Zhuhai, China — Durante la última década, la política de Estados Unidos hacia América Latina ha sido leída, con frecuencia, a partir de lo que no ocurrió: escasas iniciativas hemisféricas, pocas cumbres regionales y una diplomacia presidencial limitada. Durante su mandato de 2020 a 2024, el entonces presidente Joe Biden visitó México en 2023, y Perú y Brasil en 2024, siempre en el marco de reuniones multilaterales. Por su parte, el mandatario Donald Trump en su primer período (2016-2020) realizó un único desplazamiento a la región –Argentina, en 2018– también asociado a una cumbre internacional. De ahí se consolidó una interpretación extendida: menos viajes equivalen a menor relevancia. Esa lectura, sin embargo, simplifica en exceso la relación.
La escasa presencia del presidente no significó que Estados Unidos dejara de actuar en América Latina. Lo que ocurrió fue distinto: la región pasó a ocupar un lugar menos importante dentro de la agenda de Washington. No fue una prioridad central, pero tampoco fue ignorada.
Al comparar los dos mandatos presidenciales de Donald Trump se puede apreciar con mayor claridad cómo se reconfiguró la política estadounidense hacia América Latina. Más que una ruptura abrupta, lo que se observa es una evolución en la forma de ejercer el poder. El contraste entre ambos períodos ayuda a entender no sólo qué cambió, sino por qué la región pasó de ser administrada a distancia a convertirse en un espacio donde Washington articula su política en torno a la coerción, la seguridad y el disciplinamiento regional.
Trump 1.0: la política hacia América Latina por delegación
Entre 2017 y 2021, América Latina ocupó un lugar claramente secundario en la narrativa de seguridad nacional de Estados Unidos. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 la abordó de forma funcional, asociándola principalmente con migración, crimen transnacional y regímenes considerados disruptivos, más que con cooperación o desarrollo hemisférico. Ese encuadre convirtió a la región en un conjunto de problemas a administrar, no en un espacio estratégico a construir.
La limitada implicación presidencial reforzó esa lógica. Trump no articuló una diplomacia regional propia y optó por delegar la interlocución en su entonces vicepresidente, Mike Pence, y secretario de Estado, Mike Pompeo. La ausencia de protagonismo directo no supuso inacción, sino una forma de presencia indirecta y selectiva, diseñada para contener riesgos específicos más que para ordenar una relación estructural.
Los viajes de Pence ilustran con claridad ese patrón. Aunque América Latina concentró cerca del 29% de los países que visitó durante su vicepresidencia, su presencia fue episódica y reactiva, desplegada en ocasiones necesarias: cumbres multilaterales, crisis migratorias o, incluso, coordinando acciones frente a Venezuela, pero bajo la consigna de “America First, not alone”. En otros términos, hubo intervenciones puntuales orientadas a estabilizar escenarios sensibles y enviar señales políticas concretas.
Dentro de ese esquema, México y Colombia emergieron como prioridades funcionales: México por su centralidad en la agenda migratoria y fronteriza; Colombia como plataforma clave de presión sobre Caracas. Otros países aparecieron como nodos instrumentales –Panamá por logística, Perú por multilateralismo, Guatemala por migración– más que como socios de un proyecto hemisférico.
La agenda de Pompeo refuerza esta lectura. América Latina y el Caribe concentró apenas el 14,4% de sus visitas, muy por detrás de Europa, Asia y Medio Oriente. No obstante, dentro de ese margen reducido, la lógica fue selectiva: México y Colombia, con tres visitas cada uno, acumularon recurrencia; Argentina y Brasil, con un par de visitas, funcionaron como apoyos puntuales; el resto de países (Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Surinam) fueron abordados mediante visitas únicas, de carácter instrumental, sin continuidad diplomática.
Así, en lugar de impulsar grandes proyectos o iniciativas regionales, la primera administración de Trump manejó la relación a distancia, delegando decisiones en Pence y Pompeo, interviniendo solo en temas puntuales y aplicando presión cuando lo consideró necesario. La lógica no fue construir una relación de largo plazo con la región, sino contener problemas específicos, como la migración, la seguridad o determinados gobiernos. Ese enfoque, sin embargo, dejó una conclusión clara en Washington: la gestión episódica no bastaba para evitar desalineaciones ni para contener las crecientes influencias externas.
La nueva estrategia de seguridad nacional y el paso al disciplinamiento regional
La Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., revelada a finales de 2025, recoge y formaliza ese diagnóstico. América Latina deja de aparecer simplemente como un espacio a administrar y pasa a ser tratada como un ámbito donde Estados Unidos reclama preponderancia y habilita el uso de medidas de disuasión para limitar la injerencia extrahemisférica. Más que la retórica doctrinal, lo relevante es su traducción operacional: un repertorio más corto, más coercitivo y más directo para inducir alineamientos y castigar desvíos.
Ese cambio se vuelve visible en el tipo de intervención presidencial a lo largo de 2025. Aunque Trump no viajó a la región, incrementó su presencia mediante decisiones de impacto directo: presión comercial, señalización política y, llegado el caso, uso de la fuerza. Brasil y Honduras funcionaron como antesala: en uno, la disputa en torno al juicio histórico contra el expresidente Jair Bolsonaro derivó en medidas de presión económica; en otro, la política electoral se cruzó con la narrativa de influencia estadounidense.
Venezuela aparece como culminación de ese patrón. Si en Trump 1.0 la región fue un expediente administrado por delegados, en Trump 2.0 se convierte en un escenario donde el presidente interviene de forma directa, respaldado por operadores clave.
En ese contexto, la captura de Nicolás Maduro a inicios de 2026 no se es un episodio aislado ni de una reacción improvisada, sino la expresión más visible de un cambio que ya se venía configurando, pero que había sido contenido. Durante Trump 1.0, la política hacia Venezuela —y hacia América Latina en general— no solo fue delegada al vicepresidente y el secretario de Estado, sino también estuvo contenida por la existencia de incentivos políticos internos: la búsqueda de la reelección imponía costos reputacionales y estratégicos a una escalada directa. En Trump 2.0, la pérdida de la expectativa del Nobel no elimina el cálculo sino que lo desplaza. Con la elección de medio término de noviembre de 2026 en el horizonte, el interés deja de ser reputacional y se vuelve electoral, privilegiando acciones demostrativas y de alto rendimiento político para sus bases.
La captura de Nicolás Maduro se produce, así, en un momento en que Estados Unidos deja definitivamente de gestionar a América Latina como un expediente secundario y pasa a tratarla como un espacio de intervención directa. Este desplazamiento no es sólo doctrinal: coincide con la desaparición de las amarras simbólicas que habían contenido la acción directa y con una reconfiguración del cálculo político, donde la presión abierta y su visibilidad resultan funcionales a incentivos electorales internos. En ese marco, la acción exterior deja de operar mediante intermediarios seleccionados y sanciones calibradas, y pasa a privilegiar acciones demostrativas, de alto impacto y alto rendimiento político ante las bases domésticas.
Rubio y la diplomacia de las prioridades inmediatas
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha operado como el rostro diplomático más constante de la segunda administración Trump, no por la originalidad de sus mensajes, sino por la densidad relativa de su agenda regional. En 2025 visitó 28 países; América Latina y el Caribe concentró cerca del 36% del total, por encima de Europa y Asia, con África como presencia marginal.
El orden de sus visitas revela una lógica de ventanas políticas: la primera secuencia –Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana– funcionó como un corredor diseñado para cerrar acuerdos rápidos en migración, seguridad y nodos logísticos. La segunda tanda caribeña –Jamaica, Guyana y Surinam– articuló en un mismo marco operativo la crisis haitiana y la agenda energética.
Los viajes a México y Ecuador llegaron deliberadamente más tarde, debido a contextos de transición política y reconfiguración de seguridad interna de dichos países en 2025. En términos simples, Rubio no viajó para redefinir la relación de fondo con la región, sino para cerrar compromisos acotados, de corto plazo, capaces de producir resultados inmediatos y políticamente comunicables.
El vacío del vicepresidente y el ascenso del Pentágono
A diferencia de Mike Pence, JD Vance no ha proyectado una diplomacia regional visible, y ese vacío ha sido ocupado de manera creciente por el Pentágono. En ese desplazamiento, el secretario de Guerra Pete Hegseth —en coordinación con el Comando Sur— aparece menos como figura retórica y más como operador funcional: cuando la política se endurece, el antes Departamento de Defensa actúa como puente entre presión y ejecución.
La señal no proviene de viajes sino de contactos selectivos, así como de su contenido. En 2025, Hegseth combinó llamadas y reuniones donde cooperación y alineamiento fueron entremezclados: migración y seguridad fronteriza con México; coordinación regional y protección del canal interoceánico con Panamá; capacidades, equipamiento y proyección marítima con Argentina. La visibilidad, sin embargo, no fue un fin en sí mismo, sino un medio para consolidar interoperabilidad, acceso y control sobre corredores críticos.
De esta manera, la relación deja de articularse sólo en clave diplomática y pasa a organizarse crecientemente bajo criterios estratégicos y de seguridad aplicados a decisiones económicas.
Una región más observada, menos tolerada
Entre el primer y el segundo gobierno de Donald Trump, el cambio no es de discurso, sino de modalidad de ejercicio del poder. En la primera administración, América Latina fue tratada como un expediente secundario, gestionado por delegación y activado de forma episódica. En la administración actual, sin romper con la ausencia de viajes presidenciales, la región se reconfigura como un espacio de orden, donde la intervención directa, la presión económica y la securitización adquieren mayor centralidad.
En ese marco, Marco Rubio y Pete Hegseth no operan como intermediarios ocasionales, sino como agentes de una política más densa: el secretario de Estado estructura la presencia diplomática en torno a prioridades inmediatas y ventanas de oportunidad; mientras que el secretario de Guerra traduce esa señal política en arquitectura operativa y criterios de seguridad aplicados. El resultado no es un “retorno” de Washington, sino una presencia más exigente.
