Extraditado, liberado, designado ministro en Venezuela y deportado. Seis años después de que comenzara su largo entramado judicial, el empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero este martes ante la Justicia de EE.UU. y aceptó cooperar con las autoridades, mediante la entrega de dinero e información.
Saab, de 54 años y exministro de Industria y Producción de Venezuela (2024-2026), se había declarado “inocente” ante un juez de EE.UU. en julio pasado, tras ser extraditado a ese país. Pero ahora modificó su declaración y admitió responsabilidad por el delito de conspiración para blanquear instrumentos monetarios, según señala la corte del Distrito Sur de Florida.
Así que, como parte del acuerdo con la justicia, Saab se comprometió a cooperar con las autoridades estadounidenses. En concreto, acordó entregar 195 millones de dólares, una suma que la Fiscalía vincula con una presunta trama de corrupción y desvío de fondos en torno al programa venezolano de ayuda alimentaria.
Pero su cooperación va más allá del dinero: también acordó “dar información” a EE.UU. que implica a “altos funcionarios venezolanos”, según reveló la Fiscalía. A cambio, Washington aceptó pedir una sentencia menor, por lo que podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión.
¿De qué lo acusan?
Una presunta trama vinculada con contratos para la compra de alimentos está en el centro de la acusación de la Fiscalía. Según el expediente, la operación habría utilizado empresas y documentación para mover recursos a través del sistema financiero de Estados Unidos.
El caso se originó en contratos para la importación de alimentos hacia Venezuela. Saab estuvo al frente de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa impulsado durante el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para centralizar la importación de alimentos que posteriormente eran distribuidos a la población.
El proceso contra Saab incluye además a otras personas que ocupan u ocuparon altos cargos en Venezuela.
“Dar información” a EE.UU. sobre “altos funcionarios venezolanos”
Pero el acuerdo no se limita a la declaración de culpabilidad y la entrega de dinero. Saab también accedió a “dar información completa” a las autoridades estadounidenses sobre una trama en la que implica a “altos funcionarios de Venezuela”, según revela el documento divulgado tras su comparecencia ante el tribunal.
En el texto, Saab reconoce que “acordó lavar dinero y cometer fraude” con “altos miembros del Gobierno de Venezuela”, entre ellos dos sospechosos cuyas identidades no fueron reveladas por la Fiscalía.
En su declaración de culpabilidad, Saab afirmó que en 2015 organizó junto con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” que incluía “sobornos” y “pagos ilegales” relacionados con el programa CLAP, con transferencias de dinero hacia el sur de Florida, en EE.UU.
El entramado, según el documento, “contó con la aprobación, participación y protección de algunas de las autoridades de más alto rango del Gobierno venezolano”. Entre ellas menciona a una persona identificada únicamente como “funcionario del Gobierno 1A”, quien habría designado a un sustituto –uno de cuatro coacusados no identificados– para recibir pagos de sobornos en su nombre.
La sombra de Maduro
La declaración de culpabilidad llega en un momento particular: Maduro y su esposa, Cilia Flores, también enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos, lo que ha generado interrogantes sobre si podría existir alguna relación entre ambos casos.
Autoridades estadounidenses han vinculado durante años a Saab con las finanzas del entorno de Maduro, y podrían pedirle que declare como testigo contra el presidente, según informó la agencia de noticias AP.
Sin embargo, la causa por la que Saab se declaró culpable no forma parte del proceso judicial contra Maduro. El presidente fue capturado en enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y permanece detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas.
Lo que sí existió fue una estrecha relación política entre Saab y el gobierno venezolano. El empresario fue una figura activa durante los últimos años de la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y posteriormente ocupó el cargo de ministro entre 2024 y 2026, cuando Maduro era presidente.
Tanto el Gobierno de Maduro como el propio Saab rechazaron durante años los señalamientos formulados en su contra.
Un historial con varios giros
Sanciones, arresto, extradición y prisión… El recorrido judicial y político de Saab se extiende por más de media década y ha tenido varios giros.
Todo comenzó en 2020: tras ser objeto por primera vez de sanciones estadounidenses, Saab fue arrestado en Cabo Verde. En ese momento cumplía una misión diplomática para Caracas, según informó la cadena de noticias venezolana Telesur.
Fue extraditado a Estados Unidos al año siguiente, en un procedimiento que el Gobierno venezolano denunció como una violación de su inmunidad diplomática.
Pero una serie de negociaciones entre Washington y Caracas, en el marco de un canje de prisioneros, resultaron en su liberación y regreso a Venezuela a fines de 2023.
Su vuelta al país marcó un nuevo capítulo. En octubre de 2024 fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional.
Pero su situación volvió a cambiar tras la captura de Maduro. El Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez tomó distancia de Saab y lo apartó del cargo de ministro.
Finalmente, el 16 de mayo el propio gobierno venezolano accedió a “deportarlo” a Estados Unidos. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime) argumentó que la decisión se apoyaba en la legislación migratoria del país, y señaló que Saab estaba involucrado en delitos investigados por las autoridades estadounidenses.
La decisión también tuvo repercusiones políticas. Tres días después de la deportación, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue consultado sobre el caso durante una sesión plenaria. Ratificó la nacionalidad colombiana de Saab y sostuvo que “Venezuela no puede obstaculizar ni impedir ningún proceso de deportación”.
Los vínculos con De la Espriella, presidente de Colombia
Pero las repercusiones del caso Saab no se limitan a Venezuela. También alcanzan a Colombia y, en particular, al actual presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, cuya antigua relación con el empresario generó polémica desde que lanzó su candidatura.
El vínculo se remonta a años atrás, mucho antes del primer arresto de Saab. De la Espriella, abogado de profesión, lo representó durante varios años e incluso asumió su defensa en una investigación por presunto lavado de activos en Colombia.
La relación resultó especialmente controvertida por las posiciones políticas del abogado. De la Espriella se había presentado públicamente como un férreo opositor al Gobierno de Maduro e incluso había sugerido, en una columna de opinión, que el entonces presidente venezolano debía morir.
En julio de 2019, De la Espriella salió públicamente a explicar la relación. Aseguró que su firma atendía a personas naturales y jurídicas “sin distingo ideológico” y que las evaluaciones previas a aceptar un caso eran “puramente técnicas”, por lo que no tenían cabida consideraciones políticas.
Dijo que Saab era cliente de su firma desde hacía seis años y que lo representaba en la investigación penal abierta en Colombia por presunto lavado de activos. Según había informado el diario colombiano El Espectador, la Fiscalía investigaba a Saab por supuestamente recurrir a distintas maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones, especialmente a través de su empresa Shatex S.A.
La relación profesional llegó a su fin ese mismo año. De la Espriella renunció a representarlo tras su inclusión en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
Pero, al menos según Saab, el final de la relación profesional no significó el fin del vínculo personal.
En abril de 2021, el empresario afirmó que De la Espriella “es un gran abogado y amigo” y que “sus credenciales profesionales son bien conocidas por todos”. “Simplemente ejerció como mi abogado durante unos años y dejó de serlo hace un par de años. Sigue siendo mi amigo y las diferencias políticas no tienen nada que ver con el ejercicio de su profesión”.
