Kazim AlamTres años después de la incursión transfronteriza de Hamás en 2023, Israel sigue enmarcando aquel momento como un punto de inflexión que divide su historia en dos.
Nada de lo ocurrido durante las décadas anteriores a ese día justifica el ataque del 7 de octubre, pero los hechos del 7 de octubre justifican todo lo que Israel ha desatado contra los palestinos desde entonces.
Nasir Qadri, experto en derecho internacional de la Universidad Koc en Estambul, señala en diálogo con TRT World que el 7 de octubre no le da a Israel carta blanca para perpetrar todo tipo de atrocidades contra una población civil sitiada en nombre de la legítima defensa.
Esto se debe a que el marco jurídico que Tel Aviv invoca para justificar tres años seguidos de crímenes de guerra contra la población civil de Gaza ya fue rechazado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), recuerda el experto.
En este sentido, Qadri indica que la CIJ sostuvo en su opinión consultiva de 2004 sobre la construcción de un muro de separación en el Territorio Palestino Ocupado, que el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas no se aplica a las amenazas procedentes de un territorio bajo la ocupación del propio Estado que lo invoca.
Al señalar que Gaza ha estado bajo asedio militar israelí desde 1967, el experto sostiene que la ofensiva posterior al 7 de octubre constituye el acto de una potencia ocupante contra la población que ocupa.
“Los Convenios de Ginebra no establecen ningún umbral de sufrimiento previo a partir del cual se suspendan las obligaciones de una potencia ocupante”, explica.
Esta observación se deriva del hecho de que un orden jurídico que admitiera tal umbral “autorizaría las atrocidades a perpetuidad”, ya que cada ciclo de violencia justificaría el siguiente sin fin alguno, expone Qadri.
Lo que Israel califica de ataque no provocado el 7 de octubre “se produjo en el marco de una ocupación que la CIJ ha determinado que viola normas imperativas del derecho internacional”.
El derecho a resistir de los pueblos sometidos a una ocupación ilegal –“incluso mediante la lucha armada en busca de la libre determinación”– está reconocido en el Protocolo Adicional I de 1977, y ha sido reafirmado en sucesivas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, recuerda el experto.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, los palestinos que han sido asesinados desde octubre de 2023 ascendían a casi 74.000 hasta finales de septiembre, y los heridos se acercaban a los 175.000.
La mayoría de las víctimas de la ofensiva genocida de Israel contra Gaza son mujeres y niños. Los bombardeos incesantes han destruido el 90% de la infraestructura civil. La ONU estima el costo de la reconstrucción en unos 70.000 millones de dólares.
Aunque se supone que en Gaza está vigente un frágil alto el fuego, Israel no ha detenido su ola de asesinatos. Ha matado a más de 1.400 palestinos desde el 10 de octubre de 2025, día en que entró en vigor el acuerdo de cese del fuego en el enclave.
Qadri insiste en que la Comisión de Investigación de la ONU, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), las medidas provisionales de la CIJ y la determinación de genocidio de Amnistía Internacional han concluido, cada una por su parte, que “la conducta de Israel constituye crímenes de guerra y un riesgo plausible de genocidio”.
La comisión de la ONU declaró a Israel responsable de genocidio en Gaza, y concluyó que las autoridades israelíes cometieron cuatro de los cinco actos definidos en la Convención sobre el Genocidio de 1948.
Omer Bartov, profesor de estudios sobre el Holocausto y el genocidio en la Universidad Brown, en Estados Unidos, dice a TRT World que Israel se otorgó –y lo sigue haciendo– un cheque en blanco moral, es decir, una licencia para violar todas las leyes y convenciones internacionales.
Los líderes israelíes “dijeron que, de hecho, ‘no había personas ajenas’, lo que implica que no existían en absoluto daños colaterales, ya que todos eran (considerados) culpables”, afirma.
Ali Murat Kursun, profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Mármara, en Estambul, dice a TRT World que ningún hecho, por grave que sea, otorga a un Estado soberano la licencia para eludir el derecho de los conflictos armados y llevar a cabo la erradicación sistemática de una población civil.
“Lo que estamos presenciando en Gaza no es una operación de seguridad proporcionada, sino el genocidio más documentado, tecnológica y exhaustivamente, de la historia moderna”, afirma.
De hecho, la cúpula política de Tel Aviv “pudo haber aprovechado cínicamente” el 7 de octubre para poner en marcha una “campaña premeditada de ingeniería demográfica”, apunta.
“Aceptar la premisa de que este ataque justifica las atrocidades que vemos hoy equivale a desmantelar de forma permanente el orden jurídico internacional posterior a 1945”, agrega.
La historia no comenzó el 7 de octubre
Los tres expertos rechazan la idea de que el 7 de octubre sea el punto de partida para un juicio jurídico o moral sobre los hechos ocurridos en los últimos tres años.
Qadri recuerda que el bloqueo de Gaza comenzó en 2007, mientras que su ocupación existe desde 1967.
“El 7 de octubre es un acontecimiento dentro de una contienda de liberación librada por una población ocupada contra una potencia ocupante”, afirma.
Tomar el 7 de octubre como origen del juicio jurídico excluye seis décadas de violaciones documentadas que conforman “el carácter jurídico y el peso moral de la ocupación”.
Bartov sostiene que el 7 de octubre tiene dos contextos.
El primero es la ocupación y opresión de los palestinos durante seis décadas, que ha conducido a su “deshumanización a ojos de muchos israelíes”, y a una brutalización de la sociedad israelí, especialmente hacia los palestinos.
El segundo contexto es la Nakba de 1948, un desplazamiento masivo que convirtió a los palestinos en una población ocupada, explica.
Los israelíes han negado la Nakba y, al mismo tiempo, la han tratado como una “acción inconclusa que en algún momento debería completarse”.
“El 7 de octubre se presentó ante el gobierno y muchos otros israelíes como la oportunidad de ‘terminar el trabajo’, primero en Gaza y después en Cisjordania (ocupada), mediante una limpieza étnica que, como ha ocurrido en Gaza, se vuelve genocida”, afirma Bartov.
Cualquier avance político debe comenzar por reconocer los agravios de la Nakba de 1948 y del genocidio en curso en Gaza, añade.
Kursun afirma que tratar el 7 de octubre en un vacío histórico es una falacia analítica deliberada, concebida para ocultar décadas de violencia estructural y terrorismo de Estado asimétrico.
“El punto de partida fundamental de cualquier evaluación rigurosa debe ser 1948”, dice, y señala que ese año marcó el establecimiento de una estructura estatal basada en la expansión, el despojo sistemático de los palestinos y la contención demográfica permanente.
“El 7 de octubre fue el estallido violento de una olla a presión insostenible, alimentada por décadas de anexiones ilegales, restricciones similares al apartheid y expropiaciones forzosas”, añade.
El doble rasero de Occidente y el genocidio
Las capitales occidentales reafirmaron el derecho de Israel a defenderse tras el 7 de octubre, y optaron por mirar hacia otro lado mientras Tel Aviv descargaba innumerables bombas y misiles sobre el densamente poblado enclave de Gaza.
Solo despertaron ante los horrores de la ofensiva genocida de Israel después de que esta hubiera matado a decenas de miles de civiles y reducido a escombros el territorio sitiado.
Pero incluso entonces muchas capitales occidentales criticaron la magnitud de las matanzas y la destrucción sin cortar el suministro de armas a Tel Aviv.
Qadri afirma que la posición jurídica de estos países cambió en cuanto la CIJ dictó medidas provisionales vinculantes en enero de 2024, al apreciar un riesgo plausible de genocidio en Gaza.
La brecha entre los gobiernos occidentales que el mes pasado hablaron de genocidio desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU y sus registros de exportación de armas durante los tres años anteriores no es una mera “incoherencia retórica”, señala Qadri.
“Es el fundamento probatorio de su exposición jurídica en los procesos de rendición de cuentas que seguirán a esta ofensiva”, afirma.
Kursun describe la postura occidental como un “fracaso catastrófico de las obligaciones internacionales y de la buena ciudadanía internacional, y un ejercicio de profunda hipocresía geopolítica”.
Al suministrar material técnico y militar a Israel, esos Estados pasaron de ser observadores pasivos a facilitadores activos de un colapso humanitario, añade.
“Emitir declaraciones tardías de preocupación, mientras se niegan a aislar diplomáticamente a Israel y convertirlo en un paria mundial, es una mancha moral permanente para la alianza transatlántica”, sostiene.
