Ahmed NajarCuando las iniciativas internacionales sobre Palestina se presentan en espacios como Davos, suelen llegar envueltas en un lenguaje de inevitabilidad.
La paz se plantea como un desafío técnico, resoluble mediante paneles, marcos conceptuales y consensos cuidadosamente gestionados.
La llamada “Junta de Paz”, lanzada esta semana en el Foro Económico Mundial, es el último intento de imponer impulso a un conflicto que ha sobrevivido a generaciones.
Para los palestinos, estos momentos no son nuevos. Son episodios familiares dentro de una larga historia de “soluciones” diseñadas desde el exterior, muchas de las cuales prometieron Estado, estabilidad o prosperidad, pero terminaron entregando ocupación prolongada, soberanía fragmentada y la gestión de la injusticia en lugar de su resolución.
Cualquier evaluación seria de la Junta de Paz debe, por tanto, comenzar no por sus aspiraciones, sino por el historial político que hereda.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó la Junta de Paz como un órgano destinado a resolver conflictos internacionales, con un costo estimado de 1.000 millones de dólares para la membresía permanente.
La junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, aunque un borrador de su carta no parece limitar su función únicamente al territorio palestino.
Un alto funcionario de la Casa Blanca ha señalado que alrededor de 35 países, incluida Türkiye, se han comprometido hasta ahora a participar, de unas 50 invitaciones enviadas.
Estos detalles son relevantes. Dejan claro que la Junta de Paz no es simplemente un mecanismo humanitario centrado de manera estrecha en Gaza, sino una estructura política emergente con ambiciones más amplias y una membresía moldeada por el poder, el acceso y las alineaciones geopolíticas.
Paz por partes
Los procesos de paz nunca son neutrales. Reflejan el equilibrio de poder y las prioridades políticas existentes en el momento de su creación, y este no es una excepción.
La composición de la junta profundiza esta preocupación. Entre los Estados que, según los reportes, participan se encuentran Israel y varios aliados clave de Estados Unidos en Oriente Medio, junto a otros gobiernos con estrechos vínculos políticos con Washington.
La participación de Israel es especialmente significativa. El primer ministro Benjamín Netanyahu, cuyo gobierno presidió la devastadora destrucción de Gaza, aparece como parte de una junta supuestamente encargada de dar forma a la paz y la reconstrucción.
Esto no invalida automáticamente la iniciativa, pero sí subraya una tensión central que ha afectado durante décadas los esfuerzos diplomáticos sobre Palestina: si la paz se aborda como un proceso basado en la rendición de cuentas y los derechos, o como un foro para estabilizar el poder sin enfrentar responsabilidades.
Esta tensión ayuda a explicar por qué el escepticismo palestino frente a nuevos marcos diplomáticos no es un reflejo ideológico, sino una experiencia política vivida.
Desde Oslo en adelante, las iniciativas de paz han priorizado con frecuencia la coordinación de seguridad, la gestión económica y los acuerdos provisionales, mientras posponían o diluían las cuestiones centrales que definen el conflicto: la ocupación, la soberanía, las fronteras, los refugiados y la igualdad ante la ley.
El resultado no fue la paz, sino una asimetría cada vez más profunda que consolidó la ocupación israelí y vació de contenido la promesa de un Estado palestino viable.
El riesgo de la Junta de Paz no es, por tanto, únicamente que fracase. Es que pueda tener éxito en redefinir el conflicto de maneras que rebajen las expectativas.
Reconstrucción sin soberanía, ayuda sin derechos y estabilidad sin justicia son resultados ya conocidos de procesos anteriores.
Una junta que trate Gaza principalmente como un desafío técnico de reconstrucción, y no como parte de una lucha política más amplia por la autodeterminación, corre el riesgo de repetir ese patrón.
La visión de Trump de una Gaza reconstruida —llena de rascacielos brillantes y paseos marítimos bordeados de palmeras— resulta una burla del sufrimiento soportado por los palestinos de Gaza durante los últimos dos años, con su tierra reducida a un paisaje distópico por la maquinaria de guerra israelí.
Al mismo tiempo, sería inexacto, y estratégicamente imprudente, descartar la Junta de Paz como irrelevante.
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, situó el tema en perspectiva al describir la Junta de Paz como una “oportunidad histórica” para poner fin al sufrimiento prolongado de los palestinos.
Sus palabras reflejan el optimismo del presidente Recep Tayyip Erdogan, uno de los defensores más firmes de la causa palestina, de que todas las iniciativas destinadas a establecer la paz en Gaza son importantes.
Iniciativas de esta magnitud moldean el discurso diplomático, influyen en las expectativas internacionales y crean puntos de referencia que pueden fortalecer o debilitar las reivindicaciones palestinas.
Les guste o no a los palestinos, un órgano de este tipo afectará la forma en que gobiernos, medios e instituciones hablen de “soluciones” en los próximos meses.
Es en este sentido, y solo en este, que la Junta de Paz puede describirse como una oportunidad única, a pesar de sus defectos inherentes.
No porque su estructura garantice un resultado justo, sino porque los momentos de atención internacional concentrada obligan a tomar decisiones que de otro modo se posponen.
Fuerzan a los Estados y a las instituciones a aclarar qué están dispuestos a defender y qué están dispuestos a sacrificar.
Ahora o nunca
Para que esta oportunidad sea significativa, ciertos principios no pueden quedar implícitos ni ser meramente aspiracionales. El derecho internacional debe tratarse como un marco vinculante, no como una referencia retórica.
La autodeterminación palestina no puede aplazarse indefinidamente en favor de incentivos económicos o arreglos de seguridad.
La ocupación debe ser nombrada como el principal obstáculo para la paz, y no ocultada bajo un lenguaje abstracto sobre “ciclos de violencia” o “desconfianza mutua”.
De manera crucial, la agencia palestina debe ser sustantiva y no simbólica. Demasiadas iniciativas anteriores incluyeron a los palestinos en la forma, pero excluyeron el fondo de sus demandas políticas.
Un proceso que busque legitimidad sin igualdad no producirá estabilidad, y mucho menos reconciliación.
El papel de la comunidad internacional en su conjunto, en particular del mundo musulmán, es, por tanto, decisivo. La participación en una junta de este tipo no puede reducirse a respaldo u óptica diplomática.
Si los Estados deciden involucrarse, deben hacerlo con líneas rojas claras: el Estado palestino no puede ser opcional; los plazos no pueden ser indefinidamente elásticos; la reconstrucción no puede separarse de los derechos políticos.
La participación sin capacidad de presión corre el riesgo de legitimar resultados que simplemente administren el conflicto en lugar de resolverlo.
Existe también un peligro más amplio de que iniciativas como la Junta de Paz se conviertan en vehículos de normalización sin resolución.
La cooperación regional y la integración diplomática pueden avanzar, mientras la cuestión palestina permanece estructuralmente sin resolver.
Este enfoque ya se ha intentado antes, y sus consecuencias son visibles: violencia recurrente, desigualdad creciente y la erosión de la fe en las soluciones políticas.
La paz no se produce únicamente a través de paneles. No surge del consenso de élites ni del diseño institucional cuando estos están desconectados de la justicia sobre el terreno.
Surge cuando el poder es limitado por la ley, cuando los derechos se tratan como fundamentos y no como elementos negociables, y cuando quienes más sufren el conflicto no son obligados a intercambiar su futuro por una calma temporal.
La Junta de Paz será juzgada, por tanto, no por la prominencia de sus patrocinadores ni por la magnitud de su ambición, sino por una prueba más simple: ¿enfrenta las realidades de la ocupación y la desigualdad, o busca administrarlas?
Si logra lo primero, podría representar una rara oportunidad de romper con décadas de enfoques fallidos.
La decisión no pertenece únicamente a los palestinos. Pertenece a la comunidad internacional que continúa moldeando, y a menudo protegiendo, las condiciones bajo las cuales este conflicto persiste.
