En medio de las crecientes preocupaciones internacionales por el rumbo que está tomando la política de Israel en los territorios palestinos ocupados, Tel Aviv ha dado nuevos pasos que profundizan la ocupación y desafían abiertamente el derecho internacional. De hecho, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, acaba de destinar aproximadamente 843 millones de dólares en los próximos cinco años para expandir los asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada, en una medida que los medios locales catalogaron como "anexión de facto". A lo que se suman las operaciones policiales que han atentado contra las instalaciones de organizaciones internacionales como la ONU.
Sobre la financiación de Smotrich, el diario israelí Yedioth Ahronoth destacó que se trata de una asignación sin precedentes. El dinero, además de cubrir los gastos para la construcción de nuevos asentamientos ilegales israelíes, se destinará a una red de carreteras que mejorará su acceso y los conectará. Parte de los fondos también irá a fortalecer la seguridad y formalizar los registros de tierras.
El periódico subrayó además un gesto especialmente decisivo: el traslado de tres bases militares israelíes a puntos estratégicos del norte de Cisjordania ocupada, lo que, sostiene, reconfigura sobre el terreno las aspiraciones políticas del gobierno.
"Miles de millones de shekels están destinados a reestructurar los asentamientos", afirmó el diario, puntualizando que el presupuesto también prevé la ampliación de los sistemas de defensa.
“Agrupaciones de absorción”
El plan de Smotrich contempla la creación de “agrupaciones de absorción”, pequeños focos formados por 20 casas móviles cada uno, que permitirán a los colonos ilegales asentarse de inmediato y consolidar nuevos núcleos poblacionales.
De hecho, el Gobierno de Israel transferirá 93,4 millones de dólares a todos los nuevos asentamientos, mientras 49,8 millones se destinarán a subvenciones para su establecimiento y 43,6 millones a actividades organizativas necesarias para su consolidación.
Ahora bien, los asentamientos ya existentes recibirán 135 millones de dólares para mejoras en infraestructuras, mientras que otros 93,4 millones se asignarán a los consejos regionales y locales de colonos ilegales para reforzar su capacidad administrativa.
Un componente clave del plan es la creación de una unidad especializada que se encargue del registro de tierras, a la que se asignarán 70 millones de dólares. Hasta ahora, las compras en Cisjordania ocupada se registraban ante la Administración Civil de Israel. Sin embargo, la nueva estrategia prevé transferir todos esos registros a un sistema exclusivo para este territorio, lo que supone un paso más hacia la consolidación administrativa de la ocupación.
La unidad —que contará con 41 empleados— tiene el objetivo fijado de formalizar 6.000 hectáreas de tierra de aquí al año 2030, un proceso que, según analistas, podría reforzar la presencia israelí de forma casi irreversible.
Además, el plan contempla 43,6 millones de dólares para abrir nuevas carreteras de acceso —principalmente para uso militar— y 46,6 millones adicionales, repartidos en tres años, para modernizar los autobuses escolares blindados que transportan a menores de los asentamientos israelíes ilegales.
Smotrich defendió el plan en la red social X, afirmando que “Judea y Samaria (Cisjordania ocupada) son el cinturón de seguridad de Israel”, y declaró sentirse orgulloso de liderar lo que describió como una “revolución que cancela la idea de dividir la tierra”.
Pero el impulso no termina ahí: se espera que el ministro de Defensa, Israel Katz, proporcione fondos adicionales para reforzar el sistema de control con “vallas inteligentes, puntos de equipamiento, cámaras y otros sistemas”.
Según la organización israelí Peace Now, actualmente 500.000 colonos viven en los asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada y otros 250.000 en Jerusalén Este ocupada.
Sin embargo, estas cifras podrían ser superiores ya que el número de colonos continúa aumentando a pesar de la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia de julio del año pasado. En ella, se dictamina que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y se exige la evacuación de todos los asentamientos.
Fuerzas israelíes irrumpen en el sede de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada
Mientras tanto, en un episodio que evidencia el desafío de Israel a las instituciones de Naciones Unidas, las fuerzas de Tel Aviv irrumpieron este lunes en el complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este ocupada. Durante la operación, los cuerpos policiales retiraron la bandera azul de la ONU y la sustituyeron por una bandera israelí, un gesto que la agencia denunció e interpretó como una provocación deliberada.
El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció que esta acción “representa un flagrante incumplimiento de la obligación de Israel, como Estado Miembro de las Naciones Unidas, de proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU”. En esa línea, añadió que “permitir esto representa un nuevo desafío al derecho internacional, que sienta un precedente peligroso en cualquier otro lugar del mundo donde la ONU esté presente.
Además, relató que motocicletas, camiones y montacargas ingresaron al recinto, cortaron todas las comunicaciones y confiscaron muebles, equipos informáticos y documentos. La magnitud de la irrupción reforzó la impresión de que se trató de una operación de intimidación institucional.
La sede de la agencia, ubicada en el barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalén Este ocupada, se encuentra sin personal e inoperativa desde principios de este año tras una decisión israelí que vetó el trabajo de la UNRWA en su territorio, incluidas las zonas ocupadas.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó en los términos más fuertes la irrupción en el complejo de la agencia y recordó que las instalaciones de Naciones Unidas son “inviolables” y están protegidas por la Convención sobre Privilegios e Inmunidades, ratificada también por la Corte Internacional de Justicia. Por ello, instó a Tel Aviv a “tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para restaurar, preservar y defender la inviolabilidad de las instalaciones de la UNRWA".
Desde Jordania, el portavoz de la agencia, Jonathan Fowler, denunció que Tel Aviv mantiene “una campaña sostenida de desinformación” orientada a erosionar la legitimidad de la UNRWA y a transferir sus responsabilidades a otros organismos más afines a sus intereses.
El rechazo de España
En una postura similar, el Gobierno de España condenó la irrupción como una violación de los “privilegios e inmunidades” que protegen a la agencia. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores instó “al respeto del derecho internacional y de las obligaciones internacionales asumidas por todos los Estados miembros de Naciones Unidas”.
Por eso, llamó “a Israel a permitir que la UNRWA pueda seguir cumpliendo con su mandato sin limitaciones ni obstáculos". Además, reiteró su respaldo a la agencia, a la que considera un "actor fundamental e insustituible en la resolución del conflicto entre Palestina e Israel así como en su acción para aliviar la insoportable crisis humanitaria en Gaza".
Las dificultades de la UNRWA
La irrupción en la sede de Jerusalén Este ocupada tiene lugar en un momento especialmente delicado para la UNRWA. Fundada hace más de 70 años, la agencia atraviesa una grave crisis financiera agravada por acusaciones infundadas de Israel acerca de que ciertos empleados estuvieron implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023, señalamientos que organizaciones internacionales han catalogado como parte de una presión creciente sobre el organismo.
Los palestinos consideran que la existencia de la UNRWA está estrechamente ligada a la preservación de sus derechos como refugiados, especialmente a su esperanza de regresar a los hogares de los que ellos o sus antepasados huyeron o fueron expulsados durante la creación de Israel en 1948, en lo que se conoce como la Nakba, la “catástrofe” en árabe.
El Parlamento de Israel aprobó una ley en octubre de 2024 que prohíbe a la agencia operar en el país y a sus funcionarios tener contacto con ella.
La UNRWA opera en Jerusalén Este, territorio que la ONU y la mayoría de países considera ocupado por Israel.
La agencia también opera en Gaza, Cisjordania ocupada y otras zonas de Oriente Medio, proporcionando educación, atención médica, servicios sociales y alojamiento a millones de palestinos.
