El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en enero, pidió a un juez estadounidense que desestime los cargos penales por narcotráfico en su contra, argumentando que debería estar protegido de un proceso judicial por ser el jefe de un Estado soberano.
Maduro, de 63 años, es acusado de cuatro delitos, entre ellos el de "narcoterorismo". Su juicio debe comenzar el 1 de junio de 2027. Los cargos, presentados ante un tribunal federal de Manhattan, sirvieron de argumento para la operación del 3 de enero en la que el ejército estadounidense irrumpió en Caracas y capturó a Maduro.
Maduro se ha declarado no culpable y está previsto que el juicio comience el 1 de junio de 2027, si su intento de desestimar el caso no tiene éxito.
Maduro consideró que el tribunal de Nueva York que lleva adelante su caso "no es competente" para juzgarlo a él ni tampoco a su esposa Cilia Flores, también detenida en Estados Unidos, según un documento presentado por sus abogados ante el tribunal de Nueva York.
Según el documento, Maduro tiene además derecho a inmunidad puesto que los cargos presentados en Estados Unidos abarcan sus mandatos presidenciales.
"Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fuera reconocido por su propio país como jefe de Estado en ejercicio en el momento en que se presentaron los cargos", señala el texto de la defensa. "La inmunidad de los jefes de Estados soberanos constituye un principio fundamental del derecho internacional", sostienen los abogados Barry Pollack y Anna Estevao.
El principio de que los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad frente a procesos judiciales en el extranjero es un principio consolidado del derecho internacional y es considerado fundamental para la diplomacia.
La intención de Maduro de convencer al juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein, con sede en Manhattan, de que desestime el caso pondrá a prueba la reticencia general de los tribunales estadounidenses a aplicar el derecho internacional en casos penales.
En su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, el 6 de enero de 2026, Maduro clamó su inocencia, afirmó que seguía siendo el presidente de Venezuela y lanzó: "Soy un prisionero de guerra".
Los fiscales tienen hasta el 2 de octubre para responder a la solicitud de Maduro de desestimar la acusación, y Hellerstein celebrará una audiencia sobre el pedido el 17 de noviembre.
Un caso poco favorable
Washington no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019, y los tribunales suelen acatar la postura del presidente y su gabinete en las disputas sobre quién es reconocido como líder de un país extranjero.
Asimismo, los procesos penales en Estados Unidos que involucran a jefes de Estado extranjeros son extremadamente inusuales, pero los casos similares al de Maduro, en general, no le son favorables.
En 1990, un juez federal de Miami rechazó el intento del exlíder militar panameño Manuel Noriega de invocar la inmunidad de jefe de Estado, en parte porque nunca ocupó oficialmente el cargo de presidente.
Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro en 2019, cuando asumió el cargo tras unas elecciones de 2018 que Washington calificó de irregulares. Estados Unidos tampoco consideró legítima su reelección de 2024.
Maduro sostiene que ambas votaciones fueron legítimas y acusa desde hace tiempo a Washington de buscar su salida del poder para hacerse con el control de las riquezas petroleras del país sudamericano.
Tras la captura de Maduro, la exvicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asumió el liderazgo del Gobierno venezolano. Desde entonces, ha incrementado la cooperación con Washington. De hecho, el mes pasado, ambos países alcanzaron un acuerdo sin precedentes que permitiría a Estados Unidos mantener influencia sobre aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela.
