Zhuhai, China – En los últimos años, América Latina ha diversificado sus vínculos internacionales. La expansión del comercio con Beijing y la consolidación de espacios como el Foro China-CELAC han contribuido a un entorno más plural. Ese proceso comienza a proyectarse también hacia ámbitos que, durante décadas, estuvieron bajo predominio de EE.UU., incluida la seguridad. Este nuevo escenario ha desencadenado una reacción en Washington.
Bajo el nombre de Escudo de las Américas, Estados Unidos convocó el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, a un grupo de gobiernos latinoamericanos cercanos al Gobierno del presidente Donald Trump para coordinar acciones contra cárteles, pandillas y redes criminales transnacionales. Presentada como una respuesta urgente a la violencia y la inseguridad que vive la región, la iniciativa también refleja el intento de rearticular la cooperación hemisférica en materia de seguridad.
Sin embargo, aunque la iniciativa responde al estilo político de la segunda administración Trump y a su énfasis sobre alianzas entre gobiernos afines, Escudo de las Américas no surge de la nada. La cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado ha sido un eje recurrente de la diplomacia interamericana durante décadas.
Antecedentes de la cooperación hemisférica en seguridad
Aunque su nombre resulta inédito, la agenda que lo inspira tiene raíces más antiguas. Desde la I Cumbre de las Américas, celebrada en Miami (1994), la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se convirtió en un componente central de la cooperación hemisférica.
Ese impulso condujo a la creación de mecanismos multilaterales de evaluación y a una creciente coordinación judicial entre los países. Un ejemplo concreto es el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), creado tras la II Cumbre de Santiago (1998) para medir los avances de cada país en la lucha contra las drogas mediante revisiones entre pares. La idea era sencilla: las redes criminales operan a escala regional y, por lo tanto, requieren respuestas regionales.
En la primera década del siglo XXI, la agenda se amplió: la III Cumbre de Quebec (2001) vinculó seguridad y defensa de la democracia frente a nuevas amenazas; Monterrey (2004) incorporó el concepto de seguridad multidimensional, integrando terrorismo y crimen organizado; mientras que la V Cumbre de Puerto España (2009) reforzó la cooperación regional contra pandillas, tráfico ilícito y redes criminales transnacionales.
Sin embargo, esas iniciativas mantenían una característica clave del espíritu del panamericanismo: su carácter inclusivo. Las Cumbres de las Américas se concebían como foros en los que todos los gobiernos del hemisferio podían debatir y coordinar políticas, incluso cuando existían profundas diferencias políticas.
En ese sentido, la cumbre de Doral representa un cambio significativo, pues el nuevo formato no busca reunir a todos los países, sino a un subconjunto de ellos. La cooperación se vuelve más selectiva y, en cierto modo, más instrumental.
Coaliciones selectivas en la cooperación hemisférica
Dicha cooperación selectiva ya se venía gestando desde hace varios años. Durante el primer mandato de Trump, la relación con América Latina se gestionó principalmente mediante encuentros bilaterales y acuerdos con países dispuestos a coordinar agendas específicas con Washington. Un ejemplo fue América Crece (Growth in the Americas), lanzada en 2019 para promover inversiones en energía e infraestructura con gobiernos interesados en fortalecer sus vínculos económicos con Estados Unidos.
La tendencia se hizo aún más visible en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles (2022), cuando el Gobierno del entonces presidente Joe Biden decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que evidenció que algunas iniciativas hemisféricas comenzaban a avanzar solo entre las administraciones dispuestas a participar.
Justamente, Escudo de las Américas profundiza esta lógica de cooperación selectiva, ahora aplicada al ámbito de la seguridad, pero además plantea serios interrogantes políticos y operativos. La declaración firmada en Doral por los ministros de Defensa tiene un contenido notablemente limitado: no establece mecanismos permanentes, ni financiamiento, ni procedimientos claros de coordinación regional. Su lenguaje es amplio y programático, lo que permite flexibilidad política, pero también reduce la capacidad de traducir la iniciativa en políticas concretas. Algunos análisis advierten incluso que este tipo de coaliciones tiende a repetir experiencias previas con escasa institucionalidad y resultados inciertos.
Conviene comprender que Escudo de las Américas no surge del espíritu panamericano de cooperación, sino de una visión orientada a reafirmar la primacía de Washington en el hemisferio, según fue trazado en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. En su intervención en Doral, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, señaló que potencias externas buscan redefinir la región al promover “una especie de nuevo ‘Sur Global’ que excluye a Estados Unidos y otras naciones occidentales, pero incluye a potencias no occidentales y otros adversarios”. Desde la perspectiva del Pentágono, el Sur Global —donde China se posiciona activamente— aparece como un desafío hemisférico, lo que explica la idea de reforzar el perímetro inmediato de seguridad mediante la noción de una “Greater North America” (Un Norte de América más Grande, en español) para contener la presencia de potencias extraregionales.
La propuesta china de cooperación en seguridad para América Latina
En las últimas dos décadas, los vínculos entre Beijing y América Latina han crecido de forma sostenida, no solo en el comercio, sino también en ámbitos financieros, tecnológicos, institucionales e incluso migratorios. Ese acercamiento comienza ahora a proyectarse hacia la seguridad. La secuencia entre la Iniciativa de Seguridad Global (ISG) de 2022, el cuarto Foro China–CELAC (FCC) de 2025 y el Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe (tercer Libro Blanco) de finales de 2025 muestra una estrategia gradual.
La ISG funciona como marco doctrinal: estableció principios de seguridad basados en soberanía, no injerencia y cooperación frente a amenazas transnacionales. Aunque no hizo mención explícita al narcotráfico, lo ubicó dentro de la agenda más amplia del crimen transnacional. Sobre esa base conceptual, como parte de los documentos resultantes de la 4ª reunión del FCC, se planteó “explorar las posibles formas de cooperación […] en el enfrentamiento a la producción, consumo y tráfico de drogas”, en el marco de la colaboración judicial y policial entre China y América Latina. El tercer Libro Blanco dio un paso más allá, pues no solo esbozó “explorar” mecanismos de coordinación, sino que planteó —en su sección 4— “combatir juntos amenazas de seguridad no tradicionales como los crímenes transnacionales y el terrorismo”, así como “profundizar la cooperación en la aplicación de la ley antidrogas y combatir conjuntamente el tráfico de drogas”.
Sin embargo, esta propuesta también enfrenta limitaciones. Por un lado, la cooperación en materia de seguridad sigue siendo incipiente y todavía no constituye una arquitectura comparable al sistema interamericano. Por otro lado, carece de mecanismos institucionales consolidados, experiencia acumulada y redes operativas equivalentes a las desarrolladas durante décadas en el hemisferio. Aun así, la rapidez con la que se ha construido esta agenda revela la voluntad de Beijing de proyectarse como socio para América Latina también en el ámbito de la seguridad.
¿Del PROSUR regional al “PRONORTE” hemisférico?
La cancelación de la Cumbre de las Américas prevista para diciembre de 2025 en República Dominicana otorga a la reunión de Doral un significado adicional. No solo ocupó el vacío dejado por ese encuentro, sino que terminó convirtiéndose en la primera reunión multilateral con jefes de Estado latinoamericanos convocada por Washington durante la primera y la segunda administración de Donald Trump.
El formato recuerda experiencias previas de la propia región. En Sudamérica, la fallida PROSUR reunió gobiernos políticamente afines con baja institucionalización y objetivos inmediatos. Escudo de las Américas parece trasladar esa lógica al plano hemisférico: la proclamación, realizada por Trump, menciona incluso una Americas Counter Cartel Coalition para “operacionalizar el uso del poder duro”, pero sin definir mecanismos, instituciones ni procedimientos claros. La analogía con PROSUR sugiere una plataforma de coordinación entre alineamientos ideológicos, más que una arquitectura regional sólida.
Para América Latina, el escenario se vuelve más complejo: aunque la iniciativa aún carece de bases institucionales y recursos definidos, introduce nuevas presiones de alineamiento con Washington –mientras busca obstaculizar la cooperación con China– y abre brechas adicionales con aquellos países que han quedado fuera de la iniciativa.
