Miles de estudiantes tomaron este miércoles las calles del centro de Santiago de Chile para protestar contra el plan de austeridad impulsado por el presidente chileno, José Antonio Kast, y los recortes presupuestarios anunciados en el sector educativo.
Bajo consignas como "¡La educación pública se defiende!", la movilización se convirtió en la primera gran manifestación estudiantil desde la llegada al poder del líder ultraderechista el pasado 11 de marzo.
La protesta fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la principal organización estudiantil del país, que reúne a las federaciones universitarias más importantes y que, hace más de una década, estuvo vinculada a figuras como el expresidente Gabriel Boric.
"Tenemos mucha incertidumbre. El Gobierno dice y se desdice muchas veces y creemos que para el segundo semestre la situación va a estar complicada", afirmó a la agencia de noticias EFE Angy Morán, vocera de la Confech y estudiante de la Universidad Mayor.
Morán defendió la gratuidad en la educación superior, una de las principales conquistas de las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011, y aseguró que los ajustes anunciados por el Ejecutivo "no están justificados".
"La situación económica de Chile no es la misma que la de Argentina. Se ha demostrado que los recortes no dan resultado. La crisis económica que existía antes de la llegada de Milei al poder no se ha superado, sino que se ha agravado", sostuvo.
Ajustes por miles de millones
Kast llegó a la presidencia con la promesa de reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares durante sus primeros 18 meses de mandato y sanear las cuentas fiscales del país.
Como parte de esa estrategia, el Gobierno anunció un plan de recortes equivalente a unos 2.000 millones de dólares que afecta a la mayoría de los ministerios.
Según datos oficiales, el Ministerio de Salud es el más afectado, con una reducción de 435.000 millones de pesos chilenos (unos 486 millones de dólares), equivalente al 2,5% de su presupuesto. En el caso de Educación, el ajuste alcanza los 197.000 millones de pesos (unos 221 millones de dólares), lo que representa el 1,3% de los recursos asignados a la cartera.
Durante su primer discurso ante el Parlamento esta semana, Kast reconoció que las medidas de austeridad generarán "dolor", pero insistió en que los derechos sociales y las ayudas estatales no se verán afectados. Según el mandatario, los ajustes buscan aumentar la eficiencia de los programas públicos.
Temor al impacto en las escuelas
Sin embargo, estudiantes y organizaciones sociales aseguran que los efectos de los recortes ya comienzan a sentirse.
"En mi escuela ya se ha empezado a recortar en las colaciones", explicó a EFE Julieta Ramírez, una estudiante de 13 años que participó en la manifestación con una pancarta que decía: "Contra la precarización, organización".
Para Lucas González, estudiante universitario de 22 años, las medidas representan un retroceso en el desarrollo educativo del país.
"En vez de avanzar en educación cívica, estamos retrocediendo. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis ecosocial y la pobreza si estamos desfinanciando la educación?", cuestionó.
La marcha contó además con el respaldo de diversas organizaciones sociales y sindicales, entre ellas el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora Feminista 8M.
"Solo de manera articulada vamos a poder hacer frente a los recortes de Kast", afirmó a EFE Laura Manzi, vocera de la Coordinadora Feminista 8M.
Rechazo a una nueva ley de seguridad escolar
Durante la protesta también surgieron críticas a una controvertida ley promovida por el Ejecutivo para combatir la violencia en los centros educativos y aprobada esta semana por el Parlamento.
La normativa autoriza la revisión de mochilas en los establecimientos escolares y establece la suspensión durante cinco años del acceso a la gratuidad universitaria para estudiantes condenados por delitos cometidos dentro de las escuelas.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, aseguró a EFE que la ley "no resuelve las causas de la violencia en las escuelas" y la calificó de "discriminatoria".
"La educación es la base del desarrollo de un país", señaló el dirigente, quien advirtió que la normativa castiga con mayor dureza a los estudiantes de menores ingresos que dependen de ayudas estatales para acceder a la universidad.
La movilización transcurrió mayoritariamente de forma pacífica, aunque al término de la jornada se registraron enfrentamientos aislados entre algunos manifestantes y las fuerzas policiales.
