AMÉRICA LATINA
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Perú reclama más financiación climática mientras la COP31 se atasca por los combustibles fósiles
Las negociaciones de la cumbre climática de Antalya se estancan por las diferencias sobre la transición energética, mientras los países vulnerables reclaman más recursos para afrontar los efectos del calentamiento global.
Perú reclama más financiación climática mientras la COP31 se atasca por los combustibles fósiles
Perú reclama más financiación climática ante los efectos de El Niño. / AFP (Wire)

Las negociaciones de la COP31 para alcanzar un acuerdo final aceptable para todas las partes se han estancado en las últimas horas debido a las crecientes discrepancias entre los países sobre el futuro de la transición energética. Mientras el abandono de los combustibles fósiles se mantiene como uno de los principales obstáculos, los países más vulnerables reclaman mayores recursos para afrontar los efectos del calentamiento global.

Uno de ellos es Perú, que se prepara para las posibles consecuencias de un nuevo episodio de El Niño, un fenómeno meteorológico natural que podría agravar los efectos del cambio climático. En declaraciones a la agencia Anadolu durante la cumbre de Antalya, el ministro de Medio Ambiente peruano, Vladimiro Huaroc, ha pedido a los países desarrollados que incrementen la financiación climática y faciliten el acceso a tecnología para que las naciones con menos recursos puedan responder a las emergencias.

"Nuestro llamamiento se dirige principalmente a los países desarrollados, para que demuestren un mayor compromiso y destinen más recursos", ha señalado Huaroc. "Necesitamos financiación, un mayor acceso a la tecnología y un apoyo más sólido", ha añadido.

A principios de noviembre, el Gobierno peruano declaró el estado de emergencia durante 60 días en gran parte del país para prepararse ante los posibles efectos de El Niño. Los científicos han advertido de que el fenómeno podría tener consecuencias "extremadamente catastróficas", según el ministro.

Las autoridades buscan proteger especialmente a las familias que viven en zonas de alto riesgo, como quebradas y valles fluviales. Además de los posibles efectos en la costa norte, Perú se prepara para afrontar sequías en las tierras altas del sur y fuertes precipitaciones en la región amazónica.

El Ejecutivo ha aprobado más de 2.350 millones de dólares, equivalentes a 8.000 millones de soles, para responder a la emergencia. Sin embargo, Huaroc ha advertido de que probablemente serán necesarios más recursos debido a la magnitud potencial de los daños. Miles de escuelas y centros sanitarios podrían verse afectados y su recuperación requerirá inversiones y cooperación internacional durante los próximos años.

Perú ha registrado más de 500 episodios de El Niño a lo largo de su historia y cuenta con experiencia en la gestión de desastres naturales. No obstante, el ministro ha advertido de que la combinación de este fenómeno con el calentamiento global dificulta los preparativos.

La situación peruana refleja una de las principales demandas que atraviesan las negociaciones de Antalya: la necesidad de que los compromisos internacionales se traduzcan en financiación y apoyo tecnológico para los países que tienen menos recursos para afrontar la crisis climática.

La ONU pide mas ambición en la lucha climática

En este sentido, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Khalilur Rahman, ha reclamado a los gobiernos que afronten el cambio climático con la misma urgencia con la que movilizaron enormes cantidades de recursos durante la pandemia de covid-19.

En una entrevista con la agencia de noticias EFE durante la cumbre, Rahman ha señalado que los gobiernos son capaces de movilizar recursos extraordinarios cuando reconocen una situación de emergencia. Por ello, ha cuestionado la lentitud de la respuesta internacional frente al cambio climático en comparación con los fondos destinados a combatir la pandemia y el gasto militar mundial.

"El cambio climático exige que actuemos con la misma determinación" que se demostró durante la crisis sanitaria, ha afirmado el diplomático bangladesí, de 72 años, que también ejerce como ministro de Exteriores de su país desde febrero y asumió en septiembre la presidencia de la Asamblea General durante un año con el compromiso de restaurar la confianza en el multilateralismo.

Rahman ha defendido que la comunidad internacional debe hablar con franqueza sobre sus prioridades y dejar de tratar la naturaleza, el medioambiente y la biodiversidad como simples recursos que explotar. "Nuestra seguridad está interconectada", ha subrayado.

Preguntado por la ausencia de destacados dirigentes europeos y latinoamericanos en la COP31, ha defendido la participación al máximo nivel posible, aunque ha matizado que el liderazgo debe medirse por las acciones y los resultados, no únicamente por la asistencia.

Asimismo, ha pedido a los gobiernos que cuestionan la ciencia climática que escuchen a las comunidades que ya sufren sus consecuencias. Como ciudadano de Bangladés, ha recordado que el cambio climático no es un debate abstracto, sino una realidad que se traduce en vidas trastocadas, medios de subsistencia perdidos y riesgos para los avances del desarrollo.

El presidente de la Asamblea General ha advertido especialmente de las crecientes amenazas que afrontan los pequeños Estados insulares, los países menos desarrollados y las comunidades costeras ante las inundaciones, las sequías, las temperaturas extremas y la subida del nivel del mar. "El desacuerdo debe dar paso al diálogo, no llevarnos a dar la espalda a un desafío que nos afecta a todos", ha resumido.

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Una brecha de financiación de miles de millones de dólares

Uno de los principales problemas que ha señalado Rahman es la falta de recursos para que los países en desarrollo puedan adaptarse a los efectos del calentamiento global.

Según las cifras presentadas por el diplomático, estas naciones necesitan hasta 365.000 millones de dólares anuales para financiar medidas de adaptación, pero reciben únicamente unos 26.000 millones. Rahman ha considerado que esta diferencia constituye una prueba de la solidaridad internacional.

También ha reclamado mayores aportaciones al Fondo de pérdidas y daños, creado para ayudar a los países vulnerables a afrontar las consecuencias de los impactos climáticos que ya se han producido. Según ha explicado, el mecanismo recibió solicitudes de financiación por unos 2.800 millones de dólares, frente a los 342 millones asignados en su primera ronda de financiación.

Para mejorar su funcionamiento, ha defendido que los fondos sean más accesibles, que aumenten las subvenciones a fondo perdido y que se simplifiquen los procedimientos administrativos para que los recursos lleguen con mayor rapidez a las comunidades afectadas por los desastres.

El presidente de la Asamblea General también ha insistido en que las negociaciones de Naciones Unidas siguen siendo indispensables porque permiten que todos los países, incluidos los más pequeños y vulnerables, participen en las decisiones. No obstante, se ha mostrado dispuesto a revisar el funcionamiento de las COP, en las que cerca de 200 Estados deben alcanzar acuerdos por consenso.

A su juicio, las dificultades para avanzar en las negociaciones no pueden servir de excusa para reducir la ambición climática. Entre las prioridades que ha señalado figuran acelerar la electrificación limpia, modernizar las redes eléctricas, ampliar las energías renovables y avanzar hacia una transición justa para abandonar los combustibles fósiles.

"Ahora toca aumentar la ambición, financiar la adaptación y la reducción de emisiones, y reforzar la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos", ha afirmado.

Pese a las dificultades, Rahman ha destacado como motivos para la esperanza la expansión de las energías limpias, los sistemas de alerta temprana y las infraestructuras preparadas para resistir fenómenos meteorológicos extremos. También ha recordado que los vínculos entre el cambio climático, los océanos, los ecosistemas y el desarrollo sostenible afectan directamente a la seguridad alimentaria y a las perspectivas de las generaciones futuras.

La crisis climática también profundiza las desigualdades

La financiación y la transición energética no son los únicos asuntos que han marcado la jornada. Este miércoles, la COP31 ha dedicado sus actividades al desarrollo humano y social, con especial atención a las desigualdades que agrava la crisis climática.

Sinja Buri, experta de la Universidad de las Naciones Unidas en Bonn, Alemania, ha advertido de que los problemas climáticos "no afectan de la misma manera a todo el mundo" y de que las personas vulnerables sufren sus consecuencias de forma desproporcionada.

Entre los colectivos especialmente expuestos ha mencionado a las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los integrantes de pueblos indígenas, que han soportado con mayor intensidad los efectos de distintas emergencias.

Por otra parte, la protección de los ecosistemas marinos también ha centrado parte de la actividad diplomática de la jornada. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, y la ministra francesa de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible, Monique Barbut, han presentado una declaración conjunta para pedir a los países firmantes del Tratado Global de los Océanos (BBNJ, por sus siglas en inglés) que lo ratifiquen cuanto antes.

El objetivo es reforzar la protección de los ecosistemas marinos frente a actividades pesqueras abusivas o ilegales y la minería submarina. Ambas responsables han defendido que estos espacios "dejen de ser el salvaje oeste y estén protegidos".

Panamá critica la influencia de los países productores de petróleo

Las tensiones sobre el futuro de los combustibles fósiles también han quedado reflejadas en la intervención del ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, que ha recibido una ovación de un minuto en una abarrotada sala de prensa tras pronunciar un discurso especialmente crítico con los países productores de petróleo.

Navarro ha acusado a estos Estados de actuar como una "mafia" y de exigir un crecimiento económico "rápido, interminable, ilimitado y sin fronteras", mientras los demás países terminan aceptando esas condiciones.

El ministro panameño ha reclamado un "cambio radical" en la manera de trabajar en las cumbres climáticas para que las negociaciones puedan traducirse en resultados concretos.

España presenta su hoja de ruta para la descarbonización

Frente a las dificultades para alcanzar un consenso internacional sobre la transición energética, España y Portugal han presentado sus propias estrategias para reducir las emisiones y abandonar progresivamente los combustibles fósiles.

El Gobierno español publicará una hoja de ruta que establece como objetivo alcanzar un sistema eléctrico cien por cien renovable en la península en 2040 y convertir al país en una economía completamente libre de petróleo, gas y carbón en 2050, según fuentes conocedoras del documento en Antalya.

Para 2040, España prevé completar la descarbonización de su sistema eléctrico y reducir las emisiones netas un 90% respecto a los niveles de 1990. También pretende eliminar los combustibles fósiles de los edificios residenciales, el sector servicios, la agricultura y la movilidad urbana.

Una década después, en 2050, el abandono de los hidrocarburos se extenderá también al transporte pesado y a la industria.

Como objetivos intermedios, la hoja de ruta mantiene para 2030 la meta de alcanzar un 81% de energías renovables en el sistema eléctrico y un 48% de renovables en el consumo final de energía.

Asimismo, España espera reducir su dependencia energética exterior desde aproximadamente el 70%, registrado a principios de la década, hasta cerca del 50% en 2030, lo que supondría alcanzar al menos un 50% de autosuficiencia energética.

El documento se articula en torno a seis grandes ejes: eficiencia energética, electrificación renovable, innovación tecnológica, despliegue de energías renovables, transición justa y equidad. Entre las soluciones tecnológicas contempla el hidrógeno verde y los biocombustibles, mientras que la transición justa busca acompañar la reconversión de los distintos sectores productivos.

El apartado de equidad pretende garantizar una energía asequible para hogares y empresas, combatir la pobreza energética y atender las necesidades del medio rural. Además, establece que, a partir de 2030, cada euro de acompañamiento público en materia energética se destinará exclusivamente a las energías renovables.

Según las fuentes conocedoras del documento, el consumo de combustibles fósiles en España ha disminuido un 9% desde 2019 y en 2025 se hizo efectivo el fin estructural del carbón. La publicación oficial de la hoja de ruta está prevista próximamente.

FUENTE:TRT Español y agencias
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