Más de 25.000 migrantes han sido deportados por Estados Unidos a países que no son los de origen y con los que estos no tienen vínculos, en virtud de acuerdos secretos firmados con 35 naciones desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Esa es la revelación de una investigación internacional que expone el alcance de la creciente red de pactos de Washington con los llamados terceros países.
El trabajo investigativo de Forbidden Stories, una organización periodística sin ánimo de lucro con sede en París, revela que al menos 25.447 personas fueron enviadas a 28 países hasta el pasado 31 de agosto. El Gobierno de EE.UU. no ha hecho públicas estas cifras.
La gran mayoría –unas 20.000– fueron enviadas a México, mientras que el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico, detalló la agencia de noticias AFP citando el reporte. Además se finalizaron acuerdos con otros siete países.
La agencia explica además que los acuerdos varían, incluso en cuanto a las nacionalidades de las personas que pueden ser deportadas y si pueden ser aceptadas personas con antecedentes penales.
La investigación, realizada por un consorcio de 72 periodistas de 26 medios de comunicación de 15 países, incluyó entrevistas a más de 100 deportados, funcionarios gubernamentales, abogados y expertos.
Además el reporte, publicado este lunes, arroja luz sobre las condiciones de los acuerdos que EE.UU. ha alcanzado con decenas de países para que acepten recibir a personas deportadas que no son ciudadanas de esos Estados, y que suelen conocerse como “nacionales de terceros países”. Buena parte de los detalles de esos pactos permanecen sin divulgarse oficialmente.
La red de acuerdos
Por un lado, los documentos internos del Departamento de Estado obtenidos por el diario The Washington Post, uno de los medios integrantes del consorcio de investigación, muestran que EE.UU. tenía previsto destinar al menos 410 millones de dólares a sus esfuerzos para conseguir acuerdos con terceros países.
De esa cantidad, 81 millones de dólares estaban destinados a los gobiernos que aceptaran los acuerdos, mientras que más de 178 millones se asignarían a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y más de 123 millones a la Agencia de la ONU para los Refugiados.
La negociación de estos acuerdos recae en buena medida en la llamada Oficina de Reinmigración (Office of Remigration, en inglés), una división creada en 2025 dentro del Departamento de Estado que, según la investigación, ha sido clave en las conversaciones con los países receptores.
Por su parte, la Casa Blanca, en respuesta a la investigación, defendió la política y señaló que las personas enviadas a terceros países son migrantes cuyos países de origen se niegan a readmitirlas. Asimismo, aseguró que entre ellas se encuentran personas con órdenes de expulsión que habían solicitado no ser devueltas a sus países de origen.
No obstante, el alcance de esta política ha sido llevada a los tribunales. El 18 de septiembre, una corte federal de apelaciones ordenó suspender las expulsiones a terceros países, al considerar que los migrantes no habían recibido suficiente información ni una oportunidad adecuada para impugnar su deportación.
La ONU alerta sobre las deportaciones y las muertes bajo custodia
Por otro lado, estas deportaciones han sido motivo de preocupaciones y advertencias por parte de Naciones Unidas. El pasado mes de julio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Estados Unidos que rindiera cuentas por el aumento de las muertes de migrantes bajo custodia, y que detuviera las deportaciones hacia países donde las personas pudieran sufrir “daños irreparables”.
“Insto a Estados Unidos a detener el retorno de personas a lugares donde podrían sufrir daños irreparables, incluido Haití, y a garantizar el debido proceso en todas las expulsiones a terceros países”, señaló Türk durante su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
También indicó que sólo en el pasado mes de junio, al menos “cuatro personas más han muerto bajo custodia migratoria en Estados Unidos, para un total de 23 muertes solo en 2026”. Por lo que aseguró que “tiene que haber rendición de cuentas por estas muertes”.
La política migratoria de Trump
La deportación a terceros países forma parte de una política migratoria más amplia impulsada por Trump desde su regreso al poder. Su Gobierno ha convertido el aumento de las detenciones y deportaciones en una de sus principales prioridades, y ha buscado ampliar los mecanismos internacionales que permiten ejecutar las expulsiones.
Como parte de esta estrategia, Estados Unidos ha enviado a nacionales de terceros países a Estados como Costa Rica, El Salvador, Esuatini, Guinea Ecuatorial, Ghana, Guatemala, Honduras, Panamá, Ruanda, Sudán del Sur, Uzbekistán y Polonia, entre otros, según la organización Human Rights Watch. La entidad también ha documentado el envío de personas procedentes de Afganistán, Rusia, China, Irán, Camerún y otros países a Estados con los que no tenían vínculos.
En línea con los hallazgos de la investigación publicada este lunes, HRW reportó previamente que México ha sido uno de los principales destinos. La organización documentó que casi 13.000 nacionales de terceros países fueron deportados a México entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, incluidos miles de ciudadanos cubanos. La organización sostiene que muchos quedaron en una situación de incertidumbre jurídica al no contar con vínculos previos con México ni con mecanismos claros para regularizar su situación o solicitar protección.
Asimismo, El Salvador se convirtió en uno de los casos más controvertidos después de que Estados Unidos enviara en marzo de 2025 a cientos de venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Human Rights Watch ha denunciado abusos relacionados con estas transferencias.
Las organizaciones de derechos humanos también cuestionan la falta de transparencia de muchos de estos acuerdos y las garantías procesales ofrecidas a las personas deportadas. Human Rights Watch sostiene que los migrantes deben tener la posibilidad de conocer el país al que serán enviados y plantear ante un juez posibles temores de persecución, tortura o muerte antes de que se ejecute la expulsión.
