La asistencia humanitaria no debería estar sujeta a posturas ideológicas. Sin embargo, tras una decisión reciente del Parlamento Europeo, la ayuda parece depender más de alianzas políticas que de principios éticos.

Los grupos de derecha bloquearon el debate sobre la decisión de Israel de prohibir las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que durante generaciones ha proporcionado ayuda vital a la población palestina.

Ante esta prohibición, la propia ONU lanzó una advertencia contundente: el cierre de la UNRWA pondría en peligro no solo la vida de miles de palestinos, sino también la estabilidad de toda la región y la esencia del sistema multilateral.

Pero, pese a la urgencia, la mayoría del Parlamento Europeo decidió rechazar la moción. No se trataba de condenar, sino simplemente de abrir una discusión. La propuesta, presentada por la alianza de izquierda, fue rechazada por la coalición de derecha por 353 votos en contra y 201 a favor.

Este acto de silencio no solo arriesga la supervivencia de cientos de miles de personas, sino que cuestiona la razón de ser de organismos internacionales como la ONU.

La UNRWA ha sido una piedra angular de la asistencia humanitaria, cubriendo necesidades básicas de educación, salud y alimentación para 5,9 millones de palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas. En Gaza, donde el 80% de la población depende de esta ayuda para alimentarse y un 70% para acceder a atención médica, el impacto de este bloqueo será devastador.

El trabajo de la UNRWA y otras organizaciones humanitarias es necesario debido a las décadas de ocupación, bloqueo, destrucción y apartheid sobre los territorios palestinos.

Desde el 28 de octubre pasado, sin embargo, el parlamento israelí prohibió oficialmente sus actividades, argumentando presuntos vínculos de algunos empleados con el grupo de resistencia palestino Hamás. Una acusación que tanto la ONU como entidades independientes han desmentido tras investigaciones exhaustivas.

El rechazo a debatir esta cuestión en el Parlamento Europeo revela algo más profundo: un mensaje inquietante de que la asistencia humanitaria no es un derecho universal.

Además, al ignorar la evidencia y la postura de la ONU, el organismo multilateral de mayor representación a nivel internacional sugiere que los intereses de un gobierno nacional, acusado de genocidio, pesan más que el compromiso global con los derechos humanos.

Si la afiliación ideológica y los intereses de un gobierno nacional acusado de genocidio pesan más que lo derechos humanos y la propias decisiones de la ONU, es un día triste para los derecho humanos y la ayuda humanitaria.