El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que miles de presos, incluidos colaboradores de pandillas, reciben capacitaciones en diversas áreas para ayudar con la “reconstrucción” del país, recientemente afectado por inundaciones.
"Miles de prisioneros no peligrosos, incluidos asociados de miembros de pandillas (aunque no miembros de pandillas en sí), están siendo capacitados para ayudarnos a reconstruir nuestro país", aseguró Bukele en la red social X, antes Twitter, este viernes.
Tras las intensas lluvias que desde junio han dejado graves inundaciones y decenas de muertos en todo el país, grupos de presos participaron en diferentes tareas para reparar los daños, principalmente en las carreteras.
De esa forma, los reclusos "podrán reparar parte del daño que han causado a la sociedad", añadió Bukele.
El presidente también compartió en X un video en el que aparecen reclusos realizando labores de construcción, agricultura, confección de ropa, fumigaciones, reparación de equipos electrónicos, entre otras tareas.
Durante una cadena de radio y televisión, Bukele dijo el viernes que son "casi 150 millones de dólares" lo que desembolsa el Estado al año para atender el sistema penitenciario.
Por su parte, el viceministro de Justicia y director general de las cárceles, Osiris Luna, declaró que "estamos buscando la autosostenibilidad de los centros penitenciarios". También detalló que el número de presos a ser capacitados en distintas áreas será de casi 48.000.
Se prevé que alrededor de 5.400 reclusos deberán fabricar 2,4 millones de uniformes para entregar a los alumnos de escuelas públicas el próximo año.
Otros 6.000 presos integrarán una constructora gubernamental para reparar escuelas, hospitales y construir carreteras y el resto de presos trabajarán en otras áreas productivas
Guerra contra las pandillas
Bukele, que llegó al poder en el año 2019, libra desde marzo de 2022 una "guerra" contra las pandillas bajo un régimen de excepción, que suma una cifra de más de 80.000 presuntos pandilleros detenidos.
El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, lo decretó el Congreso a petición del mandatario como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022.
La cruzada contra las pandillas redujo las actividades criminales en el país y favoreció la reelección de Bukele, quien comenzó su segundo mandato el 1 de junio.
Los cuestionamientos de organizaciones humanitarias
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado varias veces su preocupación sobre los presos en El Salvador y ha pedido que se respeten sus derechos.
“Pido a las autoridades que apliquen condiciones de detención que garanticen la dignidad de todos los reclusos, incluso de los que pasan largos periodos en espera de juicio, y que suprima los obstáculos que dificultan la labor de los abogados defensores”, dijo Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la presentación de un informe global en marzo.
Al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde que se aplicó el estado de emergencia, “la mitad de ellos de forma violenta” según los últimos datos que publicó la ONU en una nota de prensa de 2023.
Por su parte, el más reciente informe de Amnistía Internacional, publicado en abril de 2024, indicó que desde el inicio del estado de excepción se produjeron al menos 190 muertes bajo custodia del Estado.
Con una población de reclusos que sobrepasa las 111.000 personas, según organismos humanitarios independientes, El Salvador tiene la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial con 1.764 reos por cada 100.000 habitantes.
