El Salvador, cuyas cárceles se han llenado en los últimos años con miles de presos bajo la política de seguridad del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, prepara ahora un plan de liberación “anticipada” y “condicional”. Así lo anunció el propio mandatario, quien estimó que, de materializarse, la medida podría beneficiar a cerca del 50% de los reclusos vinculados con estas organizaciones criminales.
"Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada”, afirmó Bukele tras ser consultado por la prensa respecto a sus medidas en seguridad durante una conferencia de prensa.
Y luego aclaró que aunque estos reclusos son “culpables” se podrían liberar "condicionalmente" y "bajo monitoreo".
El anuncio supone un punto en la política de seguridad de Bukele, cuyo Gobierno mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción bajo el que las autoridades han detenido a al menos 93.162 personas, según cifras oficiales, acusadas de pertenecer a las maras o pandillas, o colaborar con ellas.
La medida ha contribuido a reducir la criminalidad a mínimos históricos, pero también ha recibido fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y de un grupo de expertos de la ONU, que han denunciado posibles crímenes de lesa humanidad.
¿Quiénes podrían acceder a la liberación anticipada?
Si bien el mandatario estimó que el plan podría beneficiar a aproximadamente la mitad de los presos vinculados con las pandillas, no precisó una cifra exacta de cuántas personas serían liberadas ni cuándo comenzaría a aplicarse.
Bukele explicó que ahora se busca distinguir entre quienes integraban las estructuras criminales y quienes colaboraron con ellas en un contexto marcado por el control territorial de las pandillas.
Según indicó, se tomaría en cuenta que "estas personas vivían bajo ese yugo (dominio de las pandillas) y no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad".
“Hay mucha gente que sí, ha cometido delitos, pero su delito fue colaborar con las pandillas. Merecen estar en la cárcel, pero venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era tan inusual y si nosotros nos pusiéramos a capturar todos los que colaboraron con las pandillas tuviéramos que arrestar al 20% de la población”, explicó.
"Venimos de un país donde la violencia era el día a día y convivir entre las pandillas, que eran el verdadero gobierno de este país y la verdadera dictadura de este país, era el día a día", añadió.
En ese sentido, confirmó que se está evaluando "los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos que sí son culpables, sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos".
El mandatario aclaró que no se trataría de una absolución: los beneficiarios seguirían siendo considerados "culpables", aunque podrían salir de prisión bajo monitoreo.
Para ilustrar las diferencias entre los niveles de colaboración, señaló que "no tendría el mismo nivel de colaboración quien ayudó a enterrar un cadáver en comparación con el muchacho que lo ponían en la orilla del pasaje y él avisaba cuando venía la Policía".
Sin embargo, Bukele, que buscará un tercer mandato en las elecciones de febrero, no detalló los criterios que se utilizarían para determinar quiénes podrían acceder al beneficio ni cuánto tiempo tomaría la evaluación.
Continuidad del régimen de excepción
Pese al anuncio de posibles liberaciones, el presidente, que mantiene una alta aprobación entre los salvadoreños, defendió la continuidad del régimen de excepción, que se ha convertido en el principal instrumento de su política de seguridad y ha colocado a las megacárceles en el centro de su estrategia contra las pandillas.
Bukele sostuvo que todavía existen estructuras criminales activas y defendió la necesidad de mantener el régimen de excepción “porque todavía existen células cancerígenas. Todos los días atrapamos a pandilleros escondidos, entonces si nosotros retiramos la quimioterapia, el cáncer va a regresar”.
Sin embargo, también aseguró que la medida no será permanente: “A mí me encantaría quitarlo y lo vamos a hacer en algún momento, por supuesto”.
Organizaciones como Amnistía Internacional han advertido sobre la situación de los presos y cuestionado los juicios masivos contra personas detenidas durante su lucha contra las pandillas. Según varias ONG, estos procesos no permiten individualizar adecuadamente la responsabilidad penal y pueden derivar en condenas contra personas inocentes. También han denunciado que el régimen de excepción ha suspendido derechos fundamentales, entre ellos el de conocer los motivos de la detención y tener acceso a un abogado.
Una comisión que revisa los casos de los detenidos
El anticipo del plan llegó durante una conferencia de prensa posterior a la firma de un acuerdo de inversión por 2.900 millones de dólares entre Bukele y el empresario español Enrique Riquelme, líder y representante del Grupo Cox. Los fondos se destinarán a proyectos de energía, gas natural, agua y saneamiento.
Durante la ronda de preguntas, una periodista consultó al mandatario sobre las publicaciones que su hermano, Ibrajim Bukele, había realizado en abril en la red social X acerca de una comisión encargada de revisar los casos de personas detenidas.
En aquel momento, Ibrajim Bukele había afirmado que existía una "comisión independiente" integrada por jueces, fiscales y personal del Ejecutivo, con participación del Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele. Según explicó entonces, la comisión "trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales" para evaluar los casos de los detenidos.
Al ser consultado sobre esas declaraciones, el presidente defendió que no pretende mantener encarceladas a personas inocentes.
“Creo que lo que él quiso decir es que lo que estamos haciendo es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener a ninguna persona que no sea culpable en la cárcel”, sostuvo. Bukele también insistió en que las autoridades revisan los casos de las personas privadas de libertad durante el régimen de excepción de manera individual, “uno por uno”.
Sin embargo, no confirmó si la comisión mencionada por su hermano está vinculada con el nuevo plan de liberación anticipada ni precisó cuánto podría demorar el proceso de evaluación.
Además, las declaraciones coincidieron con una conversación ese mismo día entre Bukele y el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, en la que abordaron la seguridad de los puertos y otras infraestructuras estratégicas de El Salvador. Según el Departamento de Estado, el diálogo se centró en cómo mantener estas instalaciones “seguros y libres de influencias extranjeras malignas”, aunque no brindó detalles ni se indicó si tiene relación con el nuevo plan.
El mandatario salvadoreño ha cultivado una estrecha alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y participa en el Escudo de las Américas, una iniciativa de Washington que reúne a varios gobiernos de derecha de la región para reforzar la cooperación en materia de seguridad.
Esta relación también se ha traducido en acuerdos controvertidos, como el traslado de cientos de hombres desde Estados Unidos a la megacárcel salvadoreña conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La mayoría eran venezolanos a quienes Washington señalaba como presuntos integrantes de organizaciones criminales. El CECOT, construido durante el Gobierno de Bukele, se ha convertido en uno de los principales emblemas de su política de mano dura contra las pandillas.
