El 12 de marzo, las Naciones Unidas publicaron un nuevo informe en donde acusa formalmente a Israel de emplear sistemáticamente la violencia sexual y de género como método de guerra. Además, señala que Israel ha cometido «actos genocidas» mediante ataques selectivos contra instalaciones de atención de la salud materna y reproductiva en Gaza.

“Las pruebas recogidas por la Comisión revelan un aumento deplorable de la violencia sexual y de género”, declaró en el informe Navi Pillay, presidenta de la Comisión.

“No se puede evitar la conclusión de que Israel ha empleado la violencia sexual y de género contra los palestinos para aterrorizarlos y perpetuar un sistema de opresión que socava su derecho a la autodeterminación”.

El informe detalla actos que incluyen violaciones y violencia genital, y afirma que se llevaron a cabo bajo órdenes directas o con la aprobación implícita de los máximos dirigentes civiles y militares de Israel.

Estos incidentes son distintos de otras formas documentadas de violencia sexual citadas como parte de los «procedimientos operativos estándar» del ejército israelí, como el desnudamiento público forzado, las amenazas de violación y las agresiones sexuales.

Las conclusiones de la Comisión se basan en testimonios de víctimas, testigos, personal médico, representantes de la sociedad civil, académicos, abogados y expertos médicos, reunidos durante las audiencias públicas celebradas el 11 y 12 de marzo en Ginebra.

Más allá de los actos individuales de violencia, el informe acusa a Israel de atacar sistemáticamente los centros de salud sexual y reproductiva de Gaza. En particular, en diciembre de 2023, las fuerzas israelíes atacaron el Centro Al Basma, la mayor clínica de fertilidad de Gaza, destruyendo más de 4.000 embriones y otras 1.000 muestras de esperma y óvulos no fertilizados.

Según la Comisión, este ataque constituye dos crímenes genocidas según el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Genocidio: “infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física de los palestinos e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos”.

¿Cuáles son las implicaciones legales?

El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Aunque estas órdenes acusan a los dirigentes israelíes de crímenes de guerra, incluida la inanición como método de guerra, y crímenes contra la humanidad, incluidos asesinato y persecución, no mencionan explícitamente la violencia sexual.

Expertos jurídicos sugieren que el informe de la ONU podría llevar a la CPI a ampliar sus cargos contra los dirigentes israelíes.

“Aunque gran parte de las pruebas del informe de la Comisión fueron documentadas por palestinos en tiempo real y no son nuevas, el impulso generado por su publicación podría llevar a ampliar los cargos contra dirigentes israelíes ante la CPI”, afirma a TRT World Lara Elborno, abogada y activista internacional palestino-estadounidense establecida en París.

A pesar de la amplia documentación sobre violencia sexual realizada por organizaciones internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y B'Tselem, la CPI aún no ha abordado explícitamente estos crímenes.

“Las instituciones internacionales como la CPI tienen un largo camino por recorrer para adaptar su trabajo a la realidad sobre el terreno”, afirma Elborno.

“Los grupos de la sociedad civil deben basarse en sus conclusiones para presionar a las naciones y a las empresas para que afronten y pongan fin a su complicidad con los crímenes de Israel contra el pueblo palestino e instar a la CPI a que presente nuevos cargos contra dirigentes israelíes”. 

Según la Convención sobre el Genocidio, la violencia sexual, incluyendo la violación, la esterilización forzada y las restricciones reproductivas, puede clasificarse como actos de genocidio.

Por lo tanto, los expertos sostienen que el nuevo informe podría reforzar significativamente el caso de genocidio que Sudáfrica mantiene contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Andrea Maria Pelliconi, profesora adjunta de Derechos Humanos en la Universidad de Southampton, describe el informe como un “recurso muy útil”, que podría ayudar en los esfuerzos de investigación y en la recopilación de pruebas adicionales para posibles procesos penales.

Como aseguró a TRT World, “El informe de la Comisión Independiente podría ser, como mínimo, un recurso muy útil para el procedimiento ante la CIJ”.