Washington ha ejecutado desde septiembre múltiples ataques militares contra embarcaciones a las que acusa de narcotráfico, tanto en el mar Caribe –frente a las costas de Venezuela–, como en el Pacífico oriental, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que le declaró la guerra a los llamados "narcoterroristas".
Sin embargo, el doble ataque contra un bote el 2 de septiembre ha desatado un intenso escrutinio legal, además de investigaciones en el Congreso y críticas internacionales, por la legalidad de apuntar contra individuos sobrevivientes de un naufragio. El problema con ese operativo en particular fue que las acusaciones se dirigieron contra el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.
Según un informe del diario The Washington Post, Hegseth ordenó un segundo ataque para "matarlos a todos" después de que dos personas lograran sobrevivir al primer impacto.
Hegseth negó haber emitido tal directriz, calificando el informe del periódico como “noticias falsas”, y afirmando que los ataques “cumplen con las leyes del conflicto armado y fueron aprobados por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.
Por su parte, Trump dijo el pasado domingo que el Gobierno “investigará” el incidente. Sin embargo, agregó: “Yo no habría querido eso, no un segundo ataque”.
Además mencionó que Hegseth le había dicho que “él no ordenó la muerte de esos dos hombres”.
La Casa Blanca confirmó el lunes que segundo ataque se había ejecutado, insistiendo en que fue “en defensa propia” y que cumplió con las leyes del conflicto armado. Además afirmó que un alto comandante de la Marina de EE.UU. ordenó el impacto consecutivo contra una supuesta embarcación venezolana que transportaba drogas.
La secretaria de Prensa de Estados Unidos, Karoline Leavitt dijo que Hegseth autorizó los ataques pero no dio la orden de “matarlos a todos”. También que “el almirante (Frank) Bradley actuó completamente dentro de su autoridad y la ley” al ordenar el segundo ataque.
“Claramente ilegal”
Hegseth ha sostenido que cada “narcotraficante” que EE.UU. mata está “afiliado a una Organización Terrorista Designada”. Pero los expertos argumentan que tal ataque contra sobrevivientes constituiría una violación tanto de la ley nacional como internacional.
“No puedo imaginar a nadie, sin importar las circunstancias, creyendo que es apropiado matar a personas que se aferran a un bote en el agua”, analizó Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito de la Escuela de Guerra Naval de EE.UU., en un informe de la cadena pública estadounidense PBS.
“Eso es claramente ilegal”, sostuvo.
El Gobierno de Trump justificó los ataques como parte de una campaña contra el narcotráfico para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, afirmando que Washington está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles.
Ahora bien, Schmitt afirmó que un conflicto armado legítimo requiere de una acción violenta sostenida contra el propio Estado, y no meramente una actividad criminal como el narcotráfico. Por eso, explicó que un ejemplo de este escenario serían las batallas que Colombia libró con la hoy extinta guerrilla de las FARC.
“Pero eso no se trata de que por el hecho de que estuvieran vendiendo drogas estaban matando a la gente. Es porque estaban usando la fuerza contra el gobierno en un esfuerzo para poder realizar sus actividades de narcotráfico con impunidad”, aclaró Schmitt.
“Ha estado claro durante más de un siglo que no se puede declarar lo que se llama una estrategia “sin cuartel”, es decir no permitir sobrevivientes, y matarlos a todos”, completó Schmitt.
Matthew Waxman, profesor de derecho de la Universidad de Columbia y exfuncionario de seguridad nacional, destacó que es poco probable que una corte internacional juzgue si existe un conflicto armado.
Aun así, los ataques ilegales podrían lastimar las relaciones con aliados, los cuales podrían negarse a compartir información para operaciones que violan sus propias leyes o normas internacionales, indica Waxman.
“Es un asesinato”
Fuera de un conflicto armado, el doble ataque podría haber violado el derecho internacional de los derechos humanos.
“Solo se puede usar la fuerza letal en circunstancias donde existe una amenaza inminente –inminente como si fuera en este preciso momento– a la vida o a sufrir heridas realmente graves”, señaló Michael Schmitt. “Y este no fue el caso”, puntualizó.
Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y asesor principal del International Crisis Group, dijo que el término para un “asesinato premeditado fuera de un conflicto armado es homicidio”.
“El asesinato en alta mar es un crimen. La conspiración para cometer asesinato fuera de Estados Unidos es un crimen. Y bajo el Código de Justicia Militar, el Artículo 118 convierte el asesinato en un delito”. También agregó que el personal militar estadounidense podría ser procesado en tribunales de ese país.
A lo que se suma que el manual del Pentágono sobre las leyes de la guerra cita explícitamente escenarios similares, estableciendo que los miembros del servicio deben rechazar órdenes de disparar contra náufragos, lo cual sería “claramente ilegal”.
¿Qué está haciendo el Congreso de EE.UU. al respecto?
La supervisión del Congreso ya ha comenzado. Los líderes de los comités de Servicios Armados en ambas cámaras están investigando los ataques.
Legisladores bipartidistas dijeron que el comité “estará realizando una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”.
El escrutinio además coincide con un video de legisladores demócratas, todos veteranos, instando a los miembros militares estadounidenses a desafiar “órdenes ilegales”.
Entre ellos estaba el senador Mark Kelly, expiloto de combate de la Marina, quien dijo al programa “Meet the Press” de la cadena NBC que los miembros del servicio “están legalmente obligados a no seguir” órdenes ilegales.
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, defendió los ataques como una medida antinarcóticos.
Impacto internacional
Las preocupaciones internacionales también han empezado a surgir.
El Gobierno de Venezuela, en cabeza del presidente Nicolás Maduro, respondió con una rápida condena, afirmando que los bombardeos fueron un acto de agresión y un potencial precursor de invasión.
Los ataques estadounidenses provocaron que aviones venezolanos volaran en el Caribe, una respuesta no confrontacional que señala preparación.
Durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 cerca de las Cataratas del Niágara, el ministro francés Jean-Noel Barrot criticó los ataques, advirtiendo sobre posibles violaciones al derecho internacional y sobre la inestabilidad regional.
"Hemos observado con preocupación las operaciones militares en la región del Caribe porque ignoran el derecho internacional y porque Francia tiene presencia en esta región a través de sus territorios del exterior", dijo, refiriéndose a más de un millón de ciudadanos franceses que viven allí.
CNN informó que el Reino Unido suspendió el intercambio de inteligencia con EE.UU. en el Caribe por temores de responsabilidad penal.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, desestimó el reporte, diciendo que la cooperación entre Washington y Londres sigue siendo sólida.
