La reforma laboral que el Gobierno del presidente Javier Milei impulsa en el Congreso —y que confía en convertir en ley esta misma semana— amenaza derechos laborales que los argentinos conquistaron durante más de un siglo y que situaron al país históricamente a la vanguardia en protección de los trabajadores.
El proyecto solo necesita el visto bueno del Senado. Allí ya fue aprobado previamente, pero debe volver a tratarse por la eliminación de un artículo, lo que hace que sus posibilidades de sanción definitiva sean altas, prácticamente aseguradas.
La iniciativa modifica las indemnizaciones por despido, flexibiliza el régimen de vacaciones y horas extra y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que la oposición, los sindicatos y distintos expertos consideran perjudiciales para los trabajadores.
Milei sostiene que la reforma permitirá que Argentina resulte más atractiva para las empresas y la inversión extranjera, al reducir los costos laborales y simplificar los procesos de contratación y despido. Un enfoque que, según críticos del proyecto, va a contramano de derechos adquiridos desde comienzos del siglo XX.
La lucha por la jornada de ocho horas
A lo largo del siglo XIX, los trabajadores soportaban jornadas de hasta 14 horas, sin derechos ni protección, lo que dio lugar a las primeras huelgas por mejores salarios y reducción de la jornada laboral. Llegado 1900, el movimiento obrero comenzó a organizarse en sindicatos, con reclamos claros como la jornada de ocho horas, el descanso dominical y la prohibición del trabajo infantil.
Todo ese camino estuvo marcado por fuertes represiones y masacres, como la ocurrida en Buenos Aires en 1919 durante la Semana Trágica. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de esas demandas se transformaron en derechos concretos, varios de ellos aún vigentes. Derechos que incluso durante las dictaduras, pese a las restricciones a la actividad sindical, se mantuvieron y sobrevivieron al retorno de la democracia.
Uno de los primeros logros clave llegó en 1929 con la ley que estableció la jornada máxima de ocho horas, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. No obstante, este es uno de los primeros puntos que afecta la reforma de Milei.
Con la reforma impulsada por el partido gobernante, La Libertad Avanza, el límite de horas queda en discusión: el actual es de ocho horas diarias y 48 semanales, pero ahora podrá extenderse hasta 12 diarias. Las horas extra, anotadas en un “banco de horas”, podrán compensarse con días libres o reducciones en jornadas posteriores, en lugar de pagar con recargos del 50% o 100%, como establece la ley actual.
Según el Ejecutivo, esto otorgará a los trabajadores la “potestad” de negociar una jornada distinta o acumular horas para tomarlas más adelante. Sin embargo, sindicatos y expertos advierten que esta aparente libertad también podría habilitar jornadas extensas, ya que el empleador podría exigir hasta 12 horas diarias sin previo aviso, generando un impacto negativo en las condiciones laborales.
Las leyes de Perón que cambian
Entre 1943 y 1945, bajo el impulso del fallecido presidente Juan Domingo Perón –entonces secretario de Trabajo del gobierno de Edelmiro Farrell– se incorporaron derechos fundamentales como vacaciones pagadas y el salario extra anual o aguinaldo. Ya al frente del Ejecutivo, entre 1946 y 1955, se consolidaron reformas estructurales que hoy se ven afectadas, entre ellas indemnizaciones y funcionamiento de los sindicatos.
Entre los cambios más sensibles figura la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una caja común para financiarlas administrada por entidades financieras privadas, sin responsabilidad del Estado sobre la disponibilidad de los fondos. Especialistas alertan que esto debilita la protección laboral, facilita la rotación arbitraria y permite a las empresas ajustar rápidamente su personal. Además, se recortan conceptos que suelen integrar la base de cálculo de indemnización, como aguinaldo o bonos.
También estuvo cerca de modificarse el régimen de licencias por enfermedad, que incluía artículos para reducir el salario durante ausencias por enfermedad o accidentes no laborales. No obstante, generó oposición, por lo que el Gobierno decidió quitar este punto para agilizar el trámite legislativo.
Modificaciones a los sindicatos
Entre 1943 y 1955 se estableció la personería gremial y se sancionó la ley que regula los convenios colectivos de trabajo, creando un marco legal que fortalecía a los sindicatos y les daba más poder para negociar salarios y derechos.
A partir de ese marco, el sindicato más representativo recibía la personería gremial y firmaba los convenios colectivos, garantizando pisos salariales y condiciones mínimas de trabajo. En general, la mayoría de los países tiene varios gremios por actividad, más débiles para negociar.
La reforma elimina este esquema: podrá haber más de un gremio por actividad, y se permitirán acuerdos por empresa y contratos individuales con condiciones pactadas directamente entre empleador y trabajador, que tendrán preeminencia sobre los convenios colectivos, debilitando el poder colectivo de negociación.
Además, ahora se endurecen las condiciones para ejercer el derecho a huelga, estableciendo mínimos de operación en actividades “esenciales” o “trascendentales”, lo que limita la efectividad de las medidas de fuerza.
La mayoría de estos derechos están en la Ley de Contrato de Trabajo, impulsada por Perón y sancionada meses después de su muerte, en 1974. Aunque la ley ha tenido modificaciones en las últimas décadas, sigue siendo considerada una de las más avanzadas del mundo en materia de protección laboral, basada en el principio de que la relación entre empleador y empleado no es entre iguales y que, por ello, la ley debe proteger al trabajador, la parte más débil.
Mientras el Gobierno de Milei reitera que la reforma busca modernizar el mercado laboral, sus opositores, en cambio, advierten que precariza y reduce derechos históricos, facilitando despidos, debilitando la negociación colectiva y limitando las herramientas de defensa laboral. Derechos que costaron décadas de lucha para conseguirse.
