La apropiación israelí de tierras palestinas se acelera en Cisjordania ocupada ante nueva ley

Ahmad Salhab, de 56 años, justo había acabado su oración matutina en el primer día de Ramadán –el mes bendito para los musulmanes–, la semana pasada, cuando escuchó el leve zumbido de unos vehículos que se aproximaban.

El lejano rumor se fue convirtiendo poco a poco en un estruendo cuando tres excavadoras aparecieron ante la puerta de su hogar, ubicado en un tranquilo barrio de la ciudad de Hebrón, en el sur Cisjordania ocupada.

Operadas por autoridades israelíes, estas grandes máquinas habían llegado a su casa con una misión: demoler la estructura de tres plantas con 10 apartamentos en la que vivían Salhab y más de 40 familiares.

“A las 6 de la mañana… comenzaron directamente con las demoliciones sin darnos la oportunidad de recoger ninguna de nuestras pertenencias ni muebles”, relata a TRT World.

Las autoridades israelíes no les concedieron días, ni siquiera horas, antes de iniciar la demolición de una casa que construyó el padre de Salhab en 1965, dos años antes de que Israel ocupara Cisjordania.

Se negaron a escucharle o a concederle siquiera unas horas para evacuar el edificio.

“En cambio, nos atacaron y nos golpearon a todos, jóvenes y mayores”, afirma.

Los expertos señalan que lo ocurrido a la familia de Salhab augura una campaña de desplazamiento a mayor escala tras los recientes cambios legales que buscan despojar a los palestinos de sus tierras ancestrales en Cisjordania ocupada.

Como parte del proyecto israelí a largo plazo para apropiarse del territorio, que los críticos condenan como limpieza étnica, Tel Aviv ha anunciado que empezará a registrar las tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, cuando Israel capturó toda la Palestina histórica, así como territorios adicionales de Egipto y Siria.

Con la nueva ley, Tel Aviv podrá reclasificar las propiedades palestinas “no documentadas” como “tierras estatales” disponibles para la expansión de los colonos.

La medida apunta a vastas extensiones de tierra en la Zona C, que constituye más del 60% de Cisjordania ocupada, donde Israel ya ejerce un control extenso sobre la seguridad, la planificación y la zonificación.

Alrededor del 58% de la Zona C es actualmente tierra no registrada

La nueva política incluye la cancelación de una ley jordana que prohíbe la venta de tierras a israelíes, así como la ampliación de la supervisión israelí hacia las Zonas A y B, donde la Autoridad Palestina ejerce un poder de gobernanza limitado en virtud de los Acuerdos de Oslo.

Los palestinos consideran que la llamada reforma administrativa es otro instrumento más para acelerar el ritmo del apropiación de tierras, que se encuentra en pleno apogeo bajo otros pretextos.

Justamente, la ley perjudicará sistemáticamente a los palestinos, muchos de los cuales dependen de la herencia consuetudinaria y de los registros parciales de las épocas otomana, del Mandato Británico y jordana, según señalan los expertos.

Nasir Qadri, especialista en derecho internacional e investigador de crítica jurídica de la Universidad Koç de Estambul, explica a TRT World que los cambios planteados redefinirán lo que constituye la titularidad de tierras legalmente reconocible.

La imposición de requisitos probatorios más estrictos transforma los derechos heredados en reclamaciones frágiles que pueden ser anuladas administrativamente, advierte.

En virtud de los Reglamentos de La Haya de 1907, una potencia ocupante como Israel debe actuar bajo la figura de administrador temporal y no soberano, que reestructura el régimen de propiedad.

“Cuando los herederos no pueden satisfacer los elevados estándares de prueba o navegar por complejos procedimientos de consolidación, las tierras que durante largo tiempo se han tratado como propiedad familiar pueden ser reclasificadas, designadas como tierras estatales o absorbidas por la expansión de los asentamientos”, destaca.

Suhad Bishara, directora jurídica de Adalah, una organización independiente de derechos humanos con sede en Israel, coincide con esta perspectiva.

“La apertura de los registros de tierras no tiene que ver principalmente con la ‘coerción’ individual para vender. Es un mecanismo estructural de despojo," declara a TRT World.

Explica que el proceso impone “estándares probatorios que son prácticamente imposibles de cumplir para los palestinos”, y que resulta inaccesible para los refugiados o los residentes de Gaza.

Si los propietarios no logran registrarse con la documentación requerida o no pueden acceder físicamente a los registros administrados por Israel, sus terrenos pasarán automáticamente a ser “tierras estatales” israelíes, afirma.

Bishara señala que la medida viola el Artículo 46 de los Reglamentos de La Haya, que prohíbe la confiscación de propiedad privada, y puede constituir un crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la Corte Penal Internacional (CPI).

En virtud del Estatuto de Roma, la CPI puede investigar y procesar los cuatro crímenes internacionales fundamentales —genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión— en situaciones en las que los Estados no puedan o no estén dispuestos a hacerlo por sí mismos.

Amenaza para la agricultura palestina

Ahora bien, Bishara advierte que el inicio de la titulación de tierras amenaza directamente a la agricultura palestina.

Es probable que gran parte de las parcelas de cultivo y los pastizales de Cisjordania ocupada sean reclasificados como “tierras estatales”, lo que dará lugar a más asentamientos israelíes. Esto privará a los agricultores palestinos del acceso a sus tierras, ya que demostrar la propiedad es “extremadamente difícil”, afirma.

Y esta fragmentación dificultará que los agricultores lleguen a sus campos o a los mercados, agravando las ya precarias condiciones económicas de los palestinos que viven bajo la ocupación.

Por ejemplo, la familia de Salhab se aferra actualmente a 200 dunams (unas 50 acres) de olivares cerca de su casa demolida. Pero él teme perder 70 dunams (17 acres) debido a la proximidad al asentamiento de Beit Hagai, construido ilegalmente por Israel en la década de 1980.

“Como estamos en la Zona C, temo que Israel tome el control y que eventualmente se convierta en parte del asentamiento. Probablemente lo perderemos para siempre”, comenta Salhab.

Yair Dvir, portavoz de B'Tselem, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, enmarca los cambios legales como parte de una política deliberada para la expulsión forzada de los palestinos de sus tierras ancestrales.

“Las recientes decisiones del gabinete están diseñadas para fomentar la limpieza étnica en Cisjordania (ocupada)”, señala Dvir a TRT World.

En la Zona C, el sistemático proceso israelí de registro de tierras impondrá obstáculos burocráticos deliberados en el camino de los palestinos que intenten demostrar la propiedad de sus tierras, afirma.

Dvir también apunta a los riesgos de coacción en las Zonas A y B, donde ahora se permitirán las compras privadas israelíes a palestinos.

“Las experiencias pasadas demuestran que tales transacciones suelen ir acompañadas de coacción, presión y fraude”, afirma, augurando una fuerte presencia militar y un desplazamiento gradual una vez que los colonos se infiltren en las localidades palestinas.

Estos cambios legales también otorgan a las autoridades israelíes herramientas de control más agresivas.

Qadri señala que si bien herramientas como las órdenes de paralización de obras, las demoliciones y las multas no son nuevas, su integración en un registro centralizado amplifica su impacto.

“Cuando las competencias urbanísticas se ejercen de manera que sistemáticamente niega permisos a la población protegida mientras facilita la expansión de los asentamientos, la implementación de la ley deja de funcionar como una regulación neutral”, afirma.

En ciudades densamente pobladas como Hebrón y Nablus, la transferencia de la autoridad para conceder permisos de construcción a la Administración Civil israelí acelerará el ritmo de las demoliciones, dice Dvir.

Esto socava el marco de Oslo, otorgando a Israel más medios para extender las políticas existentes de confiscación de tierras y demolición de estructuras palestinas, bajo pretextos como la arqueología o la protección medioambiental, señala.

Sin tiempo para recoger objetos de valor

La experiencia de Salhab ilustra la brutalidad de las acciones de Tel Aviv. Las fuerzas israelíes demolieron su casa, a pesar de que había un recurso pendiente ante la Corte Suprema.

Salhab, nacido y criado en la casa que construyó su padre, no perdió solo una vivienda sino toda una vida de recuerdos.

“Tengo muchos recuerdos. En realidad, todos mis recuerdos están en esta casa. Me casé allí y mis hijos nacieron allí”, comparte.

Ahora desplazado a los campos familiares y viviendo en tiendas de la Cruz Roja, su familia no pudo salvar ni siquiera joyas ni dinero en efectivo.

“La operación de demolición fue tan rápida que ni siquiera tuvimos la oportunidad de recoger ningún objeto de valor”, afirma Salhab.

Las acciones de Israel violan la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que declara ilegales los asentamientos.

Con 770.000 colonos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas, y confiscaciones de 58.000 dunams a finales de 2025, el ritmo del apropiación de tierras se ha intensificado desde que comenzó la ofensiva genocida contra Gaza en octubre de 2023.

Sin embargo, la respuesta internacional ha seguido siendo insuficiente.

Qadri afirma que los mecanismos de derechos humanos a menudo se convierten en “instrumentos de narración a posteriori en lugar de protección” cuando se trata de hacer frente a Israel.

Abogando por un “derecho internacional desde abajo” arraigado en las realidades de los oprimidos, insiste en la responsabilidad estructural por el genocidio, la ocupación y la explotación.

Para Salhab, hay pocas esperanzas de recuperar alguna vez sus tierras ancestrales.

“Los israelíes son ocupantes,” dice. “No les importan ni las vidas ni las propiedades.”