La familia de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Cisjordania ocupada y Gaza, ha demandado a la administración Trump por las sanciones impuestas contra ella tras sus críticas a las políticas de Israel durante la ofensiva genocida en Gaza.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, sostiene que las sanciones vulneran la Primera Enmienda y han afectado gravemente la vida familiar, incluida la posibilidad de acceder a su vivienda en la capital estadounidense. Según el escrito, expresar sus conclusiones sobre el conflicto israelí-palestino y sobre la Corte Penal Internacional —que ha emitido órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, incluido Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra— constituye una actividad protegida por la libertad de expresión.

El Departamento de Estado calificó la demanda de “infundada” y defendió las sanciones como “legales y apropiadas”. Albanese ha denunciado reiteradamente lo que describe como un “genocidio” contra los palestinos en Gaza.