Zeynep ConkarTürkiye dio un nuevo paso en el proceso judicial que desarrolla contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al solicitarle a la Interpol que emita una alerta roja en su contra por la interceptación de la Flotilla Global Sumud, una misión que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, en aguas internacionales.
El proceso en Türkiye se lleva a cabo ante el 11º Tribunal Penal Superior de Estambul e involucra a 35 acusados, incluidos Netanyahu y Afek Moskovitch, un soldado israelí vinculado a la destrucción del hospital turco en Gaza.
A los acusados se les ha procesado por la intervención armada en aguas internacionales contra civiles que buscaban entregar ayuda humanitaria a Gaza, así como por la detención de activistas.
Los cargos incluyen genocidio, crímenes de lesa humanidad, privación agravada de libertad, lesiones intencionales, tortura, daños a la propiedad, robo agravado y secuestro de medios de transporte, declaró el ministro de Justicia de Türkiye, Akin Gurlek.
Y lo que hace a este proceso penal tan único es que no pasa en absoluto por La Haya.
Netanyahu ya enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), emitida en noviembre de 2024, pero el caso de Türkiye es algo completamente distinto: una acusación a nivel nacional, procesada conforme al derecho turco, que reclama jurisdicción sobre un incidente relacionado con activistas que habían zarpado desde costas del país.
De manera que el proceso de Ankara se superpone en parte con el de la CPI, pero es más amplio, según explica Andrea María Pelliconi, profesora asistente de Derechos Humanos en la Universidad de Southampton, en diálogo con TRT World.
“Esto se extiende al incidente de la flotilla, que no está incluido en las órdenes de arresto de la CPI porque ocurrió después, e implica cargos de genocidio, que tampoco están incluidos en dichas órdenes”, señala Pelliconi.
“Los cargos en Türkiye también incluyen delitos como ‘robo agravado’ y ‘secuestro de medios de transporte’, que no forman parte de los crímenes internacionales sobre los que la CPI tiene jurisdicción”, completa.
“Existe una creciente aceptación de la jurisdicción universal para los crímenes internacionales, y esta medida podría contribuir a que el mundo se vuelva más pequeño para los acusados israelíes, lo que los expondría a un mayor riesgo de arresto y entrega”, añade la experta.
¿Qué es una alerta roja de la Interpol?
Una alerta roja de la Interpol suele describirse como una orden de arresto internacional, pero eso no es del todo exacto.
Según la propia definición de Interpol, una alerta roja –o notificación roja– es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y arrestar provisionalmente a una persona sobre la que pesa una extradición, entrega u otra medida legal similar. Además, no constituye en sí misma una orden de arresto internacional.
Los Estados miembros aplican sus propias leyes al decidir si efectivamente detienen a alguien mencionado en una alerta roja, ya que la Interpol no tiene poder independiente para ordenar un arresto por su propia autoridad.
Ese mecanismo explica precisamente por qué la forma en que se plantea la solicitud de Türkiye importa tanto como los hechos subyacentes.
Los análisis jurídicos sobre el marco constitucional de la Interpol señalan un requisito según el cual la organización debe evitar ciertas categorías de intervención, algo que suele denominarse su cláusula de neutralidad. Entonces, si una solicitud determinada supera ese umbral su futuro tiende a depender en gran medida de cómo está construida y documentada, más que de la gravedad de las acusaciones por sí misma.
La Interpol revisa este tipo de solicitudes a través de su proceso interno y de su Comisión para el Control de los Ficheros. Una alerta roja basada en un caso nacional formal, con sospechosos identificados y cargos específicos —como ocurre en el proceso de Türkiye— es más sólida que una cuya base sean denuncias vagas o sin sustento.
Ahora bien, según Pelliconi, el proceso de aplicación podría variar de un Estado a otro.
“Algunos Estados pdrían rechazar la ejecución de las órdenes de detención por los crímenes internacionales ya establecidos, tanto porque la jurisdicción universal no es totalmente aceptada, con excepción de la tortura, según la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, como por la inmunidad personal del primer ministro, que solo se mantiene mientras permanezca en el poder”, señala la experta.
“Para los crímenes que no están sujetos a la jurisdicción universal, sería extremadamente difícil superar la inmunidad personal de Netanyahu, aunque podría ser efectiva para los otros 34 acusados”, afirma.
Por qué el caso de Türkiye es importante más allá de la sala de audiencias
Este no es el primer movimiento de Türkiye contra Netanyahu.
Los fiscales de Estambul emitieron órdenes de arresto contra él y decenas de otros funcionarios israelíes en noviembre de 2025, también por acusaciones de genocidio vinculadas a la ofensiva más amplia perpetrada en Gaza.
La nueva solicitud a Interpol extiende ese esfuerzo específicamente al incidente de la flotilla, lo que le da a Ankara un segundo caso, más acotado, centrado en un evento bien documentado con acusados individuales identificados, en lugar de un extenso registro de la ofensiva genocida en su conjunto.
Una alerta roja no obligaría por sí misma a todos los países a arrestarlo, y su efecto dependería de a dónde viaje y de cómo trate el país en cuestión la solicitud turca.
Aun así, según Pelliconi, la solicitud podría tener un impacto a más largo plazo, tanto al ampliar el número de Estados involucrados como al mantener abierta la posibilidad de un procesamiento incluso después de que Netanyahu deje el cargo.
Explica que “los Estados que actualmente no desean cooperar con la CPI de todos modos tendrían que hacerlo con la Interpol, de la cual forman parte prácticamente todos los países, además de los tratados bilaterales de extradición que Türkiye pueda tener vigentes”.
“Aunque a Netanyahu se le conceda inmunidad personal ahora, la perderá en cuanto deje el cargo, y que al no existir prescripción para crímenes como el genocidio, la justicia llegará eventualmente”, destaca la experta.
“Esa perspectiva es bastante sombría para él, y políticamente, sin duda se trata de una medida muy contundente por parte de Türkiye”, añade.
La orden de la CPI ya significa que él enfrenta riesgo de arresto en los Estados vinculados por el Estatuto de Roma. El caso de Türkiye suma un proceso nacional separado, un nuevo conjunto de acusaciones y otro canal potencial de cooperación policial internacional.
Eso es lo que hace que el caso sea significativo más allá de la pregunta de si Netanyahu será realmente arrestado.
Demuestra que la búsqueda de justicia por crímenes internacionales no tiene por qué detenerse en La Haya, y que los tribunales nacionales pueden desempeñar un papel en esa búsqueda.
