España vivió este miércoles su primera huelga general en 14 años, marcada por las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las principales ciudades del país. Con reclamos por el acceso a la vivienda, mejores salarios y medidas frente al aumento del costo de vida, la movilización sacudió el escenario social y político a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Convocada por diferentes sindicatos y colectivos sociales, la protesta respondió a un llamamiento inusual, debido a su origen en las reivindicaciones por la vivienda y al protagonismo de organizaciones ajenas al sindicalismo tradicional.
En Madrid, unas 120.000 personas se manifestaron por el centro, según cifras de la Delegación del Gobierno recogidas por la agencia de noticias AFP. En Barcelona, la Guardia Urbana contabilizó alrededor de 55.000 participantes. Las marchas también se extendieron a Valencia, Zaragoza, A Coruña y localidades del País Vasco y las Islas Canarias, entre otras ciudades.
Las protestas de Madrid y Barcelona terminaron por la noche con disturbios entre grupos de manifestantes, algunos encapuchados, y la policía.
Una huelga inusual que nació de la indignación social
El acceso a una vivienda digna, los alquileres asequibles y los salarios suficientes para afrontar el costo de vida estuvieron en el centro de las reivindicaciones, en medio de una creciente indignación social por las dificultades económicas.
Las demandas "son contra todos los gobiernos, contra la patronal y contra los rentistas", afirmó Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones clave detrás de la convocatoria.
En ese sentido, en Barcelona, el repique de llaves y los lemas a favor de continuar "la lucha" se convirtieron en símbolos de una de las principales manifestaciones de la jornada.
La convocatoria para el “11N”, conocido así por realizarse justamente el 11 de noviembre, tuvo características poco habituales para una huelga general en España. No surgió como respuesta a una reforma laboral o a un proyecto legislativo concreto, ni estuvo dirigida exclusivamente contra un gobierno, sino que se articuló a partir de una ola de indignación social vinculada a la crisis de vivienda.
El detonante fue el desalojo forzoso de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que fue desahuciada de su apartamento en septiembre y falleció pocos días después. Su caso impulsó una serie de movilizaciones, entre ellas una acampada que ocupó durante cinco semanas la Puerta del Sol de Madrid, promovida por el Sindicato de Inquilinas.
Esta participación decisiva de movimientos sociales, en lugar de organizaciones exclusivamente laborales, explica el carácter excepcional "heterodoxo" de la convocatoria, según destacó el diario El País citando a los propios sindicatos.
Otro elemento que distingue esta huelga es su contexto político: se celebró apenas tres semanas antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó los comicios, inicialmente previstos para 2027, después de que su Ejecutivo no consiguiera sacar adelante en el Parlamento un paquete de medidas sobre vivienda.
Acatamiento desigual, según regiones
Más allá de las multitudinarias manifestaciones, la jornada de paro laboral tuvo un impacto desigual según los sectores económicos y las regiones.
El día inició con cortes de carreteras en distintos puntos de España, alteraciones en el transporte público y cancelaciones de vuelos, especialmente en Barcelona.
Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), principales convocantes, aseguraron que la participación superó sus expectativas y calificaron la huelga de éxito, aunque no ofrecieron una cifra global de seguimiento.
Según ambas organizaciones, la adhesión fue mayor en los sectores con fuerte presencia sindical y en las comunidades del Mediterráneo y la cornisa cantábrica.
Las centrales aseguraron que el seguimiento superó el 80% en Cataluña y Andalucía. En contraste, indicaron que fue menor en zonas del interior donde el problema de la vivienda no es tan acuciante, como en Extremadura y Castilla-La Mancha, regiones donde se acercó al 40%. Entre las actividades más afectadas señalaron la industria electrointensiva, la automoción, la petroquímica, la logística, el transporte y la industria cárnica.
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) calificó la huelga de fracaso y sostuvo que registró un seguimiento "de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial". La patronal estimó que menos del 5% de los trabajadores secundaron el paro, basándose, entre otros indicadores, en los datos de demanda eléctrica, que consideró similares a los del día anterior.
También surgieron diferencias entre las organizaciones de trabajadores autónomos. Mientras que la federación ATA aseguró que el 92% de los autónomos trabajó con normalidad, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estimó que el 40% de sus negocios secundó la convocatoria.
