Una reforma laboral —o, más bien, un proyecto de ley que podría cambiar de manera profunda las condiciones de trabajo en Argentina— entra en una etapa decisiva. El Gobierno del presidente Javier Milei tiene altas expectativas de aprobarla este jueves en la Cámara de Diputados, tras su visto bueno en el Senado. Pero el camino de la reforma ha sido largo y ha atravesado tensiones, incluso con partidos aliados. Ahora, justamente, enfrenta un nuevo desafío: el llamado a una huelga general.
La propuesta flexibiliza las condiciones de contratación, modifica el sistema de indemnizaciones por despido, cambia el régimen de vacaciones y permite ampliar la jornada laboral diaria de ocho a 12 horas. También establece nuevas limitaciones al derecho de huelga, entre otros.
El proyecto fue aprobado la semana pasada en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra. Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma permitirá reducir la informalidad laboral —que supera el 40% del mercado de trabajo— y fomentar la creación de empleo mediante una menor carga impositiva para los empleadores. En contraste, los sindicatos califican los cambios como “regresivos” y “anticonstitucionales”, y anticipan que recurrirán a la Justicia si la ley es aprobada.
El debate se da en un país con fuerte presencia sindical y una larga tradición de lucha por las condiciones de los trabajadores. Argentina adoptó desde mediados del siglo XX un modelo laboral con leyes que establecían el descanso dominical, la jornada de ocho horas, la reglamentación del trabajo de mujeres y menores, la ley de accidentes de trabajo y de enfermedad, entre otras.
Por eso, para muchos sectores, no se trata de una ley más: es una reforma que introduce cambios estructurales en la nación, y son numerosos los aspectos que podrían marcar un quiebre histórico en la tradición de derechos laborales de Argentina.
Sin embargo, para conseguir dictamen y sesionar en Diputados este jueves, el partido gobernante necesitaba el apoyo de otras agrupaciones aliadas. Todo parecía encaminado, pero el proceso se trabó por un artículo que generó fuerte rechazo y estuvo a punto de hacer naufragar el proyecto.
Licencias médicas: el artículo que casi hace caer la reforma
El pasado jueves, horas antes de la votación en el Senado, un artículo del proyecto de reforma fue modificado: el que establecía las licencias médicas. La nueva redacción fue, en principio, un misterio, ya que nadie se adjudicó plenamente su autoría, aunque luego fue atribuida al partido gobernante, La Libertad Avanza.
Ese artículo, el 44, ordenaba que, durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores no cobrarían su salario completo. Cuando la “imposibilidad de trabajar fuera consecuencia de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo para la salud”, se fijaba un pago del 50% del salario. En los casos en que la incapacidad no fuera producto de una conducta voluntaria del trabajador, el salario sería del 75%. Actualmente, el pago es del 100%.
Según la Central General de los Trabajadores (CGT), esta modificación obliga a atravesar períodos de enfermedad con una fuerte reducción salarial, lo que “afecta el bolsillo del trabajador en momentos en los que tiene gastos adicionales derivados de su condición médica”.
Pese al malestar generado –y en parte por el poco tiempo para análisis previo a la votación– el Senado aprobó el artículo. Sin embargo, la controversia creció y puso en riesgo la aprobación del proyecto en Diputados.
Ante ese escenario y el riesgo de que la reforma se estanque, el gobierno decidió retirar el artículo por completo, sin reformularlo ni buscar una alternativa. El episodio fue leído como un paso en falso, ya que cuando la reforma parecía avanzar sin obstáculos, este artículo reactivó a la oposición y generó objeciones incluso entre aliados. Aun así, no parece un inconveniente suficientemente grande como para frenar la aprobación final.
La otra polémica: el Fondo de Asistencia Laboral
Entre los cambios más polémicos aparece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo obligatorio que funciona como una caja común para financiar indemnizaciones por despido. Las empresas deberán aportar un porcentaje del salario del empleado: entre el 1% y el 2,5% del bruto. Este porcentaje se descuenta de los aportes patronales que antes iban al sistema de seguridad social. Ahora, en cambio, irán al FAL, de gestión privada.
Cada empleador deberá abrir una cuenta individual en un FAL, que será inembargable y solo podrá utilizarse para cubrir obligaciones laborales derivadas del fin de la relación laboral.
El Estado no asumirá responsabilidad alguna por la disponibilidad ni la suficiencia de los fondos. La administración quedará en manos de entidades financieras privadas, lo que convierte al esquema en un negocio particularmente rentable para el sector financiero, que podrá invertir los recursos en distintos instrumentos. Se propuso que el fondo fuera administrado por el Banco Nación u otra entidad estatal, pero la reforma mantuvo la gestión en manos privadas.
Este sistema altera la lógica histórica de la indemnización por despido, que cumple también una función disuasoria. Al reducir el costo del despido, se debilita la protección frente a la rotación arbitraria y se facilita el ajuste rápido de personal ante fluctuaciones de la demanda. En ese escenario, la oposición y los sindicatos denuncian que los principales perjudicados son los trabajadores, que pierden protección frente al despido sin causa.
Además, la reforma también avanza sobre el cálculo de las indemnizaciones, al excluir conceptos no mensuales como el salario extra anual o aguinaldo. Cabe recordar que el Sueldo Anual Complementario fue establecido por ley en 1946, tras la elección del fallecido presidente Juan Domingo Perón. Con la nueva normativa, dejaría de estarlo, lo que reduciría aún más los montos indemnizatorios.
Huelga y servicios mínimos
La reforma endurece las condiciones para la realización de huelgas y amplía la definición de “servicios esenciales”, obligando a garantizar servicios mínimos más amplios. Para el Ejecutivo, el objetivo es proteger derechos de terceros y evitar la paralización de la economía.
Sin embargo, los sindicatos denuncian que, al ampliar excesivamente la noción de servicio esencial, el derecho constitucional de huelga queda restringido en la práctica y se debilita la capacidad de presión sindical.
¿Qué más entra en la reforma?
En materia de vacaciones, la ley vigente establece un mínimo de 14 días corridos. La reforma permitiría que el empleador las fraccione en períodos, de al menos siete días.
Respecto de la jornada laboral, el límite actual de ocho horas diarias y 48 semanales podrá extenderse hasta 12 diarias, con 12 de descanso.
También se incorpora un sistema de banco de horas como alternativa: ahora las horas extra podrán compensarse con días libres o reducciones en jornadas posteriores, a diferencia de la ley actual, mediante la cual se debían pagar con recargos del 50% o del 100%.
Además, la reforma contempla otras modificaciones que recibieron menos críticas, aunque también las hubo. Entre ellas, habilita el pago de salarios en dólares y modifica la Ley de Asociaciones Sindicales, estableciendo que asambleas y congresos de delegados no pueden afectar el normal funcionamiento de la empresa, deben contar con autorización del empleador y no serán remunerados.
Paro general, protestas y advertencias a la prensa
La CGT convocó a una huelga general para el jueves, el día en que la Cámara de Diputados debate la reforma. Los sindicatos del transporte anunciaron que acatarán plenamente el paro general, lo que podría frenar el transporte terrestre, aéreo y fluvial.
Aunque la huelga fue convocada sin movilización, distintos sindicatos y organizaciones políticas anticiparon que volverán a manifestarse y protestar en las calles.
Ahora bien, desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023, el gobierno aplica el denominado “protocolo antipiquetes”, que prohíbe protestas sobre la calzada y las limita a las veredas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, adelantó este martes que se evalúa endurecer el protocolo, incluyendo la revisión de bolsos y la prohibición de banderas. "Ante hechos de violencia, nuestras fuerzas actuarán", dice el texto.
En paralelo, el gobierno dispuso medidas especiales para la prensa y advirtió sobre el “riesgo” de las protestas previstas. Se estableció una zona exclusiva para periodistas y se recomendó evitar ubicarse entre focos de violencia y las fuerzas de seguridad.
Las autoridades justificaron la decisión en los incidentes ocurridos la semana pasada, cuando miles de personas se manifestaron durante el debate en el Senado. Aquellas protestas derivaron en enfrentamientos con la policía y dejaron un saldo de unas 30 personas detenidas.
A pocas horas de que el debate llegue a la Cámara de Diputados, las preguntas siguen abiertas: ¿se trata de una reforma pensada para los trabajadores o para las empresas? ¿Logrará el gobierno aprobar a tiempo para que Milei la presente el 1 de marzo, en el tradicional discurso de apertura de sesiones, como su primer triunfo de 2026?
