Zeynep ConkarTodo comenzó, como tantas cosas en la política israelí, con un video. Esta semana, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, publicó unas imágenes desde el puerto de Ashdod en las que se le veía obligando a agachar la cabeza de una activista esposada de la flotilla de Gaza después de que esta gritara “Free, free Palestine”. Él le respondió, en hebreo y a centímetros del rostro: “¡Cállate!”.
El video desató una oleada de gestos de incomodidad pública entre funcionarios israelíes. El embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, se alineó con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar, asegurando que la “imprudente teatralidad” de Ben-Gvir “no representa la política del Gobierno”.
Pero, cuando se trata de los palestinos, el “teatro” siempre ha formado parte del guion del sionismo. De Netanyahu. Y de todos los integrantes de su gobierno ultranacionalista.
De hecho, Netanyahu ya había dejado clara su postura ante el Tribunal Supremo israelí al rechazar cualquier petición para destituir a Ben-Gvir, calificándola como “un intento inconstitucional de remover a un ministro”.
Los dos hombres son inseparables. Y ahora, también el sistema judicial internacional parece empezar a tratarlos como un mismo bloque.
Esta semana, la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, en La Haya, habría presentado solicitudes secretas de órdenes de arresto contra Ben-Gvir y también contra el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
En el caso de Smotrich, los cargos incluirían presuntamente “traslado forzoso de población”, “traslado de población israelí a un territorio ocupado”, además de “persecución” y “apartheid”.
Para Ben-Gvir, una audiencia separada habría analizado la posibilidad de emitir una orden propia, aunque el proceso estaría todavía en una fase más temprana. Si finalmente se confirman, serían las primeras órdenes emitidas por un tribunal internacional por el crimen de apartheid.
TRT World contactó con la oficina de prensa de la CPI para obtener comentarios. La respuesta llamó la atención precisamente por lo que evitó decir.
La Oficina del Fiscal no negó que existan procedimientos en marcha, aunque recordó que las regulaciones del tribunal obligan a mantener en secreto las solicitudes de órdenes de arresto hasta que los jueces autoricen su divulgación.
“Según las regulaciones modificadas del tribunal, las solicitudes de órdenes de arresto o citaciones a comparecer, conforme al artículo 58 del Estatuto de Roma, deben clasificarse como secretas o selladas, salvo autorización expresa de los jueces de la CPI”, señaló la oficina a TRT World.
En otras palabras, el tribunal ni confirmó ni desmintió las informaciones. Pero el tono frío y meticulosamente jurídico de la respuesta dejó abierta la posibilidad de que el proceso ya esté en marcha y de que Smotrich y Ben-Gvir pronto compartan el mismo destino judicial que el hombre al que han servido con absoluta lealtad.
En noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI emitió por unanimidad órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023. Entre los cargos figuraban el uso del hambre como método de guerra, asesinato y persecución.
La reacción de ambos ministros fue desafiante, como cabía esperar. Smotrich calificó el proceso como “una declaración de guerra” y anunció que firmaría una orden para evacuar la aldea beduina de Khan Al-Ahmar, respondiendo así a un proceso internacional de rendición de cuentas con un nuevo acto de desposesión.
Mientras tanto, Ben-Gvir seguía publicando orgullosamente sus videos desde Ashdod.
¿Quiénes son estos hombres?
Ni Smotrich ni Ben-Gvir llegaron aquí por accidente. Ambos son colonos ideológicos asentados en Cisjordania ocupada, convertidos en las tropas de choque de Netanyahu y elevados a puestos ministeriales precisamente porque su extremismo sirve a los intereses de la coalición.
Los dos viven en asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, considerados ilegales según el derecho internacional, y ambos han defendido abiertamente la anexión del territorio y el genocidio en Gaza.
Desde junio de 2024, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega impusieron sanciones conjuntas contra ambos, congelando sus activos y prohibiéndoles la entrada a esos países por promover la limpieza étnica y el exterminio de los palestinos.
El poder de Smotrich se sostiene sobre su control de la Administración Civil israelí en Cisjordania ocupada, el organismo encargado de aprobar la expansión de asentamientos ilegales, las órdenes de demolición y el estrangulamiento cotidiano de las comunidades palestinas.
Su retórica sionista siempre ha ido de la mano de sus políticas. En marzo de 2023, durante un acto privado en París, Smotrich declaró: “No existe una nación palestina. No existe una historia palestina. No existe una lengua palestina”.
Aquellas palabras llegaron semanas después de que pidiera que el pueblo palestino de Huwara fuera “borrado del mapa” tras un ataque de colonos israelíes. Incluso el Departamento de Estado estadounidense condenó aquellas declaraciones, calificándolas de “irresponsables, repugnantes y asquerosas”, además de considerarlas una incitación a la violencia.
Y cuando esta semana la red de la CPI comenzó a cerrarse sobre él, Smotrich respondió, una vez más, con otra orden de expulsión. Un patrón que ya parece definirlo por completo.
El extremismo de Ben-Gvir va todavía más lejos, arraigado en una biografía que lo habría apartado de la vida pública en casi cualquier otra democracia.
Durante la Primera Intifada, se unió al movimiento extremista Kach y admiró abiertamente a Baruch Goldstein, responsable de la matanza en la mezquita de Hebrón de 1994, donde fueron asesinados 29 fieles palestinos. Hasta 2020, mantenía un retrato de Goldstein colgado en la pared de su casa.
Sus posturas extremistas eran tan evidentes que fue eximido del servicio militar obligatorio israelí.
Desde entonces, ha acumulado al menos ocho condenas penales, entre ellas por apoyar a una organización terrorista y por racismo contra palestinos.
Durante el genocidio en Gaza, fue uno de los opositores más feroces a la entrada de ayuda humanitaria al territorio sitiado.
Más recientemente, celebró abiertamente en la Knéset la aprobación de una ley que contempla la pena de muerte para palestinos condenados por matar israelíes, una legislación impulsada personalmente por él.
Ese es el historial que ahora examina la CPI: una ideología constante y documentada de desposesión, respaldada por el poder del Estado y protegida por Netanyahu en cada paso.
Una campaña de presión
La CPI, entretanto, ha soportado una campaña sostenida de intimidación por parte de quienes buscan sabotearla.
La administración de Donald Trump ha sancionado a nueve jueces y fiscales de la corte y ha amenazado con castigar a toda la institución si no retira los cargos contra los dirigentes israelíes.
Las sanciones han dejado a funcionarios del tribunal sin acceso a tarjetas de crédito ni servicios bancarios, en un intento deliberado de volver insostenible su vida cotidiana. Amazon, grandes bancos y empresas tecnológicas también han roto vínculos con miembros del tribunal.
Las sanciones han dejado a funcionarios del tribunal sin acceso a tarjetas de crédito ni servicios bancarios, en un intento deliberado de volver insostenible su vida cotidiana. Amazon, grandes bancos y empresas tecnológicas también han roto vínculos con miembros del tribunal.
