Zeynep ConkarCuando Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada de su casa en Madrid el mes pasado, las imágenes de la desgarradora escena, en la que fue sacada en camilla, recorrieron España. Su historia puso rostro a una crisis de vivienda que lleva años golpeando al país y que ahora cobró una nueva dimensión política.
Maricarmen había vivido en esa casa durante más de siete décadas.
Después de que el inmueble cambiara de propietario, no pudo hacer frente al fuerte aumento del alquiler y, finalmente, fue desahuciada de la vivienda, pese a los reiterados esfuerzos de activistas por los derechos de los inquilinos para impedir el desahucio.
Dos semanas después del desahucio, Maricarmen falleció en el hospital. Su abogado no reveló la causa de la muerte. Pero su historia se ha convertido en símbolo de una contradicción que está en el corazón de la crisis de la vivienda en España.
La vivienda está reconocida como un derecho en la Constitución española y, sin embargo, el país tiene uno de los parques de vivienda social más reducidos de la Unión Europea: apenas el 1,7%.
Esta cifra está muy lejos de ser suficiente, según el analista político Klaus Jurgens.
“Podemos argumentar que el modelo de bienestar social de España se ha convertido en uno bastante capitalista, y que el acceso a la vivienda como derecho social está seriamente restringido, sobre todo durante las crisis económicas, cuando a la gente le cuesta llegar a fin de mes”, explica Jurgens, en diálogo con TRT World. El experto afirma que, según él, esa no es la dirección correcta, especialmente bajo un gobierno con orientación de izquierda.
“España parece haber pasado por alto la importancia de la vivienda, quizá porque se consideraba un Estado de bienestar en el que todo iba bien. Pero olvida que la gente también necesita un techo bajo el que vivir y que el mercado privado no es la solución”, añade.
Alrededor del 73% de los españoles son propietarios de su vivienda, pero más de la mitad de las personas de entre 18 y 34 años viven actualmente con sus padres o dependen económicamente de ellos.
Además, el precio de la vivienda subió el año pasado a un ritmo tres veces superior al de los salarios.
Un derecho sobre el papel, un negocio en la práctica
La situación de la vivienda en España es grave. El Banco de España estima un déficit de alrededor de 750.000 viviendas, que podría alcanzar el millón en 2028.
Pero el problema no es solo el número, sino que, además, la construcción no ha seguido el ritmo de la demanda en las ciudades donde la gente reside. A su vez, la planificación sigue fragmentada entre el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
A ello se suman los alquileres de corta duración y el aumento de la demanda en los centros urbanos, que han añadido más presión.
En este contexto, el Gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez, intentó intervenir directamente. Su paquete de medidas sobre vivienda incluía una mayor protección frente a los desahucios, medidas para contener la presión sobre los alquileres y restricciones a la compra de inmuebles por parte de empresas.
El Congreso rechazó el paquete después de que los diputados de derecha y el partido catalán Junts se opusieran a él, alegando que una regulación más estricta restringiría aún más la oferta.
Tres días después, luego de la derrota de dos decretos impulsados por el gobierno sobre vivienda a manos del Partido Popular (PP), Vox y Junts, Sánchez anunció que disolvería las cortes del Parlamento y convocaría elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.
Jurgens sostiene que, aunque las elecciones anticipadas lleven a la oposición al poder, convertir la vivienda social en una prioridad no ofrecería una solución inmediata.
“¿Cuánto tiempo llevará eso? No se pueden construir decenas de miles de viviendas en una semana. Incluso en el escenario más optimista, aumentar la cuota actual del 1,7% llevaría entre dos y cuatro años”, indica.
Para Jurgens, las consecuencias políticas de la crisis de la vivienda reflejan un descontento más amplio con el establishment, alimentada por el descontento con el nivel de vida y las condiciones sociales.
“Tenemos también la cuestión migratoria en enclaves como Ceuta, el descontento con las condiciones sociales y, a veces, basta un solo asunto para desencadenar una revuelta más amplia”, afirma Jurgens.
“Sánchez tiene fama de recuperarse de los reveses políticos. Quien gane las próximas elecciones tendrá que lidiar con un descontento social generalizado”, añade.
Un problema más amplio en Europa
La crisis de España refleja un problema más amplio en Europa para garantizar el acceso a una vivienda segura, aunque las dificultades varían de un país a otro.
En Grecia, casi el 29% de la población destinaba más del 40% de sus ingresos a la vivienda en 2024, la proporción más alta de toda la Unión Europea.
En Irlanda, los alquileres han aumentado más del doble desde 2010, lo que ha dejado a miles de personas dependiendo de alojamientos de emergencia.
Ni siquiera Alemania, con un sector de vivienda social más amplio, es inmune a esta cuestión, ya que los hogares destinaron en 2024 una media del 25% de su renta disponible a la vivienda.
Jurgens sostiene que la crisis de vivienda afecta a toda Europa y advierte que el descontento por las condiciones de vida y la pérdida de poder adquisitivo está impulsando el apoyo a partidos políticos minoritarios y alejados de las corrientes tradicionales.
“Podemos fijarnos en Alemania y el partido de ultraderecha AfD, o en el Reino Unido y el Reform UK, de Nigel Farage. Cuando la gente está descontenta con su poder adquisitivo, tiende a votar a partidos situados en los márgenes del espectro político”, afirma Jurgens. “Es una situación muy peligrosa en muchos países europeos”, añade.
“En Viena, el 43% de las viviendas son sociales. En Alemania, ese porcentaje es de apenas el 3,3%, mientras que en el Reino Unido alcanza el 17%”, analiza.
Y advierte: “Incluso si comparamos el 3,3% de Alemania con el 1,7% de España, debemos reconocer que la cifra alemana también es insuficiente”.
La inseguridad de la vivienda y el auge de la ultraderecha
El problema de la vivienda en Europa va más allá de los altos precios y las dificultades para pagar un alquiler: también incluye el riesgo de quedarse sin un hogar estable.
Según datos de Eurostat de 2023, el 4,9% de las personas mayores de 16 años en la Unión Europea había atravesado dificultades para acceder a una vivienda en algún momento de su vida. Esto incluye situaciones como tener que alojarse temporalmente en casas de amigos o familiares, recurrir a refugios de emergencia o incluso dormir en espacios públicos.
La proporción ascendía al 8,5% entre las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 3,9% entre quienes no estaban en esa situación.
La parte de Chipre administrada por Grecia registró la tasa más alta, con un 11,2%, seguida de Finlandia, con un 10,8%, mientras que Dinamarca, Francia y Suecia registraron tasas superiores al 9%.
La crisis de vivienda también está estrechamente vinculada con la pobreza y las dificultades para salir de ella. En la Unión Europea, los problemas económicos fueron la causa del 25,9% de las situaciones de precariedad habitacional registradas. A su vez, conseguir un empleo fue la principal vía para superarlas, según el 26,5% de las personas que lograron dejar atrás esas dificultades.
El acceso a una vivienda social o a una vivienda privada subvencionada supuso otro 20,4%. Que tantas personas dependan del empleo para recuperar una vivienda estable, mientras que una de cada cinco supera el problema gracias a un alojamiento subvencionado, pone de relieve los límites de dejar la seguridad residencial en manos del poder adquisitivo individual.
El escaso número de viviendas sociales en España hace que esta contradicción sea especialmente evidente. Sin embargo, las cifras europeas muestran que el problema se extiende a países con sistemas de bienestar muy diferentes.
“Fíjese en los estados del este de Alemania, donde la AfD es actualmente tan fuerte. La gente no vota a partidos marginales porque quiera hacer una revolución. Quiere expresar su descontento”, afirma Jurgens. Y agrega: “La gran mayoría de estos votantes no son ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Simplemente están descontentos”.
“Si hay voluntad política, es posible construir un sistema de vivienda social que ofrezca un auténtico bienestar social sin llevar a la quiebra las finanzas públicas. Puede financiarse con cargo a los presupuestos nacionales”, señala Jurgens.
“Esto nos lleva de nuevo al descontento social. Invertir en defensa es necesario, por desgracia, pero si ese gasto se vuelve desproporcionado frente a las necesidades de quienes no pueden permitirse un techo bajo el que vivir, algo falla en la sociedad y en el modelo de bienestar social en toda Europa”, añade.
