El regreso a casa para los palestinos que intentan volver a Gaza a través del cruce de Rafah se ha transformado en un trayecto marcado por interrogatorios, detenciones y humillaciones. Aunque el paso entre el enclave y Egipto fue reabierto recientemente, testimonios y reportes de organizaciones internacionales denuncian un escenario de restricciones, violencia y, en algunos casos, ofertas de dinero para desalentar el retorno o promover la colaboración con el ejército israelí.
Aunque Israel reabrió el lado palestino del paso el 2 de febrero, tras mantenerlo cerrado desde mayo de 2024, lo hizo de forma muy limitada y bajo condiciones estrictas. La Oficina de Medios de Gaza informó que, desde la reapertura hasta el martes, solo 488 de 1.800 viajeros lograron cruzar en ambos sentidos, lo que equivale a una tasa de cumplimiento israelí cercana al 27%. De ellos, 275 salieron de Gaza y 213 ingresaron, mientras que a 26 se les negó el permiso para viajar a Egipto.
Testimonios sobre el terreno
Los relatos recogidos en videos difundidos en redes sociales ilustran cómo se desarrolla el proceso de cruce una vez los pasajeros atraviesan la frontera.
En un video, recogido por la agencia de noticias Anadolu, el palestino Adel Imran dijo que hombres armados abrieron la puerta del autobús que lo llevaba de regreso a Gaza y trasladaron a los pasajeros en vehículos militares hacia la zona de Morag, entre Rafah y Jan Yunis, donde fueron registrados y entregados a fuerzas israelíes.
En el mismo video, Amani Imran afirmó que los hombres armados confiscaron su equipaje antes de que soldados israelíes llamaran a los pasajeros uno por uno para fotografiarlos e interrogarlos sobre por qué habían salido de Gaza y por qué regresaban.
En otro testimonio grabado, una mujer palestina de edad avanzada dijo que fue interrogada durante tres horas tras regresar de un largo viaje médico a Egipto. Señaló que el autobús fue rodeado por vehículos militares antes de que los pasajeros fueran llevados a una zona bajo control israelí.
Añadió que fueron entregados a una supuesta “unidad antiterrorista”, encabezada por Ghassan Al-Deheini, jefe de la milicia Abu Shabab dentro de Gaza —grupo respaldado, según reportes, por Israel—. Allí fueron interrogados sobre palestinos asesinados durante la ofensiva, en lo que describió como un intento de intimidación
Violaciones documentadas
El 5 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado señaló que varios retornados fueron trasladados, tras cruzar, por palestinos armados respaldados por el ejército israelí —identificados como miembros de Abu Shabab— a un puesto militar israelí. Allí, algunos fueron esposados, vendados, registrados, amenazados y despojados de pertenencias.
Ese mismo día, la radiodifusora pública israelí KAN informó que Israel permitió a miembros de Abu Shabab participar en los registros. Un día después, el diario Yedioth Ahronoth reportó que Israel apoya en secreto a milicias armadas en Gaza con dinero, armas y protección para supuestamente contrarrestar a Hamás, utilizándolas en tareas tácticas limitadas, como arrestos y búsqueda de miembros del grupo de resistencia palestino.
Asimismo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU describió un patrón de violencia, interrogatorios degradantes y registros corporales intrusivos. En algunos casos, palestinos fueron privadas de atención médica o acceso a baños. Varios retornados afirmaron que se les ofreció dinero para regresar a Egipto y no volver nunca, o para actuar como informantes.
Según la ONU, estos testimonios apuntan a violaciones del derecho a la seguridad, la dignidad y la protección frente a tratos crueles o degradantes. También advirtió que las prácticas denunciadas podrían constituir medidas coercitivas para desalentar el retorno, una dinámica que podría equivaler a limpieza étnica en Gaza.
Ajith Sunghay, jefe de la oficina de la ONU en el Territorio Palestino Ocupado, sostuvo que la comunidad internacional debe garantizar que todas las medidas relacionadas con Gaza respeten el derecho internacional.
“Después de dos años de destrucción, su capacidad para regresar de manera segura y con dignidad junto a sus familias y a lo que queda de sus hogares es el mínimo absoluto”, afirmó.
Llamados para detener los “abusos”
En respuesta a los testimonios, dos organizaciones israelíes de derechos humanos, Adalah y Gisha, pidieron el fin de “una política de abusos y restricciones ilegales”, advirtiendo que las medidas equivalen a “desplazamiento forzoso”. En un comunicado el jueves, los grupos señalaron que enviaron una carta urgente al ministro de Defensa, Israel Katz; a la fiscal general, Gali Baharav-Miara; y a la fiscalía militar, exigiendo el cese inmediato de estas prácticas.
Los testimonios recopilados, incluidos los de personas mayores y niños, describen duros interrogatorios militares.
Las organizaciones también señalaron que el cierre del cruce ha impedido la salida de heridos y enfermos para tratamiento y ha bloqueado el regreso de miles de palestinos varados en el extranjero. Todos los viajeros deben contar con aprobación de seguridad israelí y enfrentan severas restricciones. Aunque se habló de permitir la entrada de unas 50 personas diarias, solo pequeños grupos —principalmente mujeres y niños— han sido autorizados a volver, sin explicación clara sobre la discrepancia.
Las organizaciones advirtieron que impedir el regreso y condicionar la entrada podría constituir una transferencia forzosa prohibida por los Convenios de Ginebra, y pidieron eliminar todos los obstáculos.
Aunque medios egipcios e israelíes informaron que se permitiría la entrada diaria de 50 palestinos y la salida de un número similar para tratamiento médico, el acuerdo no se ha materializado. En Gaza, se estima que 22.000 heridos y enfermos necesitan salir para recibir atención, debido al colapso del sistema sanitario. Cifras palestinas citadas por la agencia de noticias Anadolu indican además que 80.000 palestinos se han registrado para regresar.
Antes de la ofensiva, cientos de personas cruzaban Rafah a diario bajo un mecanismo gestionado por el Ministerio del Interior de Gaza y las autoridades egipcias, sin participación israelí. En la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Israel debía reabrir completamente el paso cuando la tregua entrara en vigor el 10 de octubre, pero hasta ahora no lo ha hecho.
