Paula BravoFaltando menos de 24 horas para que comenzara la primera gran jornada de protestas contra su gobierno este miércoles, el presidente Abelardo de la Espriella jugó una carta que desató malestar y pasó a ser central en las movilizaciones: firmó el Decreto 1525 que regula las marchas y reforma el uso de la fuerza pública en estos escenarios.
“¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz! A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso”, señaló el mandatario como antesala a las protestas.
En una Colombia polarizada políticamente este año tras el giro del péndulo de la izquierda a la derecha, la medida fue recibida con rechazo y cuestionamientos entre quienes acudieron a las calles, que fueron decenas miles de colombianos de acuerdo a las cifras del propio De la Espriella. "El consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados", dijo en un video en su cuenta de X, y añadió que “el 98% de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica".
En al menos 10 ciudades del país resonaron las voces de los colombianos que protestaron, entre ellas Bogotá, la capital, así como Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta. La jornada fue convocada por el partido del Pacto Histórico, del expresidente y líder de la oposición Gustavo Petro, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Diego Beltrán, docente y miembro del sindicato de Fecode que participó en la marcha junto a otros maestros en Bogotá, le dijo a TRT Español que el decreto de De la Espriella “representa una amenaza directa a la movilización”.
Lo que contempla el decreto
Ese decreto modifica uno del 2021 que nació para regular el uso de la fuerza pública en las manifestaciones, tras los casos de abusos policiales documentados por grupos de derechos humanos como Human Rights Watch, que se registraron en las marchas de 2019, cuando gobernaba el entonces presidente Iván Duque.
Ahora, la medida de De la Espriella principalmente habilita una intervención policial sin agotar las fases de diálogo con los manifestantes, amplía la definición de actos violentos (como por ejemplo arrojar objetos), determina que la policía acompañará la marcha, haya disturbios o no, y limita el bloqueo de vías como expresión de una protesta social.
“Volver a poner a la fuerza pública a acompañarnos a menos de cuatro metros de distancia nos parece una provocación, parece que antes de que sucedan las situaciones ya nos están tratando como unos delincuentes, y no, somos docentes”, añadió el profesor Beltrán mientras caminaba por la carrera séptima con calle 32, en Bogotá.
La senadora de oposición Jennifer Pedraza presentó una demanda contra el decreto en la mañana de la marcha por considerarlo “regresivo e inconstitucional”. De acuerdo a lo que señaló, solo el Congreso, a través de una ley estatutaria (superior a las leyes ordinarias), “puede fijar los casos en que se limita el derecho a la protesta. Hacerlo por decreto debilita la movilización y la división de poderes”.
Desde otra perspectiva, John, un taxista que acaba de dejar a un pasajero cerca del Parque Nacional, que fue el principal punto de encuentro de las marchas en Bogotá, comenta que “hay muchos andenes”. “Que marchen por ahí. Yo no digo que no tienen derecho a marchar, pero que no bloqueen ni destruyan la ciudad”.
Estas marchas iban a ocurrir más temprano que tarde: De la Espriella venció a Iván Cepeda, el candidato respaldado por Petro, en la segunda vuelta por menos de un punto porcentual. Las urnas reflejaron el país profundamente polarizado que es hoy Colombia.
¿Por qué marcharon contra De la Espriella en Colombia?
A través de sus redes sociales, Petro llamó a sus seguidores a unirse a las protestas para “defender la vida, por el salario mínimo vital, por la comida de la gente”.
Sobre el salario mínimo, que tuvo un aumento récord del 23% en el último año del Gobierno Petro, el Consejo de Estado estudia las demandas que alegan que pudo haber ilegalidad en ese incremento. Pero la actual ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López, dijo que no se reduciría.
En la calle, la gente cita muchas más razones para marchar.
“Marchamos porque queremos paz, porque queremos que nuestros campesinos, nuestras familias estén tranquilas”, le dice a TRT Español una madre que salió a las protestas con su hija. Las dos esconden su rostro detrás de unas pancartas. No quieren su foto en los medios, como muchos de los asistentes. “Por el agua, la vida y la soberanía de Colombia”, “Por las semillas nativas y los campesinos”, se lee en los carteles.
Óscar Muñoz, jubilado, marcha a unos 100 metros de la cabeza de la manifestación. “Este señor está cambiando las cosas para detrimento del pueblo”, afirma sobre De la Espriella. Dice que va a marchar hasta el final, hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad. “Yo ya soy un pensionado, pero tengo todas las ganas de seguir diciendo las cosas por este pueblo”.
En la marcha se ven banderas de Colombia, de los pueblos indígenas, de Palestina y del M19 (el grupo guerrillero desmovilizado en 1990 al que perteneció Petro). Hay muchos jóvenes, la mayoría son estudiantes universitarios.
Entre ellos están Mariana Romero y su novio Juan David López. “De la Espriella piensa que con miedo nos va a dejar callados, pero no funciona así. Esto es para que escuche, para que si él no quiere entender, otras personas sí lo hagan y se den cuenta de que nosotros no trabajamos para el gobierno, ellos trabajan para nosotros”, dice Romero.
Durante la campaña, De la Espriella, apodado ‘El Tigre’, tuvo expresiones contra las protestas que ya advertían de su mano dura. “Traten de bloquearme las vías y van a ver lo duro que muerde el tigre. Ojalá lo hagan, porque me sirve. Hay que mandar unos mensajes. Vamos a ver si son tan machitos cuando les tenga la pata del tigre en el cuello, 15 metros bajo tierra sin sol ni agua”, dijo en junio.
“Miedo”
Es una de las palabras más repetidas entre los manifestantes. Consideran que este decreto, y el estatuto antiterrorista que planea pasar el gobierno, son medidas para infundir temor.
“Había mucho miedo por la represión, en los sectores sociales y políticos, pero estos dos meses en materia legislativa, fiscal, internacional, en materia política, van muy en contravía de la agenda de la oposición”, dice Sergio Saavedra, quien participó de la marcha.
Una mujer que no quiso dar su nombre para la entrevista, relata a TRT Español que se unió a la protesta porque quiere vivir en un país que sea para todos. “No sólo para los que tengan plata, no sólo para los hombres… El decreto busca sembrar miedo, busca que no hayan distintas voces y somos un pueblo plural”.
El malestar ante el decreto de última hora
La jornada transcurrió mayormente en paz, con algunos episodios de violencia aislados y capturas. Hubo presencia de la policía y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
Pero la preocupación por el decreto permanece.
“Fue una jugada rastrera. Se publicó el decreto a las 4:53 de la tarde, 7 minutos antes del cierre del horario judicial y administrativo para que no se pudieran interponer recursos en contra de este decreto, ni siquiera recursos de emergencia”, explica a TRT en Español Elena Galindo Gil, de la organización Vamos por los derechos
Juan David Romero, abogado del equipo de garantías para la paz del colectivo de abogados Cajar, explica a este medio que hubo una convocatoria pública “soterrada” para presentar comentarios al decreto, pero que aunque ellos y otras organizaciones hicieron sus anotaciones, el documento final no cambió mucho.
Romero destaca otras preocupaciones sobre el decreto. Por ejemplo, el documento dice que instrumentalizar a menores, mujeres gestantes o lactantes, podría constituir un acto de violencia. “Estos grupos tienen pleno derecho a la protesta social. Y bajo ninguna circunstancia se puede usar ese argumento para limitar la protesta, salvo un proceso judicial donde eso quede evidenciado”.
Romero explica que el decreto desconoce a las víctimas de la violencia policial y se centra en que haya restauraciones y reparaciones para actores económicos y empresas que sufran daños patrimoniales. “Pero si son los mismos actores económicos los que aportan sus estimaciones de daños como prueba, se desconoce la independencia y la imparcialidad”.
Sebastián Lanz, de la ONG Temblores, señala lo que percibe como otro problema: el decreto fue publicado sin tiempo suficiente para que la ciudadanía y quienes tienen la responsabilidad de aplicar las reglas pudieran conocerlas.
“En el caso de la Policía es particularmente importante porque si las reglas cambian prácticamente de un día para otro, la pregunta es si todos los agentes que van a intervenir en las movilizaciones conocen de fondo estas modificaciones.
Lo que hemos visto en el pasado es que cuando eso no ocurre, se aumenta el margen de interpretación individual y con él nos tenemos que enfrentar a un alto riesgo de arbitrariedad y violencia”, afirma en conversación con TRT en Español.
Lanz vuelve sobre el tema del estatuto antiterrorista. “Se está reduciendo peligrosamente la distancia entre la protesta, la alteración del orden público y la criminalidad y el terrorismo. Una persona que protesta, una que comete una infracción o una que realiza una conducta violenta y un terrorista son categorías completamente distintas y pareciera que el gobierno estaría intentando equiparlas por medio de estos dos instrumentos. Su simultaneidad genera dudas y sospechas”.
El gobierno apenas comienza
El expresidente Petro llegó a la Plaza de Bolívar hacia las 2 de la tarde en medio de la lluvia y fuertemente escoltado. Pero no apareció en la tarima, como tampoco lo hizo el excandidato y senador Cepeda. Tanto él como Petro se dedicaron a difundir mensajes e imágenes sobre las marchas en sus redes.
El ambiente de polarización alerta que no será la última marcha contra el gobierno.
“Hoy empieza empieza a medirse el aceite (a probar fuerza) entre la sociedad civil y el gobierno y ya pasa de un escenario de mucha incertidumbre y miedo justamente por esa posible represión”, dice Saavedra.
Eso se verá en las próximas marchas y en las medidas legales que enfrentará el decreto.
