Agustín GulmanBuenos Aires — Argentina. En la Patagonia argentina, el magnate italiano Luciano Benetton se transformó en el mayor terrateniente privado del país. Allí, el fundador del emporio textil Benetton Group controla 900.000 hectáreas de campos productivos, llanuras y valles surcados por ríos y arroyos vedados a los argentinos y en conflicto con comunidades originarias.
Sin embargo, su caso es apenas la punta del iceberg. En Argentina, más de 13 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras, según datos oficiales.
Y ahora, las puertas se abren todavía más. La ley que desde 2011 limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros quedó sin efecto tras un fallo de la Corte Suprema a finales de septiembre. La medida reavivó el debate.
“El fallo habilita la derogación de la Ley de Tierras y la extranjerización”, explica a TRT Español la socióloga e investigadora Julieta Caggiano, cofundadora del Observatorio de Tierras, que desarrolló un mapa interactivo de la Extranjerización.
“Lo que el Gobierno perdió en el Congreso y con la movilización en la calle”, señala, “lo logró por la vía judicial”. “Esto abrirá paso a la extranjerización”, lamenta en referencia a la disputa que se ha desatado por esta legislación.
El camino hacia el fallo de la Corte Suprema llegó tras varios movimientos del Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, hacia ese objetivo. En 2023, publicó un decreto que derogaba la Ley de Tierras, aunque un amparo judicial impuesto por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas (Cecim) se lo impidió. Los excombatientes basaron su presentación judicial en que la eliminación del marco de protección que otorgaba dicha legislación facilitaba la extranjerización del territorio y la creación de latifundios, lo que afectaba de manera directa la soberanía. El gobierno apeló, pero no tuvo respuesta inmediata.
Luego, este año, intentó reformar la ley en el Congreso, con el objetivo de eliminar el límite fijado en 15% para la venta de territorio a manos extranjeras.
El proyecto avivó discusiones por el riesgo de pérdida de soberanía, coincidieron académicos e investigadores consultados por TRT Español.
La modificación impulsada por Milei barría con la prohibición de venderles a extranjeros terrenos en zonas de frontera o que contengan cuerpos de agua, lo que significó una protección a los recursos naturales estratégicos del país, luego de que en la década de 1990 Argentina sufriera un proceso de extranjerización con la venta de grandes porciones de territorio.
Milei se puso a la cabeza del proyecto, llamado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, y afirmó que “quienes se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son enemigos del progreso”. Además, dijo que la reforma permitiría al país transformarse en “potencia nuevamente”.
Pero ante las críticas, movilizaciones y reclamos, el Ejecutivo desistió y retiró el proyecto, aunque abrió un profundo debate sobre los dueños extranjeros de las tierras argentinas.
Hasta que, de forma paralela, la Corte Suprema retomó el caso que había tenido en el cajón durante dos años y dejó sin efecto el fallo judicial que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. La oposición busca llevar el debate al Congreso la semana próxima.
Tierras extranjeras
De acuerdo con el Registro Nacional de Tierras Rurales, hasta agosto pasado había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, 5% del total.
Si bien está lejos del 15% que fijó la ley de 2011, en 36 distritos y ciudades del país supera el 50%.
Localidades como San Carlos y Molinos, en Salta, al norte del país, tienen 60% y 58% de las tierras extranjerizadas respectivamente. En Lacar, Neuquén, es del 54%.
Puerto Libertad, un pequeño pueblo a 25 kilómetros de las Cataratas del Iguazú, en Misiones, tiene casi el 80% de sus tierras en manos de la multinacional forestal chilena Arauco, que además genera conflictos con productores de cultivos de gran relevancia como la yerba mate.
El proceso de venta de tierras se agudizó en la última década: en 2018 había 12,5 millones de hectáreas extranjerizadas, unas 781.000 menos que en la actualidad.
“Los departamentos en zonas con grandes cuerpos de agua, potencia minera, explotación hidrocarburífera o salida al mar tienen las tierras más extranjerizadas”, afirma Caggiano.
Según la investigadora, la extranjerización que adquirió relevancia en la década de 1990, con la apertura económica y la desregulación estatal bajo el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), cobró fuerza desde 2008, cuando tras la crisis global “muchos magnates se volcaron a la compra de tierras”.
Y aunque afirma que la ley que estableció topes “fue un dique de contención”, resalta que “muchos sitios quedaron extranjerizados”.
“El riesgo es que estos enclaves económicos y el desembarco de capitales concentrados produzcan una relación de acaparamiento de tierras y recursos que desplazan a poblaciones locales y generan conflictos”, enfatiza.
Benetton, Lewis y las corporaciones
Benetton compró las tierras en la Patagonia en 1991, al adquirir la Compañía de Tierras del Sud Argentino, cuya titularidad pertenecía a inversores británicos desde finales del Siglo XIX, tras la “Campaña del Desierto”, una operación estatal impulsada con el supuesto objetivo de consolidar la soberanía territorial y repartir tierras entre la élite que despojó y masacró a los pueblos originarios que habitaban la región.
Esa compañía recibió las tierras en 1889 como compensación por financiar la campaña militar y la construcción de ferrocarriles. Un siglo después, en 1982 durante la guerra de Malvinas, fue nacionalizada y más tarde vendida al Benetton Group, que cría ganado vacuno, produce cerca de 900.000 kilos de lana y tiene cultivos de trigo, girasol, maíz, soja y papa, según medios locales.En la última década, esa zona fue epicentro de reclamos de las comunidades mapuches que exigen la recuperación de sus tierras ancestrales y encabezaron protestas y reclamos.
El otro magnate que concentra grandes porciones de tierras en Argentina es el británico Joe Lewis, quien en 1996 se apropió de 13.000 hectáreas estratégicas en Lago Escondido, un paraíso al pie de la Cordillera de los Andes en la Patagonia que mantiene vedado a pobladores locales y turistas, ubicado a cinco kilómetros de la frontera con Chile y con una inmensa reserva de agua dulce.
Esa compra violó la ley de Seguridad de Fronteras, que establece una franja de 150 kilómetros donde sólo argentinos nativos autorizados pueden adquirir terrenos. Para eso, contó con la presunta colaboración de funcionarios locales.
Los dueños de las tierras
En Argentina, “el ránking de extranjerización de tierras continentales lo encabezan estadounidenses, seguido por italianos y españoles”, señala Caggiano.
“Detrás de los magnates hay potencias mundiales. Son empresarios de países con un desarrollo y capacidad de influir en economías de otros países. Y aunque se presentan como personas individuales, tienen corporaciones globales. Es el caso de Benetton y Lewis”, asegura.
La abogada Florencia Gómez, experta en políticas de tierras rurales y exsecretaria de Política Ambiental, agrega que el caso de Lewis es un “ícono de la corrupción y la sucesión de irregularidades y violación de leyes”.
“Benetton no es tan cuestionado por la opinión pública porque allí produce, pero el origen de la extranjerización de esa tierra es histórico”, dice. “La nacionalidad de origen y los bienes naturales involucrados en el caso de Lewis, como es el agua, es un factor clave del rechazo”, agrega.
En el norte del país, los capitales extranjeros –en especial estadounidenses y canadienses– concentran tierras para la explotación de minerales como el litio, oro y cobre.
En la Patagonia, la disputa se concentra en el acceso al agua y recursos hidrocarburíferos, mientras que otra zona crítica es el litoral, donde capitales extranjeros controlan más del 30% de las tierras en municipios, donde explotan humedales y tierras fértiles mediante megaproyectos de monocultivo forestal, soja y puertos privados.
Soberanía en juego
“Hay un llamativo desinterés por el cuidado de la soberanía”, afirma a TRT Español Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales y docente universitario. “Es como si la riqueza se nos escapara de las manos”, define.
Según él, “más que la cantidad de tierras, el tema es qué recursos y bienes comunes se ponen a la venta en un contexto donde serán la gran limitante del futuro”.
“El acceso al agua es lo más problemático en un país donde dos tercios del territorio es árido o semiárido. Hay ciudades que se constituyen alrededor de cuerpos de agua y no hay perspectiva a largo plazo. Es mucho más fácil rematar recursos para obtener ganancias inmediatas sin pensar qué ocurrirá a futuro”, lamenta.
Para la abogada Gómez, la marcha atrás del Gobierno de Milei había significado un “triunfo colectivo”.
“La sociedad se apropió de la discusión por la soberanía. Sirvió mucho el aporte de los jugadores de la Selección con la bandera de que las Malvinas son argentinas”, valora. “Tocó una fibra”, dice.
Para Caggiano, el fallo de la corte argentina habilitará la profundización de la extranjerización. Y con ello “está en riesgo la pérdida de soberanía entendida como la capacidad de decisión y control sobre territorios y recursos de nuestro suelo”, asegura.
“La falta de control sobre recursos en los que los capitales tienen mucho interés puede perjudicar a las generaciones futuras”, advierte.
