En menos de 24 horas, la convulsión política que atraviesa Paraguay por cuenta de una crisis bancaria llevó este viernes a la destitución del presidente Santiago Peña, a su posterior detención y a la juramentación del hasta ahora vicepresidente Pedro Alliana como nuevo mandatario. Una cascada de hechos desatada por la intervención que ejecutó a principios de esta semana el Banco Central del país sobre el Ueno Bank, con el que Peña tenía vínculos, y que dejó a cerca de tres millones de personas sin acceso a sus ahorros. Todo un “descalabro financiero”, en palabras de Alliana.
"Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", señaló el nuevo presidente, poco después de asumir el cargo en una sesión extraordinaria del Senado. “Nuestro país atraviesa momentos difíciles que nos exigen serenidad, trabajo y decisiones firmes”, añadió.
Alliana, de 52 años y quien deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028, también ordenó tomar "acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas", con prioridad para los menos favorecidos. Como nuevo vicepresidente fue designado el senador Antonio Barrios.
La destitución de Peña
Este viernes, tras un acelerado juicio político contra Peña –quien había intentado renunciar un día antes–, el Senado aprobó abrumadoramente su destitución como presidente por "mal desempeño en sus funciones”. Del total de 45 votos, 44 fueron a favor y el restante se debió a una ausencia.
En el centro del caso están, según la acusación del Congreso, los vínculos de Peña con Ueno Holding, un conglomerado empresarial que incluye a Ueno Bank y en el que él tuvo acciones hasta marzo de 2025, cuando las vendió. También, el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay (BCP).
De ahí que los diputados que actuaron como fiscales en el juicio político lo acusaran de conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvíos de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que involucró al Banco Central.
Según los legisladores, Peña permitió que agencias estatales y fondos públicos de pensiones depositaran cientos de millones de dólares en el Ueno Bank, excediendo los límites legales, a pesar de las advertencias sobre préstamos internos y la falta de garantías.
Durante el juicio político, Raúl Benítez, uno de los diputados que acusó a Peña, aseguró que este "instaló un esquema de vaciamiento bancario desde el Poder Ejecutivo", y señaló que la maniobra comenzó con el nombramiento de Carvallo en el BCP.
En esa misma línea, la diputada opositora Rocío Vallejo aseveró que “Peña lideró actuaciones que expusieron a ahorristas y pensionistas al desfalco más grande de este país (...) perdió, y esa cifra va en aumento, 1.200 millones de dólares”. Y luego sostuvo que él "sabía que el banco iba a caer".
Peña ha negado estas acusaciones.
“Debido proceso“: el reclamo de Peña
Ahora bien, el juicio político se desarrolló en ausencia de Peña, a pesar de que el jueves, cuando se aprobó y se anunció el proceso, él había asegurado que estaría presente y respondería por los cargos. “Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió en su cuenta de la plataforma X.
Sin embargo, horas después, informó también en redes sociales que había solicitado una prórroga de 72 horas para poder ejercer su defensa, pues la acusación se le notificó en la noche del jueves, con 300 folios de anexos “y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso”.
Y en la mañana del viernes, su equipo legal le pidió al Senado más tiempo de plazo para preparar la defensa. Sin embargo, esa solicitud fue negada y se le instó a Peña a que se presentara en el juicio.
Eso ha llevado a que sus abogados reclamen que hay una "violación al debido proceso". De hecho, durante el juicio, Ricardo Preda, defensor de Peña señaló que "existen violaciones muy básicas en el debido proceso, entre ellas el tema del plazo".
Peña, detenido
Menos de una hora después de ser destituido este viernes, Peña fue detenido en su residencia de Asunción, la capital. "Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio", dijo a la prensa la fiscal Silvia González.
Sin embargo, la agencia de noticias AFP informó que cerca de la medianoche, el ahora expresidente fue trasladado bajo custodia a una sede militar por razones de seguridad. Imágenes de televisión mostraron tres camionetas saliendo de la residencia presidencial en medio de huevos, patadas e insultos de un grupo de manifestantes, añadió el reporte.
Ahora se espera que Peña sea conducido a la Fiscalía General de Paraguay en la mañana de este sábado, hora local, donde será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
Este jueves, el ente acusador había anunciado que incluiría a Peña en las investigaciones de tres causas penales abiertas relacionadas con Ueno Bank, entre ellas las vinculadas con la supervisión de la entidad y la colocación de fondos públicos.
“Que nos devuelvan nuestra plata”
Afuera del Congreso, varios cientos de personas que aguardaban la votación en el Senado celebraron la destitución, reportó AFP. "Por fin, por fin se fue Santiago Peña, por fin se hizo justicia. Ahora queremos que nos devuelva nuestra plata y él termine en la cárcel", dijo una de las manifestantes, Jessica Aquino, de 32 años.
"Nosotros estamos cansados, Ueno fue solamente una manifestación de los millones y millones de sacadas (de dinero) del bolsillo que nos hicieron a nosotros como ciudadanos", señaló por su parte a la agencia EFE la ciudadana Andrea Gutiérrez.
Otro participante, Joaquín Gavilán, exigió que Peña pague "ante la Justicia" y sea recluido en la cárcel de Tacumbú, una emblemática y antigua penitenciaría de Asunción ahora conocida como Centro Nacional de Prevenidos.
El intento de renuncia
Justo cuando la Cámara de Diputados se reunía para decidir sobre si iniciar un juicio político contra Peña, este anunció su renuncia.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", afirmó en un video publicado en su cuenta de la red social X.
De haber sido aceptada por el Congreso, la renuncia de Peña lo habría eximido del juicio político y de su consecuente destitución. El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente se convierten en senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".
Esta condición les otorga fueros parlamentarios, por lo que no pueden ser sometidos a un proceso penal sin la autorización del Senado.
Banco Central comienza a devolver fondos
En paralelo a los desarrollos políticos, el Banco Central de Paraguay comenzó a devolver fondos a algunos ahorristas en la tarde del jueves. En un comunicado, la entidad informó que los desembolsos, de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.565 dólares al tipo de cambio del día), están dirigidos a clientes que no tengan deudas con el banco y dispongan de cuentas en otras entidades para recibir el dinero.
La intervención del Ueno Bank a manos del BCP congeló los activos y dejó sin acceso a sus ahorros a más de 2,94 millones de clientes, una cifra que equivale a más del 60% de la población adulta del país.
El proceso a Ueno Bank, considerado el principal banco digital de Paraguay y una de las mayores instituciones bancarias, se ordenó bajo el argumento de una grave insuficiencia de capital. Según explicó el Banco Central, el índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".
Ueno gestionaba entre 800 y 850 millones de dólares de fondos públicos, incluidos unos 380 millones del Instituto de Previsión Social.
Tras la intervención, Peña exigió la renuncia del presidente del Banco Central y promulgó una ley que estableció un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de sus fondos.
La situación desató una ola de reclamos de ahorristas preocupados por recuperar su dinero y abrió interrogantes sobre el destino de los millonarios recursos públicos depositados en el banco, en su mayoría procedentes de pensiones.
Ueno comenzó como una pequeña empresa “fintech” con un modelo digital que atrajo a muchos clientes de bajos ingresos. Rápidamente se convirtió en un importante banco que gestionaba las pensiones estatales y las cuentas de varias entidades gubernamentales.
