La creciente oposición a los grandes centros de datos en comunidades de todo Estados Unidos ha transformado el panorama de las elecciones al Senado que se realizarán en noviembre, además de poner obstáculos a los planes de las empresas más ricas del mundo. Tal rechazo incluso llevó a uno de los principales impulsores de la industria, el presidente Donald Trump, a salir en su defensa.
Y no es algo menor. Se trata de un cambio drástico con respecto a hace apenas dos años, cuando muy poca gente había siquiera oído hablar de un centro de datos.
Pero el lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI, a finales de 2022, desató una demanda mundial de “chatbots” y otros productos de inteligencia artificial generativa que, por lo general, requieren enormes cantidades de capacidad informática tanto para su entrenamiento como para su funcionamiento.
Ahora, las compañías Oracle, Meta, Google, Amazon y Microsoft prevén invertir en conjunto más de 700.000 millones de dólares en centros de datos en EE.UU. sólo este año.
La expansión hacia las zonas rurales de Estados Unidos
Los gigantes tecnológicos y los constructores necesitan vastas extensiones de terreno para poder albergar los masivos centros de computación, por lo que han comenzado a llegar cada vez más a las zonas rurales de EE.UU.
En esa línea, esta expansión ha unido a comunidades conservadoras dedicadas a la ganadería y la agricultura con grupos ecologistas de orientación progresista, que comparten la preocupación por los cursos de agua afectados por la sequía, la contaminación en zonas agrícolas y la reducción de las tierras de cultivo.
En Nuevo México, donde Oracle y OpenAI están construyendo Project Jupiter, un complejo de centros de datos valorado en 165.000 millones de dólares y planeado cerca de la frontera con México, crece la preocupación por la disminución de las reservas de agua.
Allí, el Center for Biological Diversity, un grupo de defensa del medioambiente, impugnó la autorización por parte del estado de unos permisos para perforar pozos destinados a suministrar millones de galones de agua a Project Jupiter. El grupo señaló que las autoridades aprobaron uno de esos permisos el año pasado, después de ignorar los procedimientos de notificación pública establecidos por la legislación estatal.
Por su parte, Samantha Barncastle Salopek, abogada especializada en derechos sobre el agua y miembro de una familia dedicada al cultivo de nueces, afirmó que agricultores y ganaderos están preocupados por sus derechos sobre el agua en un estado duramente golpeado por la sequía. Salopek es la candidata republicana a un escaño en la comisión del condado de Doña Ana.
El presidente Trump, por otro lado, continúa defendiendo los centros de datos.
La semana pasada afirmó que, si fuera alcalde o gobernador y tuviera la oportunidad de atraer a un gran centro de datos, “lo querría absolutamente, porque los empleos son muchos y el dinero que se paga, los impuestos que se pagan, son simplemente enormes”.
Sin embargo, Trump reconoció que los centros de datos necesitan “un poco de ayuda en cuanto a relaciones públicas”.
El mandatario es uno de los principales defensores de la industria, a la que considera fundamental para que EE.UU. le gane la carrera por la inteligencia artificial a China.
Por eso, su Gobierno está impulsando medidas para ayudar a los gigantes tecnológicos a construir y conectar centros de datos con plantas eléctricas y líneas de alta tensión, así como para convertir antiguas instalaciones de enriquecimiento de uranio de la época de la Guerra Fría en complejos que combinen centros de datos y plantas eléctricas.
Ahora bien, en paralelo, gobernadores que antes buscaban atraer proyectos de centros de datos a sus estados han cambiado de postura o adoptado medidas para endurecer las regulaciones sobre estas instalaciones.
De hecho, en algunos estados, los gobernadores han suspendido las exenciones del impuesto sobre las ventas para nuevos proyectos de centros de datos. Otros están tratando de obligar a estas instalaciones a pagar por su propio suministro eléctrico, limitar su consumo de agua, revelar más información sobre sus operaciones, y obtener el respaldo de las comunidades antes de recibir un permiso estatal o una exención fiscal.
En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott ordenó a los reguladores adoptar medidas para garantizar que los residentes no tuvieran que pagar facturas de electricidad más altas debido a los centros de datos.
Además, prometió impulsar el próximo año una agenda legislativa que busca endurecer las regulaciones sobre estas instalaciones, incluida la eliminación de una exención fiscal estatal que supera los 1.000 millones de dólares anuales.
En Nueva York, la gobernadora demócrata Kathy Hochul ordenó una suspensión de un año para los grandes centros de datos.
La demanda energética de IA frente a los objetivos climáticos
El explosivo aumento de demanda energética para la inteligencia artificial ha puesto en marcha el mayor auge de construcción de centrales eléctricas alimentadas con gas natural de la historia. Al mismo tiempo, defensores de las energías renovables buscan fórmulas para garantizar que los centros de datos también funcionen con fuentes compatibles con los objetivos climáticos.
En los últimos 18 meses, los estados de Michigan, Oregon y Minnesota han aprobado leyes destinadas a proteger los requisitos que ya obligaban a sus empresas eléctricas a utilizar únicamente fuentes de energía libres de emisiones para 2040.
Una legislación similar está avanzando al final de la actual sesión legislativa de California, que concluye este mes.
En otros estados, entre ellos Georgia, Colorado y Carolina del Norte, grupos medioambientales y empresas con objetivos de energía limpia están utilizando los mecanismos regulatorios disponibles para presionar a las compañías eléctricas que operan como monopolios, y que históricamente han controlado el suministro de energía y el acceso a la red.
Los centros de datos, sin embargo, todavía cuentan con un aliado: los sindicatos.
Miembros de los sindicatos en el sector de la construcción participan en un enorme número de grandes proyectos de centros de datos, mientras las organizaciones sindicales locales se apresuran a reclutar nuevos aprendices y ampliar sus centros de formación para responder a la demanda explosiva.
Los dirigentes sindicales nacionales aseguran que sus filas están creciendo a un ritmo nunca antes visto. Mientras tanto, los gigantes tecnológicos están destinando millones de dólares a programas de capacitación.
Asimismo, los sindicatos no se limitan a trabajar en estos proyectos. También están haciendo campaña a favor de los centros de datos en el Congreso, en las legislaturas estatales y dentro de las propias comunidades.
En las abarrotadas reuniones de los ayuntamientos en las que se debate la construcción de un proyecto, los miembros de los sindicatos suelen presentarse para responder a las críticas y preocupaciones sobre los centros de datos, algo que los ejecutivos de los gigantes tecnológicos y de las empresas promotoras rara vez hacen.
