Israel ha dado un paso inédito al ordenar la confiscación de tierras privadas palestinas para construir infraestructura destinada a asentamientos ilegales en una zona de la Cisjordania ocupada que, según los Acuerdos de Oslo, está bajo administración civil y de seguridad palestina.
Durante una sesión ante el Consejo de Seguridad el lunes, Ramiz Alakbarov, coordinador especial interino de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, alertó de que la orden afecta a terrenos próximos a Qabatiya, al sur de Yenín. Allí está previsto levantar una carretera que conecte Noa y Emek Dotan, dos de los 34 asentamientos israelíes ilegales aprobados recientemente.
“Se trata de la primera confiscación registrada de tierras del Área A destinada explícitamente a infraestructuras de asentamientos”, declaró.
La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad, aprobada en 2016, declara ilegales los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este ocupada, y exige el cese inmediato y completo de toda actividad de asentamientos.
Al presentar el 39.º informe del secretario general de la ONU sobre la aplicación de la resolución, Alakbarov advirtió de que la expansión de los asentamientos pone cada vez más en cuestión la posibilidad de establecer un Estado palestino independiente, soberano y territorialmente contiguo.
"El rápido crecimiento de la presencia de los asentamientos, incluidos los puestos de avanzada, está produciéndose al mismo tiempo que aumentan los ataques de los colonos", señaló.
"Estos acontecimientos vulneran el derecho internacional, afianzan aún más la ocupación israelí ilegal y socavan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", añadió.
Pero el alcance de la orden sobre Qabatiya va más allá de una carretera. La decisión introduce infraestructura vinculada a asentamientos israelíes dentro de un territorio reservado a la administración palestina bajo el marco de Oslo, estrechando aún más el espacio territorial sobre el que los palestinos aspiran a ejercer su autogobierno y construir un futuro Estado.
Por qué importa el Área A
Los Acuerdos de Oslo II de 1995 dividieron la Cisjordania ocupada en las Áreas A, B y C, estableciendo distintos niveles de control y administración entre palestinos e israelíes.
El Área A quedó bajo administración civil palestina y control de seguridad interno palestino. En el Área B, los palestinos mantienen la administración civil, mientras Israel conserva el control de seguridad. El Área C, que representa alrededor del 60% del territorio, permanece bajo control israelí total.
En este contexto, Alakbarov describió la nueva orden israelí como la primera confiscación documentada de tierras del Área A destinada explícitamente a infraestructura de asentamientos. Una medida que, por tanto, no solo afecta al terreno en cuestión, sino también al marco territorial establecido por los Acuerdos de Oslo para la administración palestina.
El ministro de Finanzas israelí y figura de la extrema derecha, Bezalel Smotrich, ha defendido abiertamente la toma del territorio palestino que, según los Acuerdos de Oslo, quedó bajo administración palestina.
"En cualquier caso, Oslo ha quedado anulado. En cualquier caso, las Áreas A y B también son nuestras", afirmó el 8 de septiembre.
En la misma línea, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha respaldado la eliminación de los Acuerdos de Oslo. Su partido, Poder Judío, ha impulsado además una iniciativa legislativa para buscar su anulación.
Ben-Gvir calificó los acuerdos como “uno de los mayores errores de la historia del país”, según un análisis publicado por la agencia denoticias Anadolu, y pidió que se revirtiera ese error.
Conectar asentamientos, fragmentar Palestina
La orden sobre Qabatiya no es un episodio aislado. Llega en medio de una expansión más amplia de los asentamientos ilegales israelíes y de las infraestructuras destinadas a conectarlos y consolidarlos sobre el terreno.
Según las cifras presentadas por Alakbarov, las autoridades israelíes aprobaron 8.085 viviendas en asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada durante el periodo analizado, entre el 13 de junio y el 18 de septiembre.
A esto se suma la publicación de licitaciones para construir cerca de 2.240 viviendas en el Área C, de las cuales 1.234 se ubicarían en el denominado "corredor E1", cerca de Jerusalén Este ocupada.
Alakbarov describió E1 como una "amenaza existencial" para la viabilidad de un Estado palestino y advirtió de que la continuidad de la "anexión progresiva" vulnera el derecho internacional.
La ubicación explica por qué el área tiene un peso estratégico. E1 se extiende por uno de los últimos corredores territoriales que conectan Ramala, al norte, con Belén, al sur.
Un territorio cada vez más fragmentado
Alakbarov advirtió de que el proyecto podría cortar de facto la conexión entre el norte y el sur de la Cisjordania ocupada y aislar todavía más Jerusalén Este ocupada del resto del territorio palestino.
La expansión de los asentamientos también ha sido presentada por Smotrich como una herramienta para impedir la creación de un Estado palestino.
"Esta realidad entierra definitivamente la idea de un Estado palestino", afirmó en agosto de 2025, al anunciar el controvertido plan para desarrollar la zona de E1.
El ministro presentó entonces las viviendas, barrios y carreteras de los asentamientos israelíes ilegales como la respuesta de Israel a los países que buscan reconocer a Palestina.
Mientras estas infraestructuras avanzan y los asentamientos quedan cada vez más conectados entre sí, expertos advierten de que el territorio disponible para un futuro Estado palestino queda progresivamente dividido en áreas separadas, dificultando su continuidad territorial.
Pueblos vaciados mientras avanzan los asentamientos
Alakbarov también vinculó la expansión de los asentamientos ilegales con los ataques de colonos y el desplazamiento de comunidades palestinas, en un proceso que está dejando pueblos enteros sin habitantes.
La violencia sostenida de los colonos provocó el vaciamiento completo de tres aldeas palestinas, elevando a 49 el número de comunidades rurales despobladas desde enero de 2023, según las cifras presentadas durante la sesión informativa.
A ello se suma la demolición o confiscación de 536 propiedades palestinas en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada, que provocó el desplazamiento de 736 personas, entre ellas 347 niños.
Alakbarov señaló además que los permisos de construcción israelíes son prácticamente imposibles de obtener para los palestinos.
Mientras tanto, más de 33.000 residentes palestinos de los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams continúan desplazados tras las ofensivas militares israelíes.
"Me preocupa profundamente la magnitud del desplazamiento de palestinos en Cisjordania, donde comunidades enteras han sido desplazadas, algunas de ellas en varias ocasiones, lo que puede suscitar preocupaciones sobre una limpieza étnica", afirmó Alakbarov.
"Palestina no puede ser borrada ni ignorada"
El enviado palestino ante la ONU, Riyad Mansour, afirmó ante el Consejo de Seguridad que la anexión ilegal ya está avanzando sobre el terreno mediante la confiscación de tierras y la expansión de los asentamientos ilegales.
Mansour advirtió de que las licitaciones para construir en el denominado "corredor E1" forman parte de un intento de acabar con las perspectivas de un Estado palestino. También señaló que las medidas destinadas a debilitar a la Autoridad Palestina podrían facilitar nuevos desplazamientos de población.
Ante este escenario, Mansour instó a los gobiernos a imponer consecuencias a quienes sostienen la ocupación, también mediante sus relaciones financieras y comerciales.
"Ha llegado el momento de pasar de las declaraciones a las medidas, de la condena a la rendición de cuentas y de las declaraciones de solidaridad a su aplicación", afirmó.
Pese al avance de los asentamientos ilegales, Mansour sostuvo que el respaldo internacional ha demostrado que Palestina no puede ser borrada ni ignorada y que los derechos de los palestinos no pueden desaparecer por la ocupación israelí ni por una anexión ilegal.
