Genocidio, genocidio, genocidio: la palabra siempre llega demasiado tarde para las víctimas, pero su reconocimiento puede cambiar la historia de todo un pueblo.
Este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2017. El fallo supone un reconocimiento histórico para una población que lleva décadas denunciando la persecución y la violencia en su contra.
“Sentí que estaba viviendo un sueño febril cuando escuché la sentencia dentro de la sala”, recuerda Yasmin Ullah, rohinyá superviviente del genocidio y miembro de la delegación de Gambia ante la CIJ, en diálogo con TRT Español. La emoción todavía la acompaña, aunque sabe que el reconocimiento judicial no significa que la lucha haya terminado.
Siete años después de que Gambia iniciara el procedimiento ante la CIJ, quienes sobrevivieron tienen algo que durante mucho tiempo les fue negado: el reconocimiento de la justicia internacional. Pero esto es solo el principio.
¿Qué significa la justicia para los rohinyás?
“La justicia significa algo más que una declaración de genocidio”, explica Nay San Lwin, copresidente del Consejo Nacional Rohinyá de Arakan, a TRT Español. “Implica la restitución de nuestra ciudadanía, el reconocimiento de nuestra identidad étnica rohinyá, la garantía de nuestros derechos fundamentales y la oportunidad de regresar a nuestra tierra natal de manera segura, voluntaria y digna, donde podamos vivir en paz e igualdad”.
Yasmin Ullah coincide en esta consideración, insistiendo en que “la justicia no estará completa mientras un pueblo permanezca en el exilio”.
Aunque para San Lwin la sentencia proporciona a los rohinyás en el exilio una base jurídica para sus reivindicaciones, insiste en que esto debe traducirse en cambios concretos.
El regreso a Myanmar, añade, requiere garantías de seguridad y el fin de la persecución sobre el terreno, incluida la ejercida por el Ejército de Arakan, que actualmente controla zonas habitadas por los rohinyás. También exige que las autoridades les restituyan la ciudadanía y reconozcan su identidad, en lugar de identificarlos como “bengalíes”.
A estas condiciones se suman la libertad de circulación, el acceso a la educación y la atención sanitaria, y la devolución de sus hogares, tierras y aldeas. San Lwin también reclama mecanismos internacionales de supervisión y protección para garantizar que cualquier retorno sea voluntario y digno, y no vuelva a exponer a la población a la violencia.
La rendición de cuentas individual es otra de sus exigencias: quienes cometieron los crímenes deben responder por sus actos.

“Una sentencia sobre el papel no protege a nadie”
En la misma línea, Ullah reclama que los gobiernos conviertan la sentencia en medidas concretas. Entre sus demandas figuran sancionar a Min Aung Hlaing, a quien identifica como máximo responsable de la maquinaria genocida; imponer sanciones a la economía de los generales; desmantelar el aparato militar implicado en los crímenes y exigir a Myanmar que pague reparaciones a las víctimas.
“Una sentencia sobre el papel no protege a nadie; solo tendrá valor si los gobiernos actúan en consecuencia”, advierte Ullah.
En ese punto coincide Jaime Fernando Abedrapo, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y académico de la Universidad San Sebastián. El experto advierte de que “el fallo es vinculante, pero su aplicación práctica será difícil si no cuenta con el apoyo de países que permitan condicionar el respeto a la sentencia por parte de las autoridades”.
Abedrapo explica que el cumplimiento requiere que otros países vayan más allá de las declaraciones y adopten medidas diplomáticas para presionar a Myanmar y favorecer la reparación de las víctimas. También señala que los organismos internacionales, Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos deben contribuir a mantener vigente el dictamen y exigir el cumplimiento del derecho internacional.
¿Qué ocurrió en 2017 y por qué llegó el caso a la CIJ?
Los rohinyás son una minoría étnica mayoritariamente musulmana que vive históricamente en el estado de Rajine, al oeste de Myanmar. Pese a que su presencia en la región se remonta a siglos atrás, el país no los reconoce como uno de sus grupos étnicos nacionales. La mayoría carece de ciudadanía y vive en condiciones de apatridia, sin plena protección jurídica ni acceso a derechos básicos.
La discriminación y las restricciones se agravaron durante décadas, hasta alcanzar una nueva dimensión en agosto de 2017, cuando el Ejército de Myanmar lanzó una campaña militar contra esta población. Las operaciones estuvieron marcadas por asesinatos masivos, violaciones, torturas, ataques contra niños e incendios de aldeas enteras. Más de 730.000 rohinyás huyeron a Bangladesh para escapar de la violencia.
La mayoría se refugió en Cox's Bazar, donde más de 1,2 millones de rohinyás viven actualmente, muchos de ellos en campamentos superpoblados y sin perspectivas claras de regresar a sus hogares.
Estos acontecimientos constituyen el núcleo del procedimiento que Gambia inició contra Myanmar ante la CIJ en noviembre de 2019. El país africano alegó que las operaciones militares habían vulnerado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que obliga a los Estados a prevenir y sancionar este crimen.
Los rohinyás más allá del genocidio
Ullah es activista desde hace más de una década: es cofundadora y directora ejecutiva de la Rohingya Maiyafuinor Collaborative Network (RMCN), una organización que defiende los derechos humanos de la comunidad rohinyá en todo el mundo.
Explicando qué le ha permitido mantener la esperanza y el compromiso con la causa, hay una razón que destaca: las mujeres rohinyás que ha conocido durante estos años.
Muchas apenas han tenido acceso a la educación y, aun así, defienden cuestiones tan básicas como que sus hijos puedan estudiar o que sus familias tengan oportunidades para salir adelante. “¿Cómo me atrevería a abandonar la lucha cuando ellas ni siquiera han conseguido una mínima normalidad en sus vidas?”, plantea.
También encuentra esperanza en las mujeres que mantienen unidas a sus familias en los campamentos, en quienes hacen lo posible con los escasos recursos disponibles y en la solidaridad de una comunidad que sigue ayudándose pese a las dificultades.
La resistencia cotidiana de estas mujeres, explica, le recuerda por qué no puede dejar de luchar. También destaca el apoyo de otras activistas que le han enseñado a seguir adelante incluso cuando las puertas se cierran.
Pero la lucha por la justicia no es lo único que define a la comunidad rohinyá. Para Ullah, una de las cosas que el mundo todavía no comprende es que su identidad no puede reducirse a la persecución y el genocidio que han sufrido.
“Se pone mucho énfasis en nuestra lucha, en nuestras experiencias y en nuestro sufrimiento, pero se sabe mucho menos sobre quiénes somos, nuestra cultura colectiva, qué hacemos en el día a día o cómo era nuestra vida en tiempos de paz”, explica.
“Somos tan humanos como cualquier otra persona”
La activista considera importante mostrar también las tradiciones, la creatividad y las formas de organización de una comunidad que, incluso en condiciones extremadamente difíciles, sigue buscando maneras de sostenerse y crear oportunidades para las nuevas generaciones.
A través del arte, los relatos y los encuentros culturales, Ullah y otros miembros de la comunidad intentan compartir esa otra parte de su identidad. “Quiero que el mundo sepa que somos tan humanos como cualquier otra persona”, afirma.
Para los rohinyás, el alcance de esta decisión no se medirá únicamente por su lugar en la historia del derecho internacional, sino por lo que cambie en sus vidas: recuperar sus derechos, obtener justicia por los crímenes cometidos y poder regresar a casa sin miedo.
Ullah sabe que el reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia es solo el primer paso. Después de tantos años de espera, el fallo representa un momento histórico para una comunidad que no ha dejado de reclamar justicia. Pero por ahora, se permite disfrutarlo.
“Voy a celebrar un poco. Sé que tenemos mucho trabajo por delante, pero estoy ilusionada por ver cuál será el próximo capítulo de la comunidad rohinyá”, afirma.














