Durante más de dos décadas, un monumento se alzó cerca de la entrada del canal de Panamá como testimonio de la amistad de este país con China. Un símbolo que desapareció este sábado, cuando fue derribado por orden de autoridades locales. El hecho desató una polémica, con críticas del presidente panameño, José Raúl Mulino, y de Beijing. Todo en un contexto marcado por meses de acusaciones de Estados Unidos sobre un supuesto control chino de la vía interoceánica.
Según indicaron desde el gobierno panameño, se trató de una decisión sorpresiva por parte de la alcaldía del distrito de Arraiján, que ordenó la demolición del monumento, construido en 2004, alegando que la estructura presentaba daños que representaban un “riesgo”.
Sin embargo, el presidente Mulino afirmó este domingo que “no hay justificación alguna para la barbaridad cometida”, y calificó el hecho como un “acto de irracionalidad imperdonable”.
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, instó a Panamá a investigar lo que describió como una "demolición forzada". "China está seriamente insatisfecha con las demoliciones forzadas llevadas a cabo por autoridades locales competentes en Panamá y ha presentado firmes protestas ante la parte panameña", indicó.
También la embajadora china en Panamá, Xu Xueyuan, expresó, tras constatar personalmente la demolición, que se trata de un “día ensombrecido” para la comunidad china y de “gran dolor para la amistad” entre ambos países. En un comunicado publicado en la red social X, también pidió “investigar exhaustivamente” lo sucedido y “sancionar severamente” las acciones “ilegales, irregulares y vandálicas” vinculadas al derribo del monumento.
Las críticas —a la que se sumaron expresidentes y dirigentes políticos panameños— llevó al Gobierno de Mulino a ordenar la “inmediata restauración del monumento en su mismo lugar”, en coordinación con la comunidad china en Panamá. La medida apunta a restituir la estructura —compuesta por un gazebo, un portal y un obelisco que recordaban la llegada de los primeros ciudadanos chinos a Panamá en 1854— en el mirador del Puente de las Américas.
En su pronunciamiento, el Gobierno panameño subrayó que “no comparte la destrucción del monumento” ni el procedimiento utilizado para retirarlo, que se realizó durante la noche del 27 de diciembre, sin que existiera “ninguna comunicación ni coordinación con el Gobierno”.
También hizo referencia a la población china en Panamá, integrada por cerca de 300.000 chino-panameños, e instó a la alcaldía de Arraiján a “escuchar a todas las comunidades y a preservar el patrimonio cultural y los derechos culturales, en lugar de destruirlos, pues este representa la diversidad que engrandece a nuestra patria”.
El componente geopolítico
Pero más allá de los lazos históricos entre Panamá y China, la demolición del monumento tiene un trasfondo que la vuelve especialmente relevante y aún más polémica.
Tras bambalinas están las crecientes tensiones entre Washington y Beijing, en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado en los últimos meses con “retomar” el control de la vía interoceánica, al asegurar que China ejerce lo que, según afirma, es una influencia excesiva sobre sus operaciones.
Cabe recordar que el canal de Panamá, construido por Estados Unidos en 1914, ha sido una ruta estratégica clave para el comercio mundial. En 1977, a través de los Tratados Torrijos-Carter, esta vía y sus áreas circundantes fueron transferidos a Panamá, con la condición de que los buques de todos los países pagaran tarifas uniformes basadas en su capacidad y carga, sin importar su origen o destino. El control del canal pasó a Panamá en 1999, conforme a esos acuerdos bilaterales.
En diciembre pasado –incluso antes de asumir su segundo mandato– Trump exigió condiciones preferenciales para el uso del canal por parte de embarcaciones estadounidenses y expresó su preocupación por la empresa Hutchison Ports, con sede en Hong Kong, que gestiona dos puertos en las entradas de la vía. Bajo esas presiones, en los siguientes meses la compañía aceptó vender las dos terminales a un consorcio liderado por la firma estadounidense BlackRock.
No obstante, Mulino ha afirmado previamente que “cada metro cuadrado del canal de Panamá y su zona adyacente, es de Panamá y lo seguirá siendo”. Ha sostenido que sobre el paso marítimo no tienen "control directo o indirecto" ni China, ni la Comunidad Europea ni Estados Unidos ni cualquier otro país o bloque.
Por su parte, China ha asegurado que no tiene ningún tipo de influencia especial como la que denuncia Trump. "China apoya los esfuerzos de Panamá por mantener su independencia y defender firmemente sus legítimos derechos e intereses como país independiente y soberano", declaró en junio el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin. Y añadió en ese momento: "En cuanto a la navegación de los buques de países relevantes, China, como siempre, respetará la soberanía de Panamá sobre el canal y lo reconocerá como una vía fluvial internacional permanentemente neutral".
