Una vez más, la atención internacional vuelve a cruzar el canal de Panamá. Las autoridades del país latinoamericano asumieron este lunes control de dos puertos estratégicos en sus accesos, tras anular la concesión a la compañía CK Hutchison, de Hong Kong. La decisión provocó una dura reacción del gobierno de la región administrativa especial, mientras que el presidente panameño, José Raúl Mulino, buscó despejar críticas y aseguró que la medida “no es ninguna expropiación”.
La empresa hongkonesa PPC, filial de CK Hutchison, operaba dos de los cinco puertos situados en torno al canal de Panamá y gestionaba el 38% del total de contenedores que mueve el sistema portuario del país. A partir de ahora, estas instalaciones quedarán bajo administración transitoria de filiales de la danesa Maersk y la suiza MSC.
"No es una expropiación”, aclara Mulino
En este marco, Mulino afirmó que la Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de las instalaciones “con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial”.
“Que quede claro: esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación", añadió el mandatario este lunes.
La Corte Suprema de Justicia del país latinoamericano anuló la concesión a la empresa PPC tras admitir dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general, Anel Flores, quien calificó el contrato de “leonino” y lesivo para los intereses del Estado.
Según la Contraloría, Panamá dejó de percibir 1.200 millones de dólares por las operaciones de la compañía. Además, la entidad señaló que la firma se benefició de “numerosas exenciones fiscales”, no pagó una renta adecuada por la concesión y que existieron irregularidades en una auditoría previa para justificar la renovación del contrato, en 2021, por 25 años más.
La Corte Suprema entonces concluyó que la concesión tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” y perjudicaba al Estado panameño. La toma de control se concretó tras la publicación del fallo en el diario oficial, último paso legal del proceso.
A comienzos de este mes, PPC informó el inicio de un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional por un monto estimado en 2.000 millones de dólares, aunque el proceso podría extenderse durante años.
El portavoz de la compañía, Alejandro Kouruklis, afirmó que PPC realizó inversiones por unos 1.800 millones de dólares. “Todas las inversiones, los equipos y el sistema operativo pertenecen a Panama Ports Company y deben ser compensados”, declaró al canal TVN-2.
Ahora bien, tras la decisión judicial, el Gobierno de Panamá autorizó este lunes dos contratos de concesión transitorios para garantizar la operación de los puertos. En el caso de APM Terminals –filial de la danesa Maersk, que administrará la terminal Balboa, en el Atlántico– se fijó un plazo de hasta 18 meses y una contraprestación de 26,1 millones de dólares. Para Terminal Investment Limited –la sociedad de MSC, encargada de Cristóbal, en el Pacífico– el monto será de 15,8 millones.
Hong Kong denuncia “toma forzosa” de puertos
Hong Kong trasladó este martes sus “firmes protestas” al cónsul de Panamá en la isla. “El Gobierno de Hong Kong expresa su firme disconformidad y oposición a la toma forzada, por parte del Gobierno panameño, de dos puertos” operados por PPC, señaló en un comunicado oficial.
“El Gobierno de Hong Kong condena este acto flagrante”, añade el texto, y exige a Panamá que "respete el espíritu de los contratos, que ofrezca un entorno de negocios equitativo y justo para las empresas (...), y que garantice que no se interfiera en sus derechos e intereses legítimos".
También el secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, expresó su “fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa” de los puertos.
Las autoridades hongkonesas sostienen, además, que la revocación de la concesión —vigente desde 1997— supone “un menosprecio a los hechos y una vulneración de la confianza”, y que “viola el espíritu” del contrato original.
Por su parte, PPC calificó la “toma ilegal” de las terminales como “el punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión”, y responsabilizó a Panamá de "todo perjuicio o daño causado por sus acciones confiscatorias". Luego, aseguró que se reserva “todos los derechos y recursos legales contra el Estado”.
Presión de Trump por “influencia de China”
La toma de control de los puertos es interpretada por algunos analistas como parte de un escenario de creciente tensión geopolítica. Las demandas contra el contrato de la empresa hongkonesa se presentaron en julio, meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara que veía con preocupación la supuesta “influencia china” sobre el canal, e incluso amenazara con “retomar” su control.
Estados Unidos y China son los principales usuarios de la vía interoceánica, por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial. Washington ha expresado inquietud por la operación de Hutchison en los accesos al canal, al sostener que esta presencia podría representar una amenaza para la seguridad nacional y regional.
Mulino ha rechazado la idea de un control chino sobre el canal, aunque aseguró que PPC había convertido los puertos en un “territorio autónomo”, al negar información sensible a las autoridades panameñas. El mandatario afirmó que mediante ese contrato “se sometió por décadas a todo un país sin transparencia alguna”, ya que las autoridades no podían acceder a información y documentación relacionada con las operaciones.
El fallo judicial de este lunes se produjo además cuando Hutchison buscaba vender sus puertos a un consorcio liderado por BlackRock, con sede en Estados Unidos. En un principio, la operación fue interpretada como una consecuencia de la presión cruzada entre Washington y Beijing. Sin embargo, analistas sostienen que la decisión de vender los puertos del canal de Panamá responde, más bien, a una cuidadosa evaluación de riesgos, y no a tensiones geopolíticas.
