Zhuhai, China – Ante las guerras, la desigualdad en todas sus formas, el cambio climático y el avance de la inteligencia artificial, la 81.ª Asamblea General de la ONU se llevó a cabo bajo un lema particularmente significativo: “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que respondan a todos”.
Desde el podio, el secretario general, Antonio Guterres, advirtió que el poder mundial está cambiando de tres maneras: surgen nuevos centros de poder económico, político y tecnológico; parte del poder pasa de los gobiernos a grandes corporaciones e individuos; y las máquinas intervienen cada vez más en decisiones antes reservadas a las personas. Su diagnóstico apuntó a un problema de fondo: mientras el poder mundial se transforma, las instituciones internacionales siguen ancladas en otra época.
Mientras los discursos ocupaban el podio de Naciones Unidas, Nueva York vivía una intensa diplomacia paralela: desde reuniones ministeriales del G7 hasta la ministerial Unión Europea-CELAC, además de numerosos encuentros bilaterales, incluidos los sostenidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en ese escenario se desplegó también la diplomacia latinoamericana.
Distintos problemas, una convergencia multilateral
Los líderes latinoamericanos llegaron a Nueva York con posiciones políticas muy diferentes y también distintas concepciones sobre el papel de las instituciones internacionales. Sin embargo, la gran mayoría coincidió en un punto: la ONU necesita reformarse para responder mejor a los cambios y desafíos del mundo actual.
Así lo plantearon explícitamente los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi, y Paraguay, Santiago Peña, quienes, con distintos énfasis, coincidieron en que una organización creada hace ocho décadas necesita cambiar para responder al mundo actual. Peña lo expresó con especial claridad: “De lo contrario, esta hermosa idea, la de las Naciones Unidas, se verá simplemente superada”.
Desde Brasil, el diagnóstico apuntó en la misma dirección, aunque con un énfasis en la pérdida de capacidad y credibilidad de la organización. El presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, centró su crítica en la capacidad de Naciones Unidas para cumplir algunas de sus funciones fundamentales: "La ONU está fracasando en una de sus misiones más importantes, que es liberar a la humanidad del flagelo de la guerra: su credibilidad jamás ha estado tan baja".
México también llevó un planteamiento convergente. La presidenta Claudia Sheinbaum no acudió a Nueva York, manteniendo una práctica que se ha vuelto habitual: ningún presidente mexicano interviene presencialmente ante la Asamblea General desde 2018. En su lugar, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, planteó una renovación orientada a construir una ONU más eficaz y transparente, fortalecer su capacidad de mediación y prevención de conflictos y, ante la próxima sucesión de Guterres –cuyo mandato concluye el 31 de diciembre–, abrir paso a una mujer al frente de la organización.
La principal diferencia apareció, sin embargo, en la dirección que debería tomar esa reforma. El presidente de Argentina, Javier Milei, marcó un claro quiebre.
Mientras los demás plantearon reformas para que Naciones Unidas funcione mejor o tenga mayor capacidad de respuesta, el presidente argentino propuso reducir su intervención y cuestionó frontalmente a la propia organización. Acusó a la ONU de haberse convertido en “una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados”.
Este panorama recuerda el mapa trazado hace más de dos décadas por David Held y Anthony McGrew sobre las respuestas a la globalización. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos se acercó al llamado reformismo institucional de estos analistas: preservar la cooperación, pero transformar sus instituciones. En contraste, Milei representó el principal quiebre, más cercano a una visión neoliberal que busca limitar su capacidad de intervención.
Dos modelos diferentes para la seguridad regional
Si en el plano mundial predominó la coincidencia sobre la necesidad de reformar la ONU, en el regional parece consolidarse otro consenso: la delincuencia organizada transnacional requiere respuestas coordinadas.
La semana de alto nivel en Nueva York hizo visible esa coincidencia mediante dos mecanismos parcialmente superpuestos: el 22 de septiembre se reunieron los miembros del Escudo de las Américas, articulado alrededor de Estados Unidos y Trump. Un día después hizo lo propio el Compromiso Regional de Santiago, liderado por el presidente de Chile, José Antonio Kast.
Si bien Brasil, México y Uruguay no se han unido a la iniciativa de Washington, la reunión sí congregó a representantes de 14 países de América Latina y el Caribe. Su principal resultado fue una primera acción conjunta contra 24 organizaciones criminales, mediante sanciones, medidas financieras y restricciones coordinadas.
Pero el acuerdo en torno al Escudo de las Américas fue más allá de la seguridad: estableció tres pilares —economía, seguridad y coordinación multilateral— e incorporó minerales críticos, infraestructura digital, intercambio de inteligencia y coordinación de posiciones internacionales. Además, acordó solicitar consultas en la Organización de los Estados Americanos (OEA), el principal foro político del hemisferio occidental, para explorar acciones colectivas bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Así, una iniciativa nacida alrededor de la seguridad comenzó a adquirir una agenda económica y diplomática más amplia.
El Compromiso Regional de Santiago, por su parte, se ha articulado desde la propia Sudamérica y ha seguido una lógica más técnico-institucional, orientada a construir capacidades y procedimientos comunes frente a la delincuencia organizada transnacional. Creado en mayo de 2026 por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, reunió en Nueva York a esos países junto con Paraguay y Uruguay, cuyo presidente, Orsi, participó personalmente.
El mecanismo avanza mediante cuatro mesas de trabajo sobre seguridad, inteligencia financiera, control migratorio y fiscalización fronteriza, con el objetivo de elaborar un plan de acción conjunto.
Estrategias de inserción internacional
Pero la diplomacia latinoamericana en Nueva York fue más allá de la reforma multilateral y la cooperación hemisférica en seguridad. También hizo visibles distintas estrategias de inserción internacional. Venezuela y Uruguay ofrecen dos casos particularmente ilustrativos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a EE.UU. buscando la reinserción económica y financiera del país: su delegación dialogó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre financiamiento, deuda y reconstrucción, mientras avanzaban negociaciones con Washington sobre energía y minería.
El acercamiento alcanzó su mayor expresión en el encuentro previsto con Trump, el primero entre ambos desde que Rodríguez asumió interinamente la presidencia.
Caracas profundizó así el acercamiento pragmático hacia Washington observado en meses anteriores, extendiéndolo ahora al diálogo político, económico, energético y financiero.
Por su parte, Uruguay ha apostado por diversificar sus vínculos mediante mecanismos regionales y espacios de cooperación Sur-Sur. Justo después de su significativa participación en la cumbre de los BRICS+ en India, volvió a desplegar una activa diplomacia en Nueva York. Allí, Orsi reactivó con Bolivia y Paraguay el URUPABOL, un mecanismo de coordinación entre los tres países creado en la década del 60, incorporando a su agenda seguridad, energía, infraestructura, conectividad y comercio.
Al mismo tiempo, la presidencia uruguaya de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) permitió articular iniciativas en una escala mayor. Incluso promovió, mediante un encuentro con Filipinas, un acercamiento entre la CELAC y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).
Además, más significativamente, consiguió una posición regional común sobre la elección del próximo secretario general de la ONU: los 33 países aprobaron una declaración ministerial que insta al organismo a que el sucesor de Guterres sea de América Latina y el Caribe.
¿Qué dejó Nueva York?
Nueva York dejó dos imágenes reveladoras de América Latina: por un lado, una amplia convergencia sobre la necesidad de reformar Naciones Unidas y, por otro, en el plano regional, distintas formas de cooperación, algunas articuladas en torno a Washington y otras desde la propia región.
Al mismo tiempo, mientras México continúa sin asistencia presidencial ante la Asamblea General y Argentina introduce una voz discordante, países que suelen tener menor protagonismo en el organismo, como Uruguay, Paraguay o República Dominicana, aprovecharon Nueva York para impulsar iniciativas y posiciones propias.
Una de las convergencias de los líderes de la región ya tuvo una expresión concreta: el consenso regional para que la próxima persona al frente de Naciones Unidas proceda de América Latina y el Caribe y sea, preferentemente, una mujer.
La región muestra así voluntad de incidir frente a los nuevos desafíos mundiales. Sin embargo, quedan varias cuestiones por verse, entre ellas si los distintos mecanismos frente a la delincuencia organizada podrán converger.
