A pesar de reiteradas denuncias, críticas y advertencias sobre los efectos discriminatorios y desiguales de la ley israelí que permite la pena de muerte para prisioneros palestinos, la medida entró en vigor este domingo en Cisjordania ocupada, de acuerdo a medios locales. El paso, que marca un giro en la política de Tel Aviv sobre el territorio, se produce además en medio de una creciente presión sobre comunidades, propiedades e instituciones palestinas.
El jefe del Comando Central de las fuerzas israelíes, el mayor general Avi Bluth, firmó la orden militar necesaria para implementar la polémica ley, reportó el diario The Times of Israel.
De acuerdo con la publicación, dicha orden establece que los tribunales que juzguen casos relacionados con ataques que hayan resultado en la muerte de israelíes deberán imponer la pena capital como “la única condena disponible”, salvo que consideren que existen “circunstancias especiales” que permitan sustituirla por cadena perpetua.
El diario israelí Haaretz señaló por su parte que esta ley otorga a los tribunales de Cisjordania ocupada la facultad de dictar condenas a muerte contra palestinos declarados culpables de matar a israelíes por motivos vinculados a la “negación de la existencia del estado de Israel”.
Justamente, como se señaló poco después de que la medida fuera aprobada por el Parlamento de Israel (también conocido como Knesset) a finales de marzo, la norma crea un camino legal separado y más severo, ya que los palestinos en el territorio ocupado no son juzgados en tribunales militares, sino que son asignados automáticamente a tribunales militares.
Según Haaretz, la redacción de la ley orienta su aplicación casi exclusivamente contra palestinos, ya que los requisitos de prueba ideológica que incluye la legislación hacen “difícil o casi imposible” que pueda aplicarse a atacantes judíos extremistas.
Además, la ley ha generado preocupación entre profesionales israelíes del ámbito jurídico y de seguridad, que han advertido sobre la extensión de esta normativa a personas en territorio ocupado que no tienen ciudadanía israelí, de acuerdo al periódico.
Un giro respecto a la política tradicional israelí
En ese contexto, durante los debates realizados este domingo en el Comité de Seguridad Nacional de la Knesset, funcionarios jurídicos advirtieron de que implementar una legislación civil en territorio ocupado supone un giro importante respecto a la política de Tel Aviv mantenida durante décadas.
En concreto, la ley convierte la pena de muerte en el castigo por defecto para palestinos acusados de cometer ataques mortales contra israelíes.
De manera similar, la semana pasada, el Parlamento de Israel aprobó además una legislación para establecer un tribunal militar especial destinado a juzgar a quienes Israel identifica como miembros de unidades de élite del grupo de resistencia palestino Hamás, que estarían implicados en la incursión del 7 de octubre de 2023.
Actualmente, más de 9.600 palestinos, entre ellos 350 niños y 73 mujeres, se encuentran en prisiones israelíes y sufren torturas, hambre y negligencia médica, según organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos.
La presión se extiende también a Jerusalén Este ocupada
La entrada en vigor de la ley se produce, además, en un contexto de creciente presión de Israel sobre los territorios palestinos ocupados. Ese mismo domingo, las autoridades palestinas denunciaron otra acción en Jerusalén Este ocupada: la aprobación de un plan para confiscar propiedades de palestinos cerca de la mezquita de Al-Aqsa, un lugar sagrado para los musulmanes, en una decisión que fue calificada como “limpieza étnica”.
En un comunicado, el ministerio palestino de Relaciones Exteriores afirmó que el plan apunta a propiedades situadas en el barrio de Bab Al-Silsila, junto a la mezquita de Al-Aqsa y dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
La declaración describió la medida como un “peligroso paso colonial” orientado a ampliar el control de los asentamientos alrededor de Al-Aqsa y a desplazar a los palestinos de Jerusalén Este ocupada.
Según el ministerio, el ataque contra Bab Al-Silsila, una de las principales rutas históricas de acceso a la mezquita, forma parte de una política sistemática destinada a vaciar de residentes palestinos las zonas que rodean el complejo.
Por ello, el comunicado pidió a la comunidad internacional, incluida la ONU y la UNESCO, rechazar estas medidas y proporcionar protección a los lugares sagrados islámicos y cristianos.
Horas antes, la Gobernación de Jerusalén había afirmado que el gobierno israelí aprobó un plan para confiscar entre 15 y 20 propiedades palestinas, incluidos edificios que datan de las épocas ayubí, mameluca y otomana.
Según la gobernación, el plan se basa en una decisión de 1968, adoptada bajo el pretexto de “reforzar el control y la seguridad judíos”.
En los últimos años, además, las autoridades israelíes y organizaciones de colonos han intensificado sus esfuerzos para apoderarse de propiedades en la Ciudad Vieja y en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan.
La ONU considera que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados son ilegales según el derecho internacional.
La ofensiva alcanza también a la presencia de la ONU
Esa presión sobre Jerusalén Este ocupada no se limita a las propiedades palestinas. También apunta a la presencia institucional de Naciones Unidas en la ciudad. En esa misma línea, el Gabinete de Israel aprobó un plan para construir un “complejo de defensa” en el terreno donde se encontraba una sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) por sus siglas en inglés, demolida el pasado mes de enero por Israel.
Según un comunicado conjunto del ministerio de Defensa israelí y la Municipalidad de Jerusalén, el nuevo complejo incluirá un museo militar, una oficina de reclutamiento y una oficina del ministro de Defensa. El titular de Defensa, Israel Katz, defendió la decisión como una medida de “soberanía, sionismo y seguridad”.
El proyecto se levantará sobre un terreno que Israel confiscó el año pasado y donde, en enero, demolió varias estructuras pertenecientes a la UNRWA. Aquella demolición fue condenada por la agencia, por organizaciones de derechos humanos y por parte de la comunidad internacional, que la consideraron una violación del derecho internacional.
El episodio tuvo lugar en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este ocupada. El 20 de enero, fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de la UNRWA y lo demolieron con excavadoras y maquinaria pesada. Durante la operación, además, los militares izaron la bandera israelí sobre el edificio, mientras el ministro ultraderechista Itamar Ben-Gvir visitaba el lugar.
Tras la demolición, un portavoz de la UNRWA afirmó que ningún país había retirado o sustituido antes la bandera de la ONU de unas instalaciones de Naciones Unidas ni demolido un recinto de esa manera. En la misma línea, la relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, citó la destrucción del complejo como una señal de un ataque más amplio contra el sistema de Naciones Unidas.
Para entonces, la agencia ya no utilizaba el edificio. La UNRWA había dejado de operar allí desde comienzos del año pasado, después de que Tel Aviv le ordenara desalojar todas sus instalaciones y cesar sus actividades. Ante el nuevo plan israelí, un portavoz de la organización declinó hacer comentarios.
La UNRWA opera en Jerusalén Este ocupada, territorio que la ONU y la mayoría de los países consideran ocupado por Israel desde 1967. Además, trabaja en Gaza, Cisjordania ocupada y otras zonas de Oriente Medio, donde proporciona educación, atención sanitaria, servicios sociales y refugio a millones de palestinos.
En paralelo, la presión contra la agencia se ha intensificado en Gaza. Más de 300 empleados de la UNRWA han sido asesinados por Israel en el enclave, mientras la organización ha acusado a Israel de llevar a cabo “una campaña de desinformación a gran escala” contra ella.
Katz, sin embargo, reivindicó el simbolismo de construir el nuevo complejo militar en ese mismo lugar. “No hay nada más simbólico ni más justificado que establecer la nueva oficina de reclutamiento de defensa y las instituciones del sistema de defensa precisamente sobre las ruinas del antiguo complejo de la UNRWA”, afirmó.
Continúan las agresiones de los colonos en Cisjordania ocupada
Mientras tanto, sobre el terreno, las agresiones de colonos israelíes ilegales continuaron en distintas zonas de Cisjordania ocupada. Este lunes se registraron nuevos ataques contra viviendas, propiedades agrícolas y comunidades palestinas, según informó la agencia de noticias WAFA.
En el área de Wadi Al-Rakhim, en el sur de Hebrón, un grupo de colonos armados atacó la vivienda de Riyad Yousef Shanaran bajo la protección de soldados israelíes, de acuerdo con el activista contra los asentamientos Osama Makhameh.
Según su relato, los colonos lanzaron cócteles molotov contra la casa, lo que provocó un incendio en un corral de ovejas y en un horno. Shanaran sufrió quemaduras en una mano mientras intentaba apagar las llamas.
Las agresiones también alcanzaron el sureste de Belén. Fuentes de seguridad citadas por la agencia de noticias WAFA señalaron que un grupo de colonos irrumpió en la aldea de Abu Njeim a bordo de tractores y se desplegó por varios barrios, donde provocó a los residentes realizando maniobras peligrosas y generando fuertes ruidos.
De forma paralela, las mismas fuentes indicaron que fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en la ciudad de Beit Sahour, en la localidad de Al-Khader y en la aldea de Khala’il Al-Luz, aunque no se reportaron registros domiciliarios ni detenciones.
Más al norte, en Sinjil, al noreste de Ramala, otro grupo de colonos irrumpió en la entrada norte de la localidad y realizó rituales talmúdicos por segundo día consecutivo, según informó el activista Muhammad Ghafri a la agencia de noticias WAFA.
Ghafri explicó que el municipio de Sinjil, en coordinación con la oficina palestina de enlace, trabaja con agricultores para facilitarles el acceso y el arado de sus tierras en las zonas de Al-Maghribat y Qurnat Abu Adas, situadas frente al asentamiento de Haroel. Sin embargo, señaló que los colonos se concentran en la entrada norte de la localidad para impedir que los agricultores lleguen a sus terrenos.
En paralelo, las fuerzas de ocupación israelíes detuvieron de madrugada a tres palestinos en la ciudad de Tulkarem. Fuentes locales indicaron que los detenidos son el exprisionero Sufian Ahmad Staiti, de 53 años, y Wadih Abu Hadid y Osama Huwaidi, ambos del suburbio de Dhannaba, al este de Tulkarem, tras el allanamiento y registro de sus viviendas.
La ofensiva alcanza también a los olivares palestinos
La presión sobre las comunidades palestinas en Cisjordania ocupada también se extendió a sus tierras agrícolas, una de las principales fuentes de sustento para miles de familias. Este lunes, fuerzas israelíes arrasaron terrenos agrícolas y arrancaron olivos en Cisjordania ocupada, reportó WAFA.
De acuerdo con fuentes locales citadas por la agencia palestina, excavadoras israelíes entraron en la zona oriental de la localidad de Azzun, al este de Qalqilya, concretamente en el área de Al-Mahjar, donde comenzaron a arrancar olivos centenarios.
La operación se extendió por una franja de unos 500 metros de ancho alrededor del asentamiento israelí ilegal de Ma’ale Shomron, construido sobre tierras pertenecientes a la localidad, y se llevó a cabo sin aviso previo.
Además, en otro incidente, colonos israelíes prendieron fuego el domingo por la noche a varios olivos en la aldea de Burqa, al este de Ramala, también según la agencia de noticias WAFA.
Los colonos incendiaron varios árboles en las afueras de la aldea mientras, de forma simultánea, fuerzas israelíes irrumpían en la zona.
El ataque contra los olivares tiene un fuerte impacto económico y simbólico, ya que miles de familias palestinas dependen de la cosecha de aceitunas como una de sus principales fuentes de ingresos y sustento.
Desde octubre de 2023, los ataques de las fuerzas israelíes y de colonos ilegales en Cisjordania ocupada han matado a 1.162 palestinos, herido a unos 12.245 y provocado casi 23.000 detenciones, según cifras oficiales palestinas.
