmente, los médicos tuvieron que amputarle una pierna. Las autoridades israelíes lo liberaron cuando su estado se agravó, pero salir de prisión no significó recuperar la salud: el adolescente continúa necesitando tratamiento médico.
Su historia forma parte de las decenas de denuncias sobre el cruel trato que reciben los niños palestinos bajo custodia israelí. Desde octubre de 2023, Israel ha detenido a más de 2.000 menores palestinos y al menos 350 continúan encarcelados en condiciones extremas, según un informe publicado el miércoles por la Sociedad de Prisioneros Palestinos. La organización denuncia prácticas que incluyen torturas, intimidación, aislamiento, privación de alimentos y denegación de atención médica.
Las cifras retratan una realidad especialmente preocupante: niños que pierden su libertad, quedan separados de sus familias y se enfrentan a condiciones que, según las denuncias recogidas por la organización, ponen en peligro su salud y su bienestar. Sin embargo, ni siquiera los datos disponibles permiten conocer toda la dimensión del problema.
Las detenciones, además, continúan. Durante la noche anterior a la publicación del informe, el ejército israelí arrestó a otros seis menores en las localidades de Sa'ir y Al-Shuyukh, en la gobernación de Hebrón, en la Cisjordania ocupada.
Encarcelados sin saber cuándo volverán a casa
Uno de los mecanismos denunciados por la Sociedad de Prisioneros Palestinos es la detención administrativa, que permite a las autoridades israelíes mantener a personas encarceladas sin presentar cargos ni fijar una fecha clara para su liberación.
Para un niño, esto significa quedar atrapado en un sistema en el que puede desconocer cuánto tiempo permanecerá entre rejas. La incertidumbre prolonga la separación de sus padres, hermanos y amigos, al tiempo que interrumpe su educación y dificulta la recuperación de una vida cotidiana.
A esa situación se suman las denuncias de interrogatorios coercitivos, intimidación y aislamiento. La organización también alerta de torturas, privación de alimentos y denegación de asistencia sanitaria. No se trata únicamente de la pérdida de libertad: las prácticas denunciadas pueden dejar secuelas físicas y psicológicas que acompañen a los menores mucho después de su liberación.
La responsabilidad institucional es otro de los puntos centrales del informe. La entidad acusa a los tribunales israelíes de contribuir a la continuidad de estas vulneraciones y denuncia la falta de mecanismos efectivos para exigir responsabilidades. En este contexto, advierte de que las denuncias de abusos no se traducen en una protección suficiente para los niños ni en garantías de que las prácticas señaladas vayan a terminar.
Un adolescente perdió una pierna tras enfermar en prisión
El caso de Mohammed Hamid concentra algunas de las denuncias más graves del informe. Según la Sociedad de Prisioneros Palestinos, el adolescente contrajo sarna durante su detención en la prisión israelí de Ofer. Su salud se deterioró y desarrolló infecciones graves que afectaron a órganos vitales.
Su estado llegó a ser crítico. Necesitó varias operaciones cardíacas y fue ingresado en cuidados intensivos. Finalmente, los médicos tuvieron que amputarle una pierna.
Las autoridades israelíes lo pusieron en libertad cuando su salud empeoró gravemente. Pero la liberación llegó después de que el adolescente sufriera un deterioro físico devastador y no puso fin a sus necesidades médicas. La organización señala que Hamid lleva alrededor de tres meses recibiendo tratamiento desde que salió de prisión.
La Sociedad de Prisioneros Palestinos describió su liberación como "una forma de eludir la responsabilidad de su atención médica". La denuncia apunta a una cuestión fundamental: qué ocurre con los menores que salen de prisión en un estado de salud crítico y quién responde por las consecuencias de las condiciones en las que permanecieron encarcelados.
El informe recoge también la muerte de Walid Khaled Ahmad, un niño que falleció en marzo de 2025 en la prisión israelí de Megiddo. Los informes médicos de aquel momento señalaron que presentaba una extrema delgadez y signos de desnutrición y deshidratación.
La organización cuestiona que se hayan depurado responsabilidades por su muerte y denuncia que la investigación fue cerrada. El caso deja abiertas preguntas sobre las condiciones en las que se encontraba el menor, la atención que recibió y la respuesta de las autoridades ante su fallecimiento.
La combinación de ambos casos dibuja un panorama alarmante: un adolescente que sale de prisión después de perder una pierna y un niño cuya muerte, según la organización denunciante, no ha dado lugar a una investigación que permita exigir responsabilidades.
Miles de desaparecidos y niños cuyo paradero se desconoce
La dimensión real de las detenciones podría ser todavía mayor. La Sociedad de Prisioneros Palestinos reconoce que no dispone de información completa sobre el número de niños procedentes de Gaza que han sido detenidos desde octubre de 2023.
En el enclave permanecen desaparecidas miles de personas, incluidos menores, mientras continúan las denuncias por desapariciones forzadas. La falta de información impide establecer cuántos niños han sido arrestados, cuántos siguen bajo custodia israelí y qué ha ocurrido con aquellos cuyo paradero se desconoce.
Esta incertidumbre agrava la angustia de las familias que no saben dónde están sus hijos ni en qué condiciones pueden encontrarse. Además, sin registros completos y sin información suficiente sobre las detenciones, resulta más difícil esclarecer el destino de los menores desaparecidos y determinar posibles responsabilidades.
Todo ello ocurre en medio de la devastación provocada por el genocidio israelí en Gaza. Desde octubre de 2023, más de 74.000 palestinos han muerto y más de 175.000 han resultado heridos en el enclave. Alrededor del 90% de sus infraestructuras han sufrido daños o han quedado destruidas.
La violencia también se ha intensificado en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada, donde han aumentado las incursiones del ejército israelí y los ataques de colonos israelíes ilegales contra la población palestina y sus propiedades.
La exigencia de acabar con la impunidad
Ante esta situación, la Sociedad de Prisioneros Palestinos reclama una intervención internacional que garantice la liberación de los menores detenidos arbitrariamente y ponga fin a la detención administrativa y a los interrogatorios coercitivos. También exige que cesen las torturas, la privación de alimentos y la denegación de tratamiento médico.
La organización advierte de que documentar los abusos y condenarlos públicamente no basta mientras las prácticas denunciadas continúen sin consecuencias. Por ello, reclama medidas concretas para proteger a los menores, detener las vulneraciones y exigir responsabilidades a quienes las cometen.
"Proteger a los niños palestinos requiere una intervención internacional firme que garantice el respeto de sus derechos, su vida y su dignidad", concluye el informe. La organización reclama que esta exigencia se traduzca en medidas capaces de poner fin a los abusos denunciados y de garantizar que los responsables rindan cuentas.
