El futuro de Santiago Peña, recién destituido como presidente de Paraguay, se decidirá mientras permanece bajo prisión preventiva y el país lidia con los coletazos de la crisis bancaria desatada por el colapso del Ueno Bank, con el que el exmandatario tenía vínculos. Así lo determinó el juez Humberto Otazú este sábado, luego de que a Peña se le imputaran los cargos de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.
La Fiscalía de Paraguay lo acusa de haber usado su influencia para favorecer a Ueno Bank, un banco digital de apenas tres años de vida que pertenecía a Ueno Holding, un conglomerado empresarial en el que Peña tuvo acciones hasta marzo de 2025, cuando las vendió. Cada uno de los dos cargos imputados al exmandatario podría conllevar a una pena de hasta 10 años de prisión, precisó el ente acusador.
Según los fiscales, Peña utilizó su cargo como presidente para influir en las decisiones de organismos gubernamentales y entidades estatales, permitiendo supuestamente que grandes cantidades de dinero público permanecieran depositadas en el Ueno Bank, a pesar de mantener vínculos financieros con el conglomerado.
Así, la acusación argumenta que dicha relación generó un conflicto de intereses, pues el ahora exmandatario supuestamente alentó, facilitó o influyó en decisiones que beneficiaban a esa entidad bancaria.
¿Dónde estará recluido Peña?
El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino el Ueno Bank el 3 de noviembre, lo que dejó a casi tres millones de personas sin acceso a sus ahorros. Y aquí hay un punto central, pues la Fiscalía también acusa a Peña de haber nombrado al frente del BCP a Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Ueno, lo cual despierta sospechas de un potencial conflicto de interés. De hecho, Carvallo también quedó bajo prisión preventiva, acusado de los mismos cargos del exmandatario, además del de producción de documentos públicos falsos.
El juez Otazú ordenó que Peña permanezca detenido en la sede del Regimiento de Escolta Presidencial en Asunción, la capital. Una decisión que, argumentó, es necesaria para garantizar la permanencia del expresidente en el país durante el proceso y evitar el riesgo de fuga.
El abogado defensor Ricardo Preda informó a la prensa que el exmandatario se había declarado inocente de los cargos. "Vamos a someternos a la investigación y estoy seguro de que cuando termine esta investigación el resultado va a ser el sobreseimiento", agregó.
Peña ha negado en reiteradas ocasiones haber cometido irregularidades y ha afirmado que los problemas del banco eran una cuestión regulatoria. "Quien tiene el control de supervisión sobre los bancos es el Banco Central, no el presidente de la República", sostuvo el abogado Preda.
El expresidente compareció ante la Fiscalía General Paraguay para responder preguntas durante casi tres horas en el marco de la imputación, antes de regresar a custodia de la policía militar. Tras su arresto inicial la noche del viernes en su residencia privada, donde se requirió la intervención policial para dispersar a los manifestantes que se habían congregado afuera, el exmandatario pasó la noche bajo custodia en el Regimiento de Escolta Presidencial.
La rápida destitución
Horas antes de que fuera detenido, el Senado destituyó a Peña como presidente por "mal desempeño en sus funciones”, tras un acelerado juicio político en que una abrumadora mayoría aprobó su remoción: 44 votos a favor de un total de 45. El restante se debió a una ausencia.
Aunque el ahora expresidente había intentado renunciar el jueves, el Congreso dejó en suspenso si lo aceptaba o no, mientras se decidía sobre el juicio político. De haberse aprobado la dimisión, esta habría exmido a Peña del proceso y de su consecuente destitución. El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente se convierten en senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables". Una condición que otorga fueros parlamentarios.
Los diputados que actuaron como fiscales en el juicio político acusaron a Peña de conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvíos de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que involucró al Banco Central. Según los legisladores, permitió que agencias estatales y fondos públicos de pensiones depositaran cientos de millones de dólares en el Ueno Bank, excediendo los límites legales, a pesar de las advertencias sobre préstamos internos y la falta de garantías.
Crisis bancaria
La crisis en Paraguay comenzó el 3 de noviembre, cuando el BCP intervino en el Banco Ueno debido a su grave insolvencia. El colapso congeló los depósitos de 2,94 millones de clientes, casi la mitad de la población paraguaya, incluyendo instituciones públicas críticas y fondos de pensiones como el Instituto de la Seguridad Social (ISS), de propiedad estatal.
La repentina pérdida de liquidez desató protestas masivas en las calles de Asunción, que la policía dispersó.
Mientras continúan los procedimientos legales contra Peña, el recién investido presidente Pedro Alliana, exvicepresidente y también miembro del gobernante Partido Colorado, comenzó su primer día completo en el cargo el sábado.
La administración de Alliana se enfrenta a una presión inmediata para cumplir con las promesas de compensación total a los depositantes, con la atención del ejecutivo firmemente centrada en estabilizar el sistema financiero y restaurar la confianza pública tras la crisis.
"Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", señaló el nuevo presidente, poco después de asumir el cargo en una sesión extraordinaria del Senado el sábado. “Nuestro país atraviesa momentos difíciles que nos exigen serenidad, trabajo y decisiones firmes”, añadió.
Por su parte, en una conferencia de prensa, el titular interino del BCP, Pedro Acosta, cifró en 1.196.000 las "personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal" con transferencias que, aseguró, ascienden a 996.000 millones de guaraníes o el "equivalente a 160 millones de dólares".
Las cifras corresponden a dos días de desembolsos, que comenzaron el jueves. Para agilizar la apertura de nuevas cuentas, distintos bancos abrieron sus puertas este sábado para atender a los perjudicados por Ueno Bank.
