Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda donde había vivido durante 71 años, murió este miércoles en Madrid después de pasar quince días hospitalizada, informó el Sindicato de Inquilinas.
Su historia comenzó con un problema cada vez más presente en España: el acceso a una vivienda y la dificultad de muchas personas para mantener un alquiler cuando cambian las condiciones del contrato. Pero el caso de Maricarmen pronto dejó de ser una historia individual y se convirtió en uno de los rostros de las protestas por el derecho a la vivienda.
Desde entonces, las movilizaciones se han extendido por distintas partes de España, con acampadas en varias ciudades y una especialmente visible en la Puerta del Sol de Madrid. El Gobierno impulsó dos decretos para responder a la crisis, pero el Congreso los rechazó, una decisión que precedió a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
71 años en la misma casa
Maricarmen vivía en un piso de alquiler del distrito madrileño de Retiro desde hacía 71 años. El contrato era de los llamados de renta antigua, una modalidad de alquiler vinculada a contratos antiguos y que, en su caso, había sido firmado originalmente por su padre.
Posteriormente, el contrato pasó a su madre mediante una subrogación y, finalmente, quedó en manos de Maricarmen. La situación cambió cuando la empresa propietaria Urbagestión adquirió el inmueble en el que vivía la mujer.
La empresa consideró que el contrato había quedado extinguido y exigió a Maricarmen un nuevo contrato de alquiler. El problema era que las nuevas condiciones económicas estaban fuera de sus posibilidades.
Maricarmen tenía 87 años, un 50% de discapacidad y problemas de movilidad. Su abogada intentó negociar una solución, mientras particulares llegaron a ofrecerse para asumir el coste del alquiler.
Sin embargo, los intentos no evitaron el desahucio. Tras varios aplazamientos, Maricarmen fue finalmente expulsada de su vivienda en el cuarto intento, el pasado 23 de septiembre.
La imagen que encendió las protestas
Las imágenes de la mujer siendo sacada de su casa en camilla y trasladada al hospital Gregorio Marañón provocaron una nueva ola de movilizaciones por el derecho a la vivienda en España.
El desahucio se convirtió así en un símbolo de una discusión mucho más amplia: qué ocurre cuando una persona no puede asumir las condiciones de un alquiler y qué responsabilidad deben tener los propietarios y las administraciones públicas.
A partir de entonces, las protestas se extendieron y en Madrid dieron lugar a una acampada en la Puerta del Sol, una de las principales plazas de la capital española. La protesta comenzó el 26 de septiembre y continúa instalada allí.
Mientras tanto, la situación de Maricarmen seguía siendo objeto de negociaciones. Cinco días después de su desahucio, el 28 de septiembre, la propiedad del inmueble alcanzó un acuerdo para que pudiera regresar a su casa.
Un acuerdo para volver a casa
El pacto con la empresa considerada “fondo buitre” Urbagestión establecía que Maricarmen podría regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda con un alquiler que no superara el 30% de sus ingresos netos.
El acuerdo parecía poner fin a la disputa. Sin embargo, Maricarmen permanecía hospitalizada y finalmente no pudo regresar a la vivienda en la que había pasado buena parte de su vida.
El Sindicato de Inquilinas comunicó este miércoles su muerte y lamentó que, aunque se había alcanzado "un acuerdo histórico" sobre su caso, la solución llegó demasiado tarde. La organización calificó el proceso de "torturante" y consideró que se trataba de una situación evitable.
"Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país", señaló el sindicato.
La organización vinculó directamente el caso con la sucesión de acontecimientos que se produjo después: manifestaciones multitudinarias, acampadas en plazas, el adelanto electoral y la convocatoria de una huelga general por el derecho a la vivienda.
El rostro de una crisis que llega a la política
Durante las primeras semanas de movilizaciones, Maricarmen siguió participando en la protesta desde el hospital. En varios vídeos pidió la aprobación del llamado "decreto Maricarmen", nombre utilizado para referirse a las medidas de vivienda impulsadas tras su desahucio.
El Gobierno aprobó inicialmente dos decretos con medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, proteger a los inquilinos y ampliar la oferta de vivienda asequible. Sin embargo, ambos fueron rechazados por el Congreso de los Diputados. El primero cayó por 172 votos frente a 178, con el PP, Vox, Junts y UPN en contra; el segundo obtuvo 166 votos a favor y 184 en contra, después de que también se opusieran PNV y Coalición Canaria. En ambos casos, el voto en contra de Junts fue determinante para que las medidas no pudieran ser convalidadas.
El rechazo se produjo en plena escalada de las movilizaciones y terminó acompañado de una decisión política de mayor alcance: Pedro Sánchez convocó elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
Después de esa convocatoria, el Gobierno volvió a aprobar dos nuevos decretos de vivienda, esta vez con algunas modificaciones. Los textos serán debatidos y votados el próximo 16 de octubre por la Diputación Permanente del Congreso.
Para entender la importancia de esa votación, hay que tener en cuenta que el Gobierno necesita que el Parlamento convalide estos decretos para que puedan mantenerse en vigor. En este caso, la votación se realizará en la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones del Congreso cuando la Cámara no está reunida.
Una batalla que también se libra en Madrid
Mientras el Gobierno intenta sacar adelante sus medidas, la protesta de la Puerta del Sol ha abierto otro frente político y judicial.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que la acampada sea desalojada. La Comunidad acudió a los tribunales después de que la Delegación del Gobierno rechazara su petición de levantar la protesta en un plazo de 48 horas.
La Delegación del Gobierno representa en Madrid al Ejecutivo central y ha defendido que ordenar el desalojo podría provocar más perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado nuevamente las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional. La decisión no resuelve todavía el fondo del conflicto, sino que se refiere únicamente a esta fase inicial del procedimiento.
La Comunidad de Madrid considera que la acampada supone una "ilegal ocupación del espacio público" y sostiene que genera perjuicios para el turismo y el comercio.
Frente a ello, la Delegación del Gobierno sostiene que, aunque la protesta no fue precedida por una comunicación formal específicamente dirigida a organizarla, puede estar amparada por el derecho fundamental de reunión y manifestación.
21 medidas para intentar aliviar el problema
Los nuevos decretos aprobados por el Gobierno reúnen un total de 21 medidas. Su objetivo declarado es facilitar el acceso al alquiler y a la compra, aumentar la oferta de vivienda protegida, combatir la especulación y proteger a los inquilinos y a las personas más vulnerables.
Entre las iniciativas destaca la movilización de 10.000 millones de euros en préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de hasta 50.000 euros, para facilitar la compra de una primera vivienda. También se contemplan 280 millones de euros en avales para impulsar la industrialización de la construcción.
Además, el Ejecutivo ha previsto otros 400 millones de euros para proveedores de vivienda social y la adquisición de miles de inmuebles de la Seguridad Social por parte de Casa 47. A esto se suman desgravaciones en el impuesto sobre la renta para los inquilinos.
Las medidas también incluyen una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que estén al corriente de pago y límites a las subidas de las rentas. El Gobierno plantea además restricciones a la compra de inmuebles por parte de los llamados "fondos buitre".
Por otro lado, los decretos regulan los alquileres de temporada y de habitaciones, vinculan los beneficios de las sociedades de inversión inmobiliaria al alquiler asequible y establecen el pago del IVA para los pisos turísticos.
El Gobierno también ha ampliado hasta 2030 la prohibición de la compra especulativa de vivienda, aunque contempla excepciones cuando los inmuebles se destinen a vivienda asequible o social.
El Gobierno admite que las medidas no bastan
Pedro Sánchez ha reconocido que estas iniciativas no resolverán por sí solas el problema de la vivienda en España. El presidente del Gobierno ha defendido, sin embargo, la necesidad de una intervención "mucho más firme" en un mercado que considera que "claramente no funciona".
En esa línea, Sánchez ha prometido seguir construyendo "cientos de miles de viviendas más, en especial públicas y asequibles". También ha asegurado que su Gobierno no permitirá nuevos casos como el de Maricarmen.
"No vamos a permitir ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen", afirmó Sánchez, al defender la necesidad de continuar actuando sobre el mercado de la vivienda.
Pero la respuesta del Gobierno no convence a todos los actores. Mientras los movimientos de inquilinos reclaman una mayor protección, las asociaciones inmobiliarias y de propietarios advierten de que algunas de estas medidas podrían reducir todavía más la oferta disponible.
El portal inmobiliario Idealista sostiene que España perdió 393.000 viviendas de alquiler entre 2018 y 2025, una caída del 44% en siete años. Según sus datos, la reducción llegó al 83% en Barcelona capital y al 58% en Madrid.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sostiene una interpretación diferente. Según Rodríguez, no hay menos viviendas en alquiler desde que gobierna Sánchez, sino menos rotación, y considera que la especulación está dificultando el acceso de las personas al mercado del alquiler.
Una huelga a 18 días de las elecciones
La disputa por la vivienda también ha llegado a los sindicatos y a los movimientos de inquilinos. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha propuesto una huelga general por el derecho a la vivienda para el 11 de noviembre.
UGT, uno de los principales sindicatos de España, ha respaldado la fecha, que debía ser confirmada definitivamente en una reunión sindical en Madrid. Si finalmente se celebra, la huelga tendrá lugar apenas 18 días antes de las elecciones generales.
Para Sumar, la formación que comparte el Gobierno con el PSOE, las movilizaciones han sido determinantes para impulsar las nuevas medidas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el "alquiler indefinido" como una medida estructural y una de las principales reivindicaciones de su formación.
Desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, también ha llamado a participar en la huelga. Al mismo tiempo, ha acusado al PSOE de intentar aprovechar políticamente las movilizaciones por el derecho a la vivienda.
Mientras tanto, el Partido Popular y Vox rechazan las medidas del Gobierno y cuestionan también el procedimiento elegido para aprobarlas. El sector inmobiliario, por su parte, reclama un acuerdo amplio que permita aplicar políticas de vivienda durante más tiempo.
El legado de Maricarmen
Maricarmen no pudo volver a la casa en la que había vivido durante 71 años. El acuerdo que debía permitirle regresar llegó cuando ya estaba hospitalizada. Su puerta quedó atrás, pero su lucha dejó una consigna que ahora otros han hecho suya.
Desde entonces, el Sindicato de Inquilinas ha reivindicado su historia como parte de una lucha más amplia por el derecho a la vivienda. "Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores", señaló la organización.
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, reivindicó su legado y aseguró que la "especulación y el rentismo matan a gente cada día en nuestro país".
"Con cada burofax, con cada subida de alquiler, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida. Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen", afirmó Del Río.
Y, sobre todo, recordó una de las frases que Maricarmen repetía durante su lucha y que ahora queda como despedida: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro".
